Omisiones del Poder Legislativo estatal mantienen operando a medias al nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado, señaló el jefe del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Luis Eloy Morales Brand.

“No se ha legislado aún en la parte estructural que fue diseñada para atender y proteger los derechos de las víctimas, por lo que éstas siguen esperanzadas en que se les haga justicia “refundiendo” al responsable en la cárcel, y por eso la percepción social es que el nuevo modelo no funciona”, agregó.

Explicó al respecto que no existe todavía la ley que crea la Comisión Estatal de Víctimas prevista como un organismo autónomo, cuya finalidad sea cuidar y garantizar los derechos de las víctimas del delito, principalmente, así como de las víctimas del abuso de poder y de la violación a derechos humanos.

La ley establece debe tener recursos propios para la reparación del daño tanto para víctimas cuyos agresores no tienen forma de cumplirla o bien, para víctimas de eventualidades por inseguridad, y ello es obligación del Estado, puntualizó el especialista en derecho penal.

Refirió que actualmente tal fondo existe, pero además de ser limitado, depende todavía de la Fiscalía y es urgente que exista la Comisión para que los recursos pasen a ésta y se presupueste lo necesario para el próximo año.

En ese contexto, Morales Brand dijo que igualmente resulta urgente el fortalecimiento e independencia de los servicios de Defensoría Publica, así como la igualación de salarios tanto de defensores como de asesores jurídicos a los que gozan los ministerios públicos, homologación que debió haberse cumplido desde al año 2008, según la ley.

El académico expuso que a falta de esta parte estructural fundamental para la debida operación del Nuevo Sistema de Justicia, las víctimas siguen padeciendo soledad y desánimo desde el momento en que interponen su denuncia, y son desalentadas a hacerlo al tener que esperar hasta 4 horas para ser atendidas.

La misma situación enfrentan en cada uno de los pasos del proceso que a final de cuentas las deja igual, víctimas, sin reparación del daño, sin acompañamiento en su lucha por obtener justicia y con gastos cuantiosos adicionales por atención médica, reposición de lo robado o afectado cuando es indispensable para la vida, por lo que se tiene la percepción de que el sistema falló y la nueva ley es un engaño.

Finalizó recalcando que el sistema está diseñado para proteger y favorecer a la víctima y sí funciona, pero faltan esas estructuras para concretar todos sus alcances.