En lo que va del año las autoridades estatales de seguridad han detenido a 17 personas portando armas de fuego en Aguascalientes, informó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Sergio Alberto Martínez Castuera.
Su uso se ha incrementado en el último año, reportó por su parte el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, al estimar que al menos en 6 de cada 10 delitos dolosos cometidos en la entidad, especialmente homicidios y lesiones, hay presencia de éstas.
No obstante, Aguascalientes se mantiene aún en niveles bajos de portación ilegal de armas respecto de entidades de la región, donde según cifras comparativas de la propia SSPE, destaca Guanajuato con un total de 422 personas detenidas con armamento en el último trimestre.
Lo mismo que Michoacán con registro de 299 detenidos por esa causa; el estado de Jalisco con 272; Colima con 90; Nayarit 47; y el vecino estado de Zacatecas reportó para el lapso 72 casos.
Es decir, pese al incremento que las cifras indican para Aguascalientes, todavía no se vive una situación de alerta, si bien el fenómeno ha incrementado y “eso tiene que ver con una problemática nacional que es evidentemente el tráfico ilegal de armamento”, acotó el fiscal.
De acuerdo a las más recientes cifras publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y marzo de este año, 12 de los 21 homicidios dolosos que han ocurrido, se consumaron con uso de armas de fuego y en 19 de las 1,054 lesiones dolosas que se han registrado en el lapso, se usaron también.
Sobre el tema, la Procuraduría General de la República advierte en campaña nacional que un arma de fuego en manos equivocadas puede provocar daños irreparables para la sociedad, pues son instrumentos creados por el hombre con la firme intención de agredir o repeler agresiones.
Así, explica que la portación es legal cuando servidores públicos las requieren para el ejercicio de sus funciones encomendadas o bien cuando se tiene una licencia especial para ello.
Fuera de esos supuestos, portar, fabricar o importar armas de fuego sin los permisos correspondientes es un delito que atenta contra la seguridad pública y las penas por este delito oscilan de los 3 meses a los 30 años de prisión; en todos los casos el armamento correspondiente se decomisa.