En tanto se acerca la hora cero, el delegado especial del Comité Ejecutivo Nacional del SNTE en la Sección Uno, José Briones Briseño, trata de desviar la atención hacia las pensiones y lo que pueda ocurrir con la nueva administración federal, lo cual no es suficiente para que los interesados en hacerse del liderazgo magisterial sigan cavando las respectivas trincheras.

Es mucho lo que está en juego como para detenerse a analizar si, como dice Briones, hay un “fantasma” que se agranda conforme crece la pirámide de jubilados, porque en este caso el ISSSTE es la encargada de pagar ese beneficio y llegado el momento el gobierno tendrá que responder.

El relevo en la Sección Uno debió darse desde principios de este mes, pero en el CEN hay un silencio, algo similar a lo que sucede con otras secciones, sin que el dirigente nacional Juan Díaz de la Torre informe la razón del atraso. Se menciona que entró en un impasse tras la liberación de Elba Esther Gordillo Morales, de quien sus allegados aseguran que buscará recuperar la presidencia del Sindicato que tuvo hasta febrero de 2013, cuando fue aprehendida.

Por su parte el secretario general con licencia, Mario Armando Valdez Herrera, prefirió poner tierra de por medio aprovechando el momento político del primer semestre del año en curso, al lograr que el Partido Nueva Alianza le asignara la candidatura a diputado local, misma que perdió y que recuperó al meterse por la puerta de atrás, con la diputación “plurinominal”, por lo que dejó su responsabilidad en manos del “delegado especial”.

Por ahora hay tres grupos interesados en quedarse con la Sección Uno, uno lo encabezan varios ex secretarios generales afines al partido Morena, otro lo promueve el propio Sindicato y un tercero cercanos al gobierno del estado, por lo que ya tienen lugar las reuniones “entre amigos” para promover a quien consideran que es el idóneo y que naturalmente, de ganar apuntalará sus propósitos futuristas.

Aunque los ex líderes se han cuidado de mencionar si cuentan con la autorización de Morena, la sola mención de que van por esa línea permite atraer la atención, al suponerse que cuentan con todas las bendiciones de “muy arriba” y por lo mismo van en “caballo de hacienda”, porque ni modo de oponerse a los designios, confiados en hacerse de la principal agrupación de trabajadores federales y una de las más importantes a nivel estatal.

De alcanzar ese objetivo podría abrirle un boquete al gobierno del estado, porque son los mismos que en 2016 apoyaron con todo al entonces candidato a la gubernatura, por lo que al ganar esperaban por lo menos que le diera a un recomendado la dirección del Instituto de Educación, pero al no lograrlo ahora marchan por un sendero opuesto, en el que estuvieron en los comicios de julio pasado como parte de las redes que impulsaron en la entidad el crecimiento de Morena, al grado que actualmente es la segunda fuerza política en el Congreso del Estado, fórmula que esperan repetir para el año próximo con el relevo de las alcaldías.

El Sindicato sabe que de perder la secretaría general habrá un reacomodo de fuerzas al interior de la Sección Uno, por lo que tiene en marcha toda la maquinaria con el apoyo del Partido Nueva Alianza, que pese a estar disminuido luego de haber perdido el registro nacional, mismo que pudo conservar a nivel local, puede influir para que el sucesor de Mario Armando Valdez sea uno de los suyos.

El tercer frente, que sería el de personas afines al gobierno, pretenden promover a quien se encargue de cuidar la relación entre las autoridades y el SNTE, que es fundamental para conservar la paz social, por lo que se esfuerzan en atraer al mayor número de delegados sindicales, que a final de cuentas son los que definirán el rumbo.

Mientras se llega la fecha, Briones lanza la advertencia de los “retos” que se avecinan ante el incremento de jubilados afiliados al SNTE, que en Aguascalientes son alrededor de 9 mil, mientras que en servicio hay 18 mil, por lo que según él es un problema puesto que para el pago al personal retirado se tiene que recurrir a los subsidios “lo que representa una carga para el Estado”, apuntó, tema que predice, “puede ser recurrente en los siguientes seis años  en términos de seguridad social”.

TARDÍA REACCIÓN

Por todos los medios se ha tratado de combatir las llamadas de extorsión que se hacen desde el interior de los Ceresos, pero ninguna medida ha sido posible para conseguirlo, lo que no obsta para que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, anuncie que se adquirirán aparatos inhibidores para los Centros de Reinserción Social.

Es una acción fuera de tiempo, tan es así que el propio Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reconoció la inoperancia de los mecanismos de bloqueo de celulares en cárceles del país, por lo es necesario adoptar medidas más estrictas, como arcos de revisión para evitar el ingreso de este tipo de equipos.

El periódico Reforma publicó el pasado 5 de octubre que en un año los reos de siete presidios de México realizaron 3.7 millones de llamadas desde teléfonos celulares, mismas que podrían estar vinculadas a delitos como secuestro y extorsión y que se hicieron a pesar de presuntas medidas de seguridad, entre ellas los sistemas de bloqueo de la señal, asimismo, el director de México SOS, Orlando Camacho, dijo que el 70% de las llamadas de extorsión provienen de los penales, por lo que es urgente una reforma integral al sistema penitenciario.

Aún cuando ya está documentado que no sirven los aparatos inhibidores, Sánchez Mendoza adelantó que la inversión que se pretende para los Ceresos estatales aún no ha sido cuantificada “pero que se sabe es importante”.  Manifestó que en Aguascalientes no se ha detectado este tipo de acciones, “no obstante, no puede descartarse que a  través de argucias pudieran filtrarse aparatos en algún momento para proceder de forma ilegal”.

Para evitar la introducción de celulares, drogas y cualquier otro tipo de material prohibido para los internos se llevan a cabo operativos en cada uno de los penales y el último que tuvo lugar fue el jueves pasado, con un parte “sin novedad”.

En lugar de adquirir equipo para bloquear las llamadas hay que ir más allá y hacerlo con arcos de revisión, tal como lo propone Navarrete Prida, y que sea obligatorio para la totalidad de lo que ingresan al penal, así se trate de directivos, funcionarios, personal del mismo recinto y visitantes. Si alguno de esos dispositivos está en poder de un reo es porque alguien lo metió y puede tratarse de un familiar o un trabajador del lugar, por lo que “pasar a la báscula” tiene que ser sin excepciones.

¿Y LOS DERECHOS APÁ?

Aunque parezca ocioso insistir, es necesario hacerlo cuantas veces sean necesarias, porque dígase lo que se diga, la famosa “barredora” policíaca viola el más elemental de los derechos constitucionales, que es el de transitar libremente a cualquier hora sin necesidad de portar un salvoconducto. Con el pretexto de tener “barrios seguros” se llevan a cabo redadas, aprehendiéndose a cuanto cristiano se encuentra en la calle, quienes deben demostrar que no son delincuentes. En primer término son esculcados en su persona y sus pertenencias y deben informar a los “guardianes del orden” de dónde viene, a dónde van y a qué se dedica, datos que de no convencerlos es seguro que terminen en la barandilla, y si el ciudadano protesta por lo que considera una detención arbitraria se le fincarán delitos de insultos y disturbios en la vía pública. Aunque las corporaciones se ufanan al mencionar que cada semana logran centenares de capturas, con lo que suponen que habrá menos problemas en las calles, lo cierto es que nada de esto se ha reducido y la mejor prueba son las continuas sarracinas que tienen lugar, los robos a casas-habitación, asaltos a transeúntes, automovilistas, comercios y empresas en general. Lo que hacen se reduce a engordar las arcas públicas, sin importar que se vulnere la ley.