Urgen cambios legales para agilizar protección a menores

El presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, planteó la necesidad de transformar el sistema de justicia de lo familiar a fin de que temas como la pérdida de patria potestad, adopción, juicios sucesorios y pensión alimenticia sean resueltos con la rapidez y efectividad que exige el respeto y protección de los intereses de menores que casi siempre involucran estos asuntos.

Explicó que son expedientes que han tocado extremos en la temporalidad de su resolución, pues mientras una adopción puede concretarse en aproximadamente 22 o 30 días, un juicio por pérdida de patria potestad puede llevar años, ser tortuoso y complicado.

En ese sentido, recordó que el PJE ha tomado medidas para brindar mejor atención a los asuntos familiares, como lo es la especialización del Juzgado V en la materia para la atención exclusiva de casos de pérdida de patria potestad, pero se requieren otros esquemas para mejorar aún más, pues los padres suelen agotar todas las instancias y eso conlleva periodos muy largos para la resolución de ciertos casos.

Al respecto, planteó la posibilidad de que Aguascalientes, en lo local, legisle para introducir la oralidad en esta materia del derecho, puede hacerlo y es necesario para que en audiencias de este tipo se resuelva con prontitud la situación de los menores involucrados.

Respecto de las adopciones, aseguró que las reformas en el tema han permitido que en los últimos 3 años los casos se liberen de manera satisfactoria, y en ese sentido refirió que en el 2015 hubo 50 solicitudes y 46 se autorizaron; en 2016 se tuvieron 83 solicitudes de adopción y 72 fueron resueltas.

En lo que va de este año suman ya 45 asuntos nuevos de adopción y se han emitido 49 sentencia favorables, es decir, que prácticamente todas han avanzado de manera positiva, incluyendo el rezago que se tenía del año pasado.

Indicó que, si bien ya hay reforma constitucional para introducir la oralidad en la materia familiar, el Congreso de la Unión no ha expedido hasta ahora las leyes respectivas porque implica un reajuste en diversos ordenamientos legales, pero también las condiciones para operar, dotar de infraestructura y recursos para los estados.

En tanto ello se cumple, lo estados pueden hacer su parte, anticipar el modelo y avanzar en la resolución de la carga de trabajo que sus poderes judiciales registran, pero sobre todo en dar a las familias la estabilidad y certeza jurídica que requieren ante asuntos particulares que exigen la intervención de la acción jurisdiccional.

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