Evlyn Cervantes Silva 
Agencia Reforma

CDMX.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado mexicano y a los órganos legislativos a no aprobar las iniciativas de reformas constitucionales que buscan ampliar el catálogo de delitos para la aplicación de la prisión preventiva automática u oficiosa en México.

Entre los delitos sobre los cuales se busca una automática prisión preventiva, destacan el abuso sexual contra menores, la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, uso de programas sociales con fines electorales, así como ilícitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, y corrupción.

No obstante, la Comisión Interamericana advirtió, en un pronunciamiento público, que dichas iniciativas resultan contrarias a los principios que rigen el uso de la prisión preventiva y convierten a esta medida en una pena anticipada.

“La CIDH hace un llamado al Estado mexicano, así como a los Estados de la región, a derogar toda disposición que ordene la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito. En esta ocasión, la Comisión Interamericana urge a los respectivos órganos legislativos a que no se apruebe una reforma contraria a los estándares interamericanos en materia de privación de libertad y que atenta contra la presunción de inocencia, que constituye garantía judicial más elemental dentro del ámbito penal, y está expresamente reconocida por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos”, expresó.

En el marco del próximo periodo extraordinario, la Cámara de Diputados prevé discutir el proyecto de decreto que busca reformar el artículo 19 constitucional para incrementar la lista de delitos que ameritan prisión preventiva de oficio.

Según legisladores, el principal motivo de estas iniciativas es la exigencia ciudadana para mejorar las políticas de seguridad pública.

Pero la CIDH recordó que, de conformidad con reiterados y constantes pronunciamientos de órganos del Sistema Interamericano, la aplicación de la prisión preventiva obligatoria en razón del tipo de delito constituye no sólo una violación al derecho a la libertad personal protegido por la Convención Americana, sino que se convierte en una pena anticipada y, además, es una interferencia ilegítima del legislador en las facultades de valoración que competen a la autoridad judicial.

A fin de que el régimen de prisión preventiva resulte compatible con los estándares internacionales en la materia, la CIDH señaló que su aplicación debe partir del derecho a la presunción de inocencia, tener en cuenta su naturaleza excepcional, y regirse por principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.

La Comisión también enfatizó que la privación de libertad de la persona imputada debe tener únicamente un carácter procesal y, en consecuencia, sólo puede fundamentarse para evitar razonablemente el peligro de fuga o impedir el entorpecimiento de las investigaciones.

En coincidencia con lo recomendado por otros organismos de Naciones Unidas, la CIDH hizo un llamado al Estado mexicano para eliminar la inexcarcebilidad de los delitos, contemplada en el segundo párrafo del artículo 19 constitucional.

“Reconocemos los desafíos y obstáculos que enfrenta el Estado mexicano para garantizar la seguridad ciudadana. De acuerdo a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado, dichos desafíos deben enfrentarse mediante acciones eficaces que se ajusten a los instrumentos internacionales, en particular a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No existe evidencia empírica que demuestre que las políticas que se sustentan en mayores restricciones al derecho a la libertad personal tengan una incidencia real en la disminución de la criminalidad y la violencia”, añadió la CIDH.

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.