Negar o afirmar sin tener elementos de prueba que sean contundentes es común cuando se trata de cargar una idea, o de poner en duda un razonamiento, por lo que en lugar de investigarse, se prefiere la evasiva o el análisis cómodo, dando por descontado que otro es el que miente en aras de justificar su actuación o llevar agua a su molino.

Cuando se habla de “turismo electoral” es porque hay situaciones atípicas en algunos distritos y que al ser denunciados se responde con ambages y descalificaciones, que luego retoman los presuntos beneficiados, para en medio de una catarata de declaraciones, quede sepultada la exigencia de que se indague los escenarios, objeto de la acusación.

Se toma el turismo electoral de manera literal, como si se tratara de viajantes que llegan días o semanas antes de los comicios y votan a favor de algún candidato, lo que naturalmente es una soberana sandez, puesto que en los partidos nadie traga lumbre.

La forma de actuar es más refinada para no despertar sospechas y una de ellas es afincarse (oficialmente) en un sector, con uno o dos años de anticipación a las elecciones y una vez cumplido su cometido, esperan un tiempo prudente para volver a su lugar de origen.

Este operativo hormiga se detectó hace algunos ayeres en lo que fue el octavo distrito local (hoy dieciocho), con familias completas que rentaban una vivienda en una comunidad rural para, presuntamente, trasladarse a la ciudad de Aguascalientes en donde consiguieron trabajo, cuando en realidad lo hacían a estados vecinos. Como ya habían cambiado su residencia solicitaban ante las autoridades electorales la expedición de la nueva credencial de elector, lo que se atendía en términos de ley. A los habitantes les parecía extraño que hubieran escogido su lugar para residir, pero sin darle mayor importancia, acogiéndolos como parte de la barriada.

Se mencionó entonces que llegó a contabilizarse hasta ocho mil nuevos electores procedentes de Guanajuato y Jalisco, pero no se podía actuar legalmente, puesto que no cometían ningún delito, como tampoco lo hacían cuando regresaban a su zona de procedencia; sin embargo, fueron cuestiones que llamaron la atención de un candidato a diputado, que a lo largo de 30 horas logró revertir la tendencia y ganar la curul por unos cuantos votos, seguramente porque los promotores calcularon que no sería tan obstinado.

Existe un cuadernillo denominado “ave azul”, del que algunas publicaciones aseguran que hay un máximo de 200 copias y si no llega a los medios de comunicación es porque se tiene un juramento de sus poseedores de no proporcionarlas, y quien lo hace se expone a un castigo drástico, toda vez que cada uno tiene una marca distinta difícil de detectar, que permite conocer quién cometió la traición. Ahí se enumera distintos métodos para ganar una elección, cuyos lineamientos son similares a los que se atribuyen a la organización El Yunque, lo cual se ha mencionado en elecciones locales y federales de distintas partes de la República, a partir de 1996.

Ante la proximidad de las campañas a diputados federales, la representación del Instituto Nacional Electoral (INE) en Aguascalientes anunció que se hará una revisión detallada para ubicar las viviendas donde se encuentren más de cinco registros, “y cuando así se manifieste, se analice que sean unidades multifamiliares o unidades habitacionales”. Habría que esperar a qué sucederá en casas de localidades rurales y zonas residenciales donde puede haber más de cinco registros y que es el domicilio de todos, algo común con uno, dos o más hijos casados que viven con los padres o los suegros, o lo que, o como se señala párrafos anteriores, aquellos que vienen a radicarse por cuestiones de trabajo.

Aunque se califica de “discusión mediática” la denuncia que recicla y que presuntamente se debe “a la pasión de la contienda”, no se puede negar que hay varios caminos para llegar al mismo punto, por lo que mientras el INE ofrece entregar la información que recabe, los partidos van un paso adelante y a estas alturas ya están aquí quienes van a actuar el 7 de junio.

LEY DE DOBLE FILO

La Ley de Extinción de Dominio que se propone en la entidad para combatir a la delincuencia organizada, con la incautación de los bienes e inmuebles que se posea o que utilice para sus fines criminales, tiene que ser analizada detenidamente por el Congreso del Estado para no caer en el mismo error que otras partes del país donde ya opera, al afectar a caseros inocentes.

En la iniciativa se plantea que la extinción de dominio “es la pérdida de los derechos de propiedad de los bienes, sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado, cuando se acredite el hecho ilícito y el afectado no logre probar la procedencia lícita de dichos bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocer su utilización lícita”.

Lo anterior procede en los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, robo de vehículo, trata de personas o secuestro, en los casos en que se sustancien ante las autoridades estatales y que pueden ser de aquellos que se utilicen como instrumento, objeto o producto del delito, o destinados para ocultar o mezclar bienes productos del delito; para la realización de diversos ilícitos, o los titulados a nombre de terceros y se tenga elementos para comprobar que son producto de hechos ilícitos.

Como toda nueva ley, tiene una retahíla de artículos que pretenden impedir o desalentar la consumación del delito, sin embargo, en esa búsqueda de cercar a la delincuencia se lleva entre las espuelas a quienes actúan de buena fe, al rentar una finca y que generalmente se hace con mecanismos engañosos, como sucede cuando se trata de una vivienda misma que ocupa una familia común para no despertar sospechas, o para oficinas de una empresa, de manera que el propietario del inmueble lo renta sin saber lo que sucede en su interior, o que son simples testaferros.

Un dato revelador lo da Reporte Índigo el 3 de septiembre de 2012, al destacar la reportera Icela Lagunas que la Ley de Extinción de Domino que aplica el gobierno del Distrito Federal desde 2009 ha afectado con más de 672 millones de pesos a propietarios de inmuebles donde posiblemente se cometieron delitos.

Los mismos argumentos que se manejan aquí para proponer la citada legislación, son los que menciona el gobierno del DF: que se hace para afectar las finanzas de la delincuencia, por lo que septiembre de 2012 se había llevado ante los tribunales 128 casos de inmuebles a los que se aplicó la extinción de dominio “por los delitos de trata de personas, robo de vehículos, delincuencia organizada y secuestro”, lo cual ha provocado que los propietarios que actuaron de buena fe tengan que recurrir a los tribunales y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar la pérdida de sus propiedades.

“A lo largo de tres años de su aplicación en la capital –refiere Lagunas-, la ley ha generado severos cuestionamientos respecto a que si es una facilitadora del GDF para confiscar muebles e inmuebles de manera indiscriminada. La polémica surge, específicamente, cuando no se afecta a los grupos delictivos, sino a aquellos propietarios que de ‘buena fe’ rentan sus casas o departamentos, que luego resulta, son utilizados por los inquilinos para cometer algún ilícito.”

Por lo descrito, ojalá que los diputados se aboquen a investigar todos los pormenores en donde se aplica la multimencionada ley, y si por alguna razón deben aprobarla, que lo hagan pensando más en la sociedad.