Los derechos de los ciudadanos terminan en las leyes que aprueban los diputados y que son aplicadas por las autoridades, consecuentemente todo acto que efectúe en la vía pública puede ser sancionable y castigado con multas por varios cientos o miles de pesos.

Son formas de escarmiento que, además, sirven para aumentar los recursos del erario, sin embargo demuestra la falta de capacidad para llevar a cabo campañas de educación y concienciación para que los habitantes sepan respetar las reglas de la vida en común, por lo que se prefiere la vía más fácil.

Ejemplos hay muchos, principalmente en materia de tránsito, donde el policía vial no escucha los argumentos del conductor ni pretende que reconozca su error, sino que se concreta a entregar la boleta de infracción, tal vez porque las órdenes que recibe de sus superiores es aplicar mano dura, a manera de demostrar una alta eficiencia recaudatoria.

Hay multas que van de 1,660 pesos a 4 mil 150, por obstruir o estacionarse en bahías, rampas o espacios para uso exclusivo de personas discapacitadas y si se trata de un ciclista o triciclo es de 581 a 1,245 pesos. Por no obedecer los límites de velocidad y la infracción sea a través de un dispositivo electrónico, la sanción es entre 664 a 830 pesos, misma multa por circular, invadir o estacionarse en las ciclovía, y de 498 a 664 para el caso de las motocicletas.

En lo que se refiere por conducir en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias tóxicas, se impondrá multas de 4 mil 150 a 12 mil 450 pesos, mientras que los ciclistas pagarán por las mismas transgresiones entre 1,660 y 4 mil 150 pesos.

Por conducir un vehículo motorizado, sea particular o propiedad de cualquiera de los tres niveles de gobierno y que utilice celular sin dispositivos manos libres, la multa será de 4 mil 150 a 15 mil 450 pesos; quien conduzca con licencia vencida pagará entre 4 mil 150 pesos a 8 mil 300 pesos.

Con la benevolencia que caracteriza a la autoridad municipal, habrá descuentos hasta el 50% si la multa se paga dentro de los 20 días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que se entregó la boleta de infracción. A partir del vigésimo día natural de la fecha citada, el descuento será del 30%, rebajas que sólo serán aplicables, por única vez, en el mismo ejercicio fiscal.

Los que no tendrán ningún tipo de descuento son por conducir en estado de ebriedad o con aliento alcohólico, o bajo cualquier otro tipo de droga; por guiar a velocidad mayor a los límites impuestos por la autoridad, por efectuar “arrancones” en la vía pública y por realizar actos de acrobacia en las calles al ir conduciendo.

Por si no fuera suficiente, a partir del uno de enero se impone multas a quienes no renovaron placas, que van de los 200 a los 20 mil pesos, más el costo de control vehicular de 600 pesos, lo que depende de la antigüedad de las últimas láminas, en cuanto a los motociclistas, el pago por control vehicular es de 365 pesos.

De lo descrito faltó incluir una multa y que es por no presentar el permiso para respirar, que de gravarse podría ser extensiva a los peatones, con lo cual la autoridad tendrá los suficientes recursos para llevar a cabo todo lo que se proponga.

QUIEREN MÁS

Emulando al correcaminos, los aseguradores aprovecharon la entrada en vigor de la obligación que tienen los conductores de vehículos motorizados que circulen por vías federales de tener un seguro, para plantear que también se haga a nivel estatal.

Lo lógico sería tener un seguro global y no por circunscripciones, ya que entonces los propietarios de las unidades y los conductores deberán destinar parte de su ingreso para el pago de las cuotas correspondientes.

La representación local de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas adelantó que buscará sensibilizar a las autoridades estatales y a los diputados locales para que aprueben  que sea forzoso tener un seguro de unidades de motor de responsabilidad civil, que tiene un costo promedio de 900 a 1,000 pesos.

En la actualidad sólo el 30% del casi medio millón de vehículos que hay en la entidad están asegurados, por lo que esperan que el 70% restante considere necesario tenerlo, con lo que, afirman, se garantiza el pago de la reparación del daño que se haya ocasionado, ya sea en cuestiones materiales, lesiones, que incluye gastos médicos, o en caso de fallecimiento para el pago de funerales.

El propósito es imitar lo que tiene lugar en otros estados, en donde es indispensable que para realizar el plaqueo se tiene que presentar la póliza del seguro, por lo que esperan que también aquí se haga algo similar.

Es indudable que tener un seguro automovilístico quita muchos dolores de cabeza a la hora de un contratiempo, pero lo que en este caso no encaja es que se pretenda un seguro independiente al federal, teniendo en cuenta que un número importante de conductores transitan continuamente por carreteras, caminos y vías federales, por lo que bastaría con tener uno solo que abarque no sólo el estado sino el país, ya que si pretende visitar – por su cercanía – a  Jalisco, Guanajuato, Zacatecas y San Luis Potosí ¿tendría que tener un seguro por cada estado?

Hace décadas se planteó que las licencias de manejo de tipo local únicamente fueran válidas en el estado que las expidiera, pero finalmente no prosperó la “iniciativa”, ya que todas las entidades forman parte de un todo federal por lo que no había razón para parcializar su validez.

Lo que hoy se bosqueja podría dar pábulo para que más adelante también se exija un seguro en cada municipio, lo que aún cuando fuera redituable para las aseguradoras daría al traste con la economía familiar, a la que también le machacan que debe contar con un seguro contra incendios y contra cualquier tipo de accidentes en el hogar y en la calle, además del tradicional seguro de vida personal.

Habrá que esperar qué responden, principalmente, diputados y diputadas, que si ven en el horizonte algo que les atraiga podrían engancharse y aprobar la petición, aunque con ello también tengan que desembolsar, que con su actual ingreso no habría problema para hacerlo pero cuando terminen el encargo vivirán las preocupaciones del resto de sus semejantes.

EN PRE-PRECAMPAÑA

La legislación electoral prohíbe realizar actos de proselitismo fuera de los tiempos fijados, por lo que los interesados en participar en los comicios de junio próximo tienen que esperar para prometer todo lo imaginable. Entre los esbozos que tiene el Ayuntamiento capitalino es que, ahora sí, se hará el reordenamiento en la zona centro de la ciudad, con la reubicación de los vendedores ambulantes que por varios lustros han estado en las calles peatonales José María Chávez, Allende y 5 de Mayo, al igual que en la banqueta de Juárez frente al templo de San Diego, además en cada temporada especial lo hacen en torno a la Plaza de Armas. Cada candidato a la alcaldía se compromete a realizar el retiro de comerciantes semifijos y móviles, pero luego de que concluyen las elecciones el ganador sufre de amnesia, memoria que hoy se recupera gracias a las próximas elecciones en puerta. No es una tarea fácil, porque a quienes se pretenda cambiar de lugar pueden recurrir al amparo de la justicia federal invocando el tiempo que llevan trabajando en el mismo sitio, aunque podría recurrirse a algo muy atractivo para que acepten la propuesta, particularmente que les ofrezcan irse a una zona comercial y acompañado de un período de gracia en el pago de la licencia anual o permiso cotidiano. Hacerlo por la fuerza sería lo menos recomendable, ya que en algún momento puede ser un bumerang que lleve al voladero la labor que desempeñe el gobernante.