El sistema de justicia para adolescentes requiere revisión; las penas máximas para menores son de cinco años, independientemente de la gravedad del delito cometido y con ello los jueces están atados de manos frente a hechos atroces, donde las sanciones no corresponden a la gravedad del daño infligido a las víctimas y a la sociedad.

Así lo señaló el presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, quien consideró necesario que el Congreso federal revise cuanto antes el esquema de justicia para menores de edad involucrados en hechos delictivos de diversa naturaleza e impacto para su entorno.

Y es que la “benevolencia” de las sanciones máximas con tope en cinco años, está afectando a los propios adolescentes al convertirlos en “carne de cañón” para que grupos delictivos de alto impacto los usen en sus actuaciones, sabiendo que mientras un adulto puede ser condenado a décadas de prisión, un joven de no más de 17 años pasará acaso un lustro tras las rejas por el mismo delito.

En ese sentido, el magistrado dijo que, si bien no es intención que los adolescentes inmiscuidos en delitos atroces como secuestro, violación u homicidio pasen el resto de su vida recluidos, sí debe haber un mayor margen de actuación para los jueces a fin de imponer sanciones proporcionales ante hechos de tal gravedad.

Ponce Sánchez recordó que la adecuación del sistema de justicia para adolescentes con leyes nacionales obligó a estados a homologar penas y apostó a un tope de cinco años máximo, que muchas veces no muestra correspondencia entre el delito cometido y el daño infligido a la víctima y a la sociedad.

Si a eso se agrega que el Estado no ha garantizado que en cinco años de prisión un adolescente está apto para reinsertarse a la sociedad y su dinámica en condiciones de productividad, entonces el sistema está fallando y exige readecuación.

Resaltó que, de conformidad con la ley, la pena máxima son cinco años sin importar si el joven cometió uno o 20 delitos, ni la gravedad de éstos, tampoco la recurrencia ni si los afectados son una o más personas.

Consideró que los jueces de adolescentes requieren un parámetro más amplio para analizar la edad que se tenía cuando se cometió el o los delitos, pues no es lo mismo que se tengan 14, 17 o casi 18 años, ni la forma de llevarlo a cabo.

“Con un margen de 1 día a 10 años de pena corporal, los jueces tendrían la posibilidad de hacer una mejor valoración del caso concreto e imponer la sanción proporcional a la conducta del responsable”, concluyó.

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