POR: OCTAVIO DÍAZ G. L.

Twitter: @octaviodiazg

No cabe duda que el aeropuerto de la Ciudad de México hace muchos años que es insuficiente, poco funcional y peligroso. Basta viajar a esa Ciudad cualquier domingo por la noche y lo más probable es que haya demoras por exceso de tráfico. Además, existe el riesgo de los aviones que pasan por zonas muy pobladas de la capital ya que el aeropuerto está prácticamente en medio de la ciudad. A principios de la administración del presidente Fox se intentó construir un nuevo aeropuerto, el cual no se pudo llevar a cabo y se optó por desarrollar aeropuertos cercanos a la Ciudad de México y construir la Terminal 2, lo cual solo mitigó un poco el problema. El gran cuello de botella del actual aeropuerto son sus dos pistas, que no se pueden usar para despegues o aterrizajes simultáneos.

Por ello, el anuncio más importante del Segundo Informe del presidente Peña Nieto, fue el de la construcción del nuevo aeropuerto de la Cd. de México. Es una obra que costará alrededor de 169,000 millones de pesos (MDP) y tardará de diez a doce años. Eso sin considerar que estas obras suelen resultar significativamente más caras y tardar más, ya sea por malas estimaciones o por características de la obra que solo se van descubriendo conforme avanza la construcción. El proyecto arquitectónico costará 1,800 MDP, el cual ya se adjudicó, y ya se están convocando las primeras licitaciones para las obras hidráulicas indispensables para la construcción del aeropuerto ya que es una zona lacustre y con alto riesgo de inundaciones, las cuales costarán alrededor de 17,000 MDP.

Una obra de esta magnitud presenta innumerables retos: de diseño, técnicos, de construcción, de transparencia y de corrupción. En cuanto a los dos últimos aspectos existe preocupación por que no se vayan a desviar fondos para beneficiar a funcionarios públicos o vayan a financiar campañas políticas. También está el riesgo de inestabilidad social derivado de las protestas de los habitantes de Atenco, Texcoco y otros municipios aledaños a los terrenos donde se va a construir este nuevo aeropuerto.

Para empezar, al proceso de selección de la firma de arquitectos ganadora del proyecto arquitectónico, le faltó transparencia. En lugar de convocar a una licitación pública internacional, se hizo mediante el proceso de invitación a por lo menos tres personas que en este caso fueron ocho despachos de arquitectos. Si bien la Ley de Obras Públicas lo permite, es importante que se conozca cuáles fueron las razones que se invocaron para no licitar, de acuerdo con el Art. 42 de dicha Ley. Según declaración de uno de los participantes –el Arq. Francisco López Guerra en “La Silla Rota” y publicado en “elgolfo.info”– dijo que su proyecto costaría tan solo una cuarta parte (31 mil MDP) de lo que costará la del ganador por lo que es importante explicar los criterios por los que se asignó a un proyecto cuatro veces más caro.

El presidente Peña ofreció que habrá total transparencia en la construcción del aeropuerto y para ello se creó la página www.aeropuerto.gob.mx. Allí podemos encontrar, entre otras cosas, a los 8 despachos invitados y a los 16 miembros del Comité Honorario de Expertos que seleccionaron al ganador. Este Comité estuvo integrado por 6 funcionarios de la SCT, dos ex jefes del actual secretario Ruiz Esparza en la Comisión Federal de Electricidad –uno de ellos aún en dicha empresa–, un subsecretario de SEMARNAT, un ex subsecretario de la SCT, cuatro presidentes y ex presidentes de colegios de profesionistas, el director de un despacho de consultoría y un testigo social. Por cierto, el Ing. Alfredo Elías Ayub –miembro de este Comité– se excusó de intervenir en la opinión final, seguramente por tener una relación familiar con el arquitecto Fernando Romero, ganador del proyecto.

En dicha página se habla de que se evaluaron 10 factores y se utilizaron 6 criterios pero no dice cómo se llegó a la decisión final. Solo se indica que fue una decisión unánime del Comité. El proyecto se asignó al despacho encabezado por el Arq. Fernando Romero, yerno del Ing. Carlos Slim y el más joven de los participantes, asociado con el arquitecto británico Norman Foster de gran prestigio internacional en materia de aeropuertos.

Quizá hubiera sido mejor que en el Comité hubieran participado menos subordinados y ex jefes del secretario Ruiz Esparza y que el proceso de selección del ganador se hubiera dado a conocer con todo detalle. También será importante conocer el informe del testigo social que participó y esperemos que se haga público pronto. Para lo que resta, va a ser vital el papel que jueguen los testigos sociales en todos los procesos de licitación (La Ley obliga a que haya testigos sociales en toda obra de más de 672.9 millones de pesos) y que las autoridades respeten su intervención y no intenten descalificarlos como el caso de la licitación de las tarjetas IAVE en CAPUFE –que depende de la SCT– en donde CAPUFE interpuso una queja contra la testigo social para en su caso, proceder legalmente contra ella, lo cual sienta un muy mal precedente ya que por hacer su trabajo los testigos sociales se puedan ver expuestos a represalias.

Así que aún falta mucho para darle más transparencia al proyecto más grande de infraestructura de esta Administración pero esperamos que mejore y sobre todo, se evite la corrupción.

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