Por: Octavio Díaz de León

Se aproximan las elecciones del 2018 y el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene ante sí un gran reto para sacar adelante un proceso electoral que se espera muy reñido y donde seguramente habrá reclamos de todo tipo.
En las contiendas cerradas y ásperas, el árbitro siempre tiende a ser muy cuestionado, por lo que el INE estará en la mira si no logra darle certeza al proceso electoral.
Pero en esta tarea no va solo el INE y eso no hay que perderlo de vista. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y otras instituciones del Estado mexicano también juegan un papel clave en garantizar elecciones limpias.
Hay un aspecto de especial importancia para garantizar la credibilidad de las próximas elecciones: el que haya transparencia y rendición de cuentas por parte de los actores políticos en materia de financiamiento y gasto de las campañasy que se cumpla con las disposiciones legales.
Los ciudadanos perciben que lo que reportan los partidos y candidatos se encuentra muy por abajo del nivel real de ingresos y gastos que tienen. Por ello, la legitimidad de las recientes elecciones en Coahuila y el Estado de México fueron puestas en duda debido a los supuestos gastos excesivos de campaña y el uso de recursos públicos para apoyarlas.
Y es que en estos tiempos en que las campañas de mercadotecnia son las que más influyen en el electorado, la cantidad de recursos que se les dedique pueden ser determinantes para definir una elección a favor de un candidato.
Actualmente la legislación obliga a todos los partidos y a los candidatos independientes a registrar sus ingresos y gastos en un sistema de cómputo que permite darles seguimiento. Además, los proveedores de los partidos tienen obligación también de registrarse ante el INE para darle mayor transparencia alos gastos realizados.
Por su parte, el INE cuenta con una Unidad de Fiscalización que audita los gastos y los ingresos de los partidos mediante auditorías a la documentación entregada.
Por cierto, el presidente del INE acaba de proponer a un nuevo titular de dicha Unidad que fue cuestionado en algunos medios de comunicación
(http://www.jornada.unam.mx/2017/11/29/politica/010n1pol). Sería importante que quien llegue a ese puesto genere la mayor confianza posible entre los ciudadanos
El esquema de registro de ingresos, origen de los mismos, gasto y destino, aunado a las facultades de fiscalización, provee un esquema aparentemente sólido para cuidar que no se excedan de los límites que establece la Ley. Digo aparentemente, porque si todos hacen trampa y recurren a métodos sofisticados para ocultarlo, las capacidades de fiscalización del INE se quedarán cortas.
¿Cómo hacer entonces para vigilar de una manera eficaz que no se excedan los límites de ingreso y gasto que prevé la Ley? ¿Cómo superar la desconfianza de los ciudadanos que perciben que no se cumple con la Ley en esta materia?
El problema mayor no es con el gasto que se registra en los sistemas de cómputo del INE ni con los proveedores que lo hacen ya que una tarea adecuada de revisión garantizará que, aunque la Unidad de Fiscalización tenga alcances limitados, la mayor parte del gasto registrado por lo menos siga la normatividad que exige la Ley.
El problema es que existe un componente ilícito, que, como en los casos de corrupción, se trata de actos clandestinos hechos para no ser detectados por auditorías normales y que pasan desapercibidas porque ni siquiera están al alcance de los fiscalizadores. Por ejemplo, la entrega de recursos en efectivo no reportados, a los actores políticos; ese dinero difícilmente se detecta con una revisión de auditoría.
¿Cómo seguirle la huella a todo el dinero o a las aportaciones en especie que fluyen hacia las campañas y que no se reportan? ¿Qué hacer en el caso de uso, coacción y compra del voto con recursos públicos de los tres órdenes de gobierno?
La tarea de garantizar que no se excedan los ingresos y gastos no es una responsabilidad única del INE. Debido a la naturaleza del fenómeno, se requiere que la FEPADE y la PGR, como instancias investigadoras apliquen toda la capacidad que tienen para perseguir este tipo de delitos electorales. Se requieren capacidades policíacas de investigación para encontrar los movimientos clandestinos de dinero.
Seguir la huella de los recursos ilícitos usados en las campañas electorales es muy difícil. Sin embargo, los ciudadanos perciben que los partidos gastan más de lo autorizado. Cambiar esa percepción requiere operativos que den más confianza a los ciudadanos. Pero esto rebasa las capacidades de fiscalización que tiene actualmente el INE y requiere técnicas de investigación que van más allá de las auditorías; se requieren técnicas de investigación criminal y de lavado de dinero para lo cual es necesario que las instituciones que tienen esas capacidades hagan su tarea. Está en juego la credibilidad de un proceso electoral que se prevé muy competido en 2018.

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