Mientras los taxistas tradicionales buscan frenar los servicios por aplicación, éstos van un paso adelante con un programa de camionetas para 15 pasajeros que competirían con el transporte urbano, lo que por el momento frenó el gobierno de Nuevo León, en donde se pretendió iniciar el programa piloto a nivel continental.

Como se ha comentado en el plano nacional e internacional, empresas de Estados Unidos le apuestan con adueñarse de las diferentes modalidades del traslado de pasajeros en los centros urbanos, para ello tienen un “colchón” de varios millones de dólares que les ha permitido irrumpir en varios países, tanto de América Latina como de Europa, en donde se han suscitado confrontaciones con los concesionarios que en los últimos días han llegado al extremo de una huelga de taxistas en Madrid y Barcelona, con la invasión de vehículos varados en la zona centro y las consecuencias que esto genera para el desplazamiento de personas y unidades motorizadas y el fuerte impacto al turismo.

En el caso de las camionetas Uber Vans, que el pasado 31 de enero anunció que empezaría a trabajar en Monterrey, de inmediato el gobernador de Nuevo León, Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, ordenó su detención, lográndose incautar 10 vehículos por la Agencia Estatal del Transporte, en el mismo lugar donde estaban listas para salir a la calle, al carecer de una concesión.

Lo anterior no significa que la compañía se de por vencida, ya que emplearía el mismo esquema de los taxis por aplicación, esto es, ir por el amparo federal para operar, mientras tanto los ciudadanos se acostumbrarán a la nueva particularidad y llegado el caso sean ellos los que impulsen su permanencia.

Al igual que en la ciudad regiomontana, en Aguascalientes no tarda en llegar algo similar y ya dependerá de las autoridades permitir su presencia o hacer como que no ve, tal como ocurre actualmente con el servicio por taxis que se solicita por teléfono, que sin tener el permiso correspondiente han logrado introducirse hasta hacerse del 30% de la demanda, en perjuicio directo de los concesionarios a los que sí se les obliga a apegarse a lo que dispone la ley.

Por décadas los urbaneros han sido amos y señores de transporte colectivo al grado que ninguna administración estatal ha logrado que mejoren el servicio. Al ser un monopolio imponen a más de 300 mil personas, que lo utilizan diariamente,  a que acepten lo que ofrecen, actitud que llega al extremo de tener que forzarlos a que cumplan los recorridos completos en las colonias periféricas y a los centros de estudios de nivel superior.

Hace varios años los propietarios de las “combis” pretendieron dar atención en la zona urbana, y aunque hoy lo hacen de manera disimulada oficialmente no está permitido, incluso ni siquiera han logrado que les autoricen una ruta hacia el Hospital General de Zona Número Tres (HGZ-3) del Seguro Social, que es algo tan urgente.

En su momento hubo voces que pedían se permitiera “combis” en la ciudad capital, a manera de obligar que se diera una mejoría de los urbanos, pero éstos se resistieron férreamente y todo quedó en el intento.

Para evitar que los dejen silbando en la loma, los urbaneros tienen dos opciones, una, llevar en un tiempo récord la modernización integral del parque vehicular, o por su cuenta crear un programa de camionetas, porque si continúan con la pachorra característica sabrán que pierden ingresos después que sean “invadidos” por las Uber Vans.

URGE OTRA ESTRATEGIA

La opinión pública exige optimizar la labor que desempeñan los cuerpos policíacos para evitar que se repita los crímenes que tanto conmociona, pero no se detiene a considerar que los asesinatos son consecuencia de la mínima respuesta en la atención y solución de los secuestros, que en 2018 fue, tal vez, de las actividades que mayores dividendos dejó a la delincuencia.

Las autoridades de distintos niveles blasonan que Aguascalientes es una “ciudad tranquila”, donde son pocos los delitos, por lo que de manera esporádica hay algunos que salen del prototipo, pero el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se encargara de señalarles que esa serenidad sólo existe en el papel y para efectos políticos.

El año pasado fue el más violento de los últimos cuatro años, al registrarse 38 mil 804 delitos del fuero común en el Ministerio Público, lo que significa que hubo 5 mil 286 denuncias adicionales a las que se presentaron en 2017 y 15 mil 105 más que en 2016 y en 2015 fueron 15 mil 622.

Lo citado es lo que se califica como “datos duros”, que deberían servir para apretar el paso y así el año en marcha sea diferente, aunque para ello tendría que haber un cambio de trabajo en la prevención y vigilancia a cargo de la policía uniformada y de mejorar la labor de los agentes investigadores.

El número de secuestros fue mayor, con 10 realizados en 2018, en tanto que en 2017, 2016 y 2015 fueron 6, 2 y 5, específicamente, de los que se desconoce su desenlace, principalmente si los familiares tuvieron que pagar algún rescate y en qué condiciones físicas se encontraban los liberados.

El problema gira en torno a que el secuestro dejó de ser un acto que iba en contra de quienes tienen cierto potencial económico, sino que hoy las víctimas son también personas que tienen un empleo o un pequeño negocio, incluso el año anterior fue en el que sobrevino un mayor número de extorsiones, con 138, en tanto que en 2017, 2016 y 2015 fueron 121, 70 y 39, respectivamente, donde los perjudicados fueron hasta amas de casa y trabajadores del campo.

En ambos delitos debe haber una atención particular, puesto que no sólo se afecta el patrimonio sino anímicamente hacen trizas la vida de las familias, que tardan tiempo en recuperar su nivel emocional tras la experiencia vivida.

En el renglón de robo a negocios fueron denunciados 2 mil 525 en 2018, 563 más que en 2017; 1,121 más que en 2016 y 1,087 más que en 2016, datos que son una prueba fehaciente que hay un retroceso en materia de vigilancia policíaca; un golpe de timón es lo que se necesita.

En lo único que hubo una disminución fue en homicidios dolosos, con 75 casos el año pasado, 82 en 2017, 39 en 2016 y 38 en 2015, sin embargo la cifra es muy alta entre 2018 y 2015, de ahí que obliga a examinar dónde está la falla y qué debe hacerse para disminuir el número de crímenes.

Otros delitos que resalta el informe del SESNSP son: al patrimonio 22 mil 596 en 2018 y 3 mil 355 asaltos a casa habitación, así como 3 mil 3009 vehículos robados, 786 motocicletas, 1,473 robos de autopartes y 2 mil 216 personas asaltadas en la vía pública.

Por lo descrito ningún segmento de la sociedad está a salvo de sufrir un daño físico, psíquico o en su propiedad, por lo que algo tienen que hacer las dependencias encargadas de velar por la seguridad de los aguascalentenses.

NO LE ATRAE

Para el Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA), el programa federal “jóvenes construyendo el futuro” no es la panacea que se promociona, ya que existen varios bordes que necesitan analizarse antes de cantar victoria. El presidente del organismo, Pedro Gutiérrez Romo, afirmó que “por un lado, que sean personas que no tengan prácticas de dudosa honestidad, pues la oferta de 120 pesos diarios que ha hecho el gobierno contrasta con quienes al no estudiar ni trabajar suelen sostenerse con ilegalidades y efectúan un robo que por lo menos les da 500 pesos, (entonces) para ellos no va a ser atractivo”. Asimismo, los participantes “deberán estar deseosos de aprender y trabajar” y ante todo someterse a un horario de labores y cumplir las órdenes que reciban, que es algo en lo que no están acostumbrados, en tanto que las empresas no están obligadas a contratarlos, por lo que sería sólo con aquellos que demuestren deseos de superación.