Luis Muñoz Fernández

Esta importante idea –que un feto inmaduro no puede tener intereses y que, por tanto, no puede tener interés en sobrevivir– a menudo se pasa por alto porque equivocadamente se conduce a la gente a un argumento contradictorio que es más o menos del siguiente tenor: es muy favorable a mis intereses que esté vivo ahora y que no me mataran en algún momento en el pasado. Por tanto, cuando yo era un feto recién concebido, debe haber sido favorable a mis intereses que no me abortaran. De ello se desprende que cualquier feto tiene intereses desde el momento de su concepción, y el aborto es contrario a tales intereses. Este argumento es falaz, pero averiguaremos por qué lo es.

Ronald Dworkin. El dominio de la vida. Una discusión acerca del aborto, la eutanasia y la libertad individual, 1994.

El pasado jueves 27 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la votación de la iniciativa de ley para modificar los artículos 2º y 4º de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes, con el propósito expreso de reconocer el derecho al respeto a la vida de la persona desde su inicio en la fecundación y hasta su culminación en la muerte natural y con el objetivo, más o menos velado, de impedir que en un futuro se intente modificar la legislación estatal para despenalizar el aborto.

Por fortuna para aquellas aguascalentenses pobres que, en el largo camino para lograr que se respete su autonomía como mujeres y el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, se siguen viendo obligadas a recurrir al aborto clandestino con las graves consecuencias que conlleva para su salud y su vida, la iniciativa no fue aprobada por sólo un voto de diferencia.

Como su principal proponente acaba de señalar tras el revés, la lucha por la aprobación de dicha iniciativa sigue en pie. Habrá que decir que lo mismo sobre la vigencia de la lucha para liberar a las mujeres de las ataduras con las que esta sociedad machista y patriarcal las maniata, en especial a las de bajo nivel socioeconómico que, en muchos casos, son también de piel morena. A pesar de que estamos en el siglo XXI, en México y en Aguascalientes seguimos padeciendo altas dosis de clasismo y racismo.

El intervalo que abre la fallida aprobación de la iniciativa conocida popularmente como “ley antiaborto” debe aprovecharse bien para organizar un debate abierto a toda la sociedad aguascalentense en el que se empleen argumentos bien sustentados, con una base científica verdadera. Una discusión de altura, con documentos que expresen el estado actual del conocimiento sobre el ser humano, tanto jurídico como biológico, y que no invoquen viejas legislaciones, éticas con una carga religiosa indudable ni conceptos embriológicos completamente superados. Las creencias religiosas, tema sensible, muy respetable, pero que pertenece al ámbito personal de cada ciudadano, no debe ser esgrimido para legislar. Los diputados deben saberlo y guardarse de esa tentación en la que es muy fácil caer, sobre todo si es políticamente oportuno o necesario.

Señalamos esto último porque quienes buscaban la aprobación, hasta ahora detenida, de la mencionada iniciativa aducían en su texto “argumentos demostrados científicamente” a su favor, como el hecho de que un cigoto posee un genoma humano distinto del de sus progenitores. El hecho es incuestionable, nadie lo duda, pero no da sustento al argumento de que el cigoto es ya una persona. Eso por la simple razón de que no consideramos personas cada una de las células (con todo y su genoma) que a diario se nos descaman de la piel y las mucosas. Tampoco son personas los órganos que se trasplantan todos los días en muchos hospitales, aunque contengan un genoma humano completo y propio del sujeto que los donó.

Se nos presenta entonces una oportunidad para volver a debatir, ya no sólo en el cerrado cenáculo (“reunión poco numerosa de personas unidas por vínculos ideológicos o profesionales”, reza el diccionario) en el que a veces se convierte el Congreso del Estado, sino en foros públicos en los que quienes tienen interés y conocimiento deseen participar como parte de los deberes ciudadanos propios de la sociedad plena y permanentemente democrática (no sólo en la ocasión electoral) a la que, estoy seguro, todos deseamos contribuir y pertenecer.

Bien harían todos nuestros legisladores tomando el ejemplo de Valéry Giscard d’Estaing, quien fuera presidente de Francia entre 1974 y 1981, cuando se aprobó en aquel país la despenalización del aborto durante las 10 primeras semanas de la gestación. En aquella ocasión, Giscard d’Estaing pronunció las siguientes palabras:

Yo soy católico pero también soy presidente de una República cuyo Estado es laico. No tengo por qué imponer mis convicciones personales a mis conciudadanos, sino que debo procurar que la ley corresponda al estado real de la sociedad…, para que sea respetada y pueda ser aplicada. Comprendo perfectamente el punto de vista de la Iglesia católica y, como cristiano, lo comparto. Juzgo legítimo que la Iglesia pida a los que practican su fe respeten ciertas prohibiciones. Pero no corresponde a la ley civil imponerlas con sanciones penales al conjunto del cuerpo social.

Es interesante señalar que dicha ley, propuesta por su ministra de sanidad Simone Veil, se modificó en 2001 para permitir la “interrupción voluntaria del embarazo” (IVE) hasta las primeras 12 semanas de la gestación con la sola petición de la mujer, que se complementa con la “interrupción médica del embarazo” (IME) que no tiene límite temporal y que se puede aplicar, con la autorización de expertos, cuando exista riesgo para la salud o la vida de la mujer embarazada o enfermedad grave e incurable para el feto.

Un concepto similar ha expresado el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona en su Documento sobre la interrupción voluntaria del embarazo (2008):

Debe modificarse la actual regulación de la interrupción voluntaria del embarazo promulgando una normativa específica en los siguientes términos:

  1. Durante las 14 primeras semanas de la gestación, la decisión de interrumpir el embarazo corresponde libremente a la mujer.
  2. No se establecerá ningún plazo para la interrupción del embarazo en los supuestos de:
    1. peligro grave para la salud física o psíquica y para la vida de la mujer.
    2. detección de graves malformaciones del feto o de enfermedades maternas que implican una alta probabilidad de graves secuelas para el feto.
  3. Entre las 14 y las 22 semanas de gestación, se podrá practicar la interrupción del embarazo atendiendo a las circunstancias socioeconómicas de la gestante.

En los casos B) y C), la proporcionalidad de la decisión –“estado de necesidad específico”– deberá ser apreciada por una comisión externa de valoración y control. Esta comisión debe ser plural, multidisciplinar e independiente de las personas implicadas en la interrupción del embarazo y del centro en que se practique. Además, deberá pronunciarse en un plazo máximo de quince días naturales, pasado el cual se entenderá que autoriza la interrupción del embarazo.

Cuando se lee un texto como el precedente, se aprecia y agradece la sencillez y claridad de lo expresado, así como el sólido sustento científico que lo respalda. De ello deberían tomar nota también nuestros legisladores, cuya recientemente rechazada iniciativa carece de lo anterior y destaca por su discurso reiterativo, farragoso (“repleto de ideas o expresiones confusas, inconexas o superfluas”, dice el diccionario), tendencioso y ayuno de la ciencia que hoy debería iluminarlo.

Ya que la iniciativa para modificar nuestra Constitución no vio la luz (podríamos decir que “abortó”), aprovechemos la oportunidad para “desfacer el entuerto” y analizar desapasionadamente el tema, sin apresuramientos y con los argumentos racionales y verdaderamente científicos que nos permitan corregir la discriminación y fortalecer los derechos de las mujeres, un sector no sólo mayoritario de nuestra sociedad, sino que ha sido y sigue siendo objeto de maltrato.

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