Por Octavio Díaz García de León

La idea: Los colaboradores cercanos del presidente López Obrador han abierto al público sus declaraciones patrimoniales, las cuales han causado mucha curiosidad. Lo importante será que la información de las declaraciones patrimoniales de todos quienes trabajan en el gobierno se use para combatir la corrupción y no para satisfacer el morbo de conocer su patrimonio.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas hizo obligatoria la presentación de las declaraciones patrimoniales de los 5 millones de trabajadores del gobierno (Federal, Estatal, Municipal, poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y organismos autónomos) desde que entró en vigor en 2017 y éstas deberán hacerse públicas.

No sucedió inmediatamente, pues había que desarrollar los formatos para cumplir esa obligación, pero ya fueron publicados el pasado 16 de noviembre  por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y entran en vigor a partir de mayo de 2019.

Estos formatos son mucho más extensos que los todavía vigentes y por lo menos para un segmento importante de servidores públicos, serán muy complejos de llenar y tendrán que proporcionar información excesiva.

Para la gran mayoría de los empleados de gobierno será una novedad porque antes no tenían que presentarla. Entre ellos, personal sindicalizado, soldados, marinos, trabajadores de base, médicos, enfermeras, etc.

Habrá que estar preparados para que lo hagan trabajadores del gobierno que no hablan español, sean discapacitados, no tengan acceso a sistemas de cómputo o incluso que no sepan leer, especialmente en municipios y lugares remotos y aislados.

A lo largo de los años se sobredimensionó la transparencia como un factor importante para disminuir la corrupción. Esto ocurrió durante 14 años a partir del 2002 cuando la calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional casi ni se movió, permaneciendo en niveles reprobatorios, lo que demuestra que la transparencia por sí misma no ha tenido impacto en combatir la corrupción.

Por ello, el hacer públicas las declaraciones patrimoniales no garantiza que disminuirá la corrupción, ya que el principal problema que tienen es que contengan información completa y fidedigna.

No todos los  servidores públicos revelarán todo su patrimonio en las declaraciones, especialmente si algunos de ellos se han enriquecido de sus puestos o bien por miedo a su seguridad o por desconocimiento. (https://octaviodiazgl.blogspot.com/2018/06/obligacion-de-presentar-las-3-de-3.html?_sm_au_=iVV1kk3463ZRW7fH).

Si bien puede ser un auxiliar en el combate a la corrupción el que la población conozca el patrimonio de los funcionarios públicos, ya que se puede poner en evidencia cuando los servidores públicos sean omisos en declarar sus bienes, será necesario tener los mecanismos para que las denuncias lleguen a buen término.

Otro aspecto delicado es el respeto a los datos personales, derecho garantizado por la Constitución, el cual podría entrar en conflicto con publicitar esa información ya que se podría afectar  la vida privada de las personas, su seguridad personal y de su familia.

Lo importante de las declaraciones patrimoniales es el tener la información para que las autoridades competentes puedan investigar con rigor aquellos casos donde no se declaren todos los bienes y cuando los ingresos legales de las personas no concuerden con su patrimonio.

Estas investigaciones requieren acceso a bases de datos de registros públicos de la propiedad y el comercio, establecer redes de vínculos para identificar prestanombres, tener acceso a los movimientos bancarios y la información fiscal de los investigados y a las declaraciones de años anteriores.

Difícilmente podrá hacer esto un ciudadano de a pie, partiendo de una declaración patrimonial pública. Se requieren conocimientos especializados y acceso a información que no es pública, como la fiscal, la bancaria y declaraciones patrimoniales de años anteriores.

Los retos operativos para echar a andar esta obligación masiva son enormes. Se tendrá que modificar el sistema Declaranet para manejar el mundo de información que se le alimentará y hacer compatible la información de años anteriores para poder hacer investigaciones de evolución patrimonial.

Adicionalmente, se deberá capacitar a los Órganos Internos de Control para que realicen las investigaciones de situación patrimonial como lo prevé la Ley, una función que nunca antes han realizado.

Todo un reto será también el educar a la población para que sean coadyuvantes en el combate a la corrupción y que no usen la información para acusar sin fundamento, sólo por el hecho de que algunos funcionarios tengan un patrimonio importante. Y es que hay segmentos importantes de la población que piensan que el enriquecimiento sólo puede darse de manera ilegal, no con el trabajo honesto.

Habrá que cuidar que dicha información efectivamente se use para detectar actos de corrupción y no para alimentar el morbo y afectar la vida privada de quienes trabajan en el gobierno.

Esperemos que este gran esfuerzo institucional y de los millones de servidores públicos que tendrán que llenar estos formatos, presentar estas declaraciones y hacerlas públicas, sirva para combatir la corrupción. Por lo pronto el gabinete del presidente López Obrador, ya puso el ejemplo.

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