Fernando López Gutiérrez

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@ferlog14

El pasado martes 9 de diciembre, el Senado de los Estado Unidos hizo público un reporte realizado por su Comité de Inteligencia, en el cual se exponen y critican las acciones realizadas por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) durante los interrogatorios llevados a cabo en la investigación de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. En este documento se exhiben las técnicas de tortura que utilizó la CIA para obtener información sobre los responsables de los atentados y se señala que los resultados obtenidos mediante dichos métodos no aportaron elementos relevantes en la investigación.

La decisión de publicar el reporte ha generado controversia debido, principalmente, a las implicaciones que podría tener en la opinión nacional e internacional sobre el desempeño y los procedimientos que utiliza la CIA; además, de la posible respuesta que podría suscitar por parte de grupos terroristas ante los actos de tortura narrados. Quienes defienden la publicación del reporte señalan que es necesario que se conozca dicha información, para que sea posible que el Estado corrija los errores que se cometieron y asuma la responsabilidad derivada de ellos.

La presentación de este tipo de información constituye un acto de transparencia y responsabilidad por parte del Senado de los Estados Unidos, que se ha asumido contemplando todas sus consecuencias. Este hecho debe considerarse un ejemplo para las diversas instancias revisoras de la acción gubernamental, en el marco de la división de poderes en todos los países. De manera particular, el Poder Legislativo mexicano debería retomar los valores y la lógica que en este caso han aplicado los legisladores norteamericanos.

Continuamente observamos que en el Congreso de la Unión se plantean propuestas para verificar la actuación en el pasado y —en el presente— de las autoridades en materia de seguridad y defensa de los derechos humanos, sin que éstas generen información y resultados concretos. Ante la necesidad de conocer los métodos y las investigaciones de las dependencias de seguridad en nuestro país, se muestra un claro hermetismo y la prevalencia de la negociación política en el momento de decidir qué debe ser de conocimiento público.

En el marco de la división de poderes, la supervisión de la labor del Ejecutivo debería realizarse con fundamento en información detallada, que pueda ser pública para que haya mayor probabilidad de generar efectos en las instancias gubernamentales. En una coyuntura como la que México vive actualmente, prácticas como la ejercida por el Senado de Estados Unidos serían una buena alternativa para recuperar la confianza de una sociedad cada vez más escéptica de la labor de sus instituciones.