Abel Barajas
Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) busca detener a Mario Marín, ex Gobernador de Puebla, y al empresario textilero Kamel Nacif, por presunta tortura en agravio de la periodista Lydia Cacho en 2005.
María Elena Suárez Préstamo, titular del Primer Tribunal Unitario de Cancún, ordenó sus aprehensiones, así como las de Hugo Adolfo Karam Beltrán, en ese entonces jefe de la Policía Judicial de Puebla, y Juan Sánchez Moreno, director de Mandamientos Judiciales.
La tortura habría ocurrido el 16 de diciembre de 2005, cuando Cacho fue trasladada por tierra desde Cancún a Puebla, tras ejecutarse su aprehensión por los supuestos delitos de difamación y calumnia, derivada de una denuncia de Nacif, quien se dolió que en su libro «Los demonios del Edén» se le relacionara con fiestas con menores de edad.
Tiempo después de la detención de Cacho se difundieron públicamente conversaciones telefónicas entre Marín y Nacif, en las que celebraban el «escarmiento» que habían dado a la periodista.
El mandato judicial contra Marín y compañía fue ordenado a pesar de que el 29 de noviembre de 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no hubo una violación grave de garantías contra la periodista cuando fue aprehendida.
De hecho, la misma Corte en aquella ocasión concluyó que la famosa grabación de la conversación entre Marín y Nacif, prueba fundamental de la conspiración, no tenía valor probatorio porque fue obtenida de manera ilícita.
En los últimos días del sexenio pasado, la entonces Procuraduría General de la República solicitó la aprehensión de al menos cinco supuestos involucrados en los hechos de tortura en agravio de Cacho.
El 27 de noviembre pasado, Gerardo Vázquez Morales, Juez Segundo de Distrito en Quintana Roo, negó las órdenes de aprehensión de Marín, Nacif, Karam y Sánchez, dentro de la causa penal 26/2018.
Sin embargo, sí ordenó la captura de Alejandro Rocha Laureano, agente de la Policía de Puebla, quien fue detenido el 4 de diciembre en la capital de dicha entidad.
Rocha fue uno de los aprehensores de Cacho en 2005 y también uno de los responsables de trasladar a la periodista desde Cancún a Puebla por tierra, trayecto en el que se habrían cometido parte de las torturas psicológicas y amenazas de violación sexual.
La FGR impugnó la negativa de aprehensiones contra Marín y los otros tres sospechosos y el pasado jueves consiguió que la magistrada Suárez revocara ese fallo e instruyera las capturas dentro de la apelación 4/2019.
Fuentes federales informaron que la Agencia de Investigación Criminal de la FGR ya se encuentra tras el rastro del ex mandatario poblano y los demás presuntos implicados.
Puntualizaron que el delito de tortura, en este caso consignado bajo el anterior sistema de justicia penal mixto, es de naturaleza grave y, por tal motivo, los prófugos no podrán suspender la aprehensión con un amparo y tampoco tendrán derecho a la libertad provisional en caso de ser detenidos y procesados.