Salvador Rodríguez López

Cualquier acto administrativo que realiza un funcionario público debe contar con el apoyo de al menos una o dos personas, que por regla general son de su total confianza, por lo que está seguro que entre ellos quedará aquello que pueda generar un problema, sin embargo en algún momento rompe lanzas con ellos, o éstos se entregan a otros intereses y es cuando salen a relucir los presuntos trastupijes.
Por ello no asombra que cerca del final del actual gobierno municipal de San José de Gracia surjan denuncias por presumible corrupción, respecto a la donación de terrenos, lo que involucraría al anterior y actual Ayuntamiento.
Por una parte el magistrado presidente de la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado (SAPJE), Rigoberto Alonso Delgado, informó que existen tres procedimientos en curso en contra del Ayuntamiento de San José de Gracia, que se encuentran en la fase de análisis para dictaminar si es de su competencia, porque otros dos fueron devueltos a la autoridad municipal para que proceda, ya que a la hora de turnarlos estaban fuera de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes, que entró en vigor el pasado 2 de julio.
Es importante tener presente que lo anterior no significa dispensa ni perdón, sino que llegado el caso los denunciantes podrán recurrir a otra instancia para acreditar los delitos que imputan, en espera que se aplique las sanciones correspondientes.
En apego a ello un grupo de vecinos, encabezados por Sergio González López, reiteró la acusación en contra del anterior presidente municipal Armando Rodríguez Domínguez, y de varios de sus regidores, que, dijo, simularon actos de donación para quedarse con terrenos de propiedad pública, entre ellos el que ocupa la Casa del Peregrino.
Explicó que en su momento presentaron la queja ante la Fiscalía General del Estado y el Congreso local, expediente que obligó a realizar las investigaciones respetivas, sin embargo “misteriosamente el documento desapareció cuando ya se iban a dar las órdenes de aprehensión en contra de los responsables”, afirmó.
En la visita a este Diario, González López subrayó que “vergonzosamente se trató de los regidores que integraron el Cabildo junto con el entonces presidente municipal, Armando Rodríguez Domínguez, quienes se auto-donaron los terrenos del municipio donde ahora está la Casa del Peregrino, ellos son los dueños y sólo utilizaron prestanombres. Entonces nosotros, el pueblo de San José de Gracia, estamos indignados por tal acaparamiento”.
De igual manera se refirió de la actual alcaldesa María Cristina López González, que dio en comodato los terrenos para la construcción del mercado municipal e hizo la donación de un terreno donde antes era el rastro municipal, a un empresario de la ciudad de Aguascalientes, quien ya construyó una gasera.
Los demandantes exigen que las autoridades concernientes atiendan los reclamos y de no hacerlo recurrirán a otros niveles, inclusive a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en espera que se dictamine lo conducente.
De lo descrito no hay que perder de vista que el año próximo será la elección para presidente municipal, por lo que ante la proximidad de nominar las candidaturas surgen las protestas y se ventilan casos en que podría haber delitos, lo que de no atenderse ahora por la Fiscalía y el Congreso inevitablemente serán temas recurrentes en las campañas.

JUEGO DE VENCIDAS
Por enésima ocasión, la Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (ATUSA) se jacta que el gobierno del estado comerá del maicito que le ha preparado, por lo que será cuestión de esperar para que le autorice la nueva tarifa.
Así ha sido en todas las ocasiones que ha presionado, siempre han ganado la partida y como remate habrá un comunicado oficial en el que la administración pública señale que aún cuando está en desacuerdo con los métodos empleados por los transportistas se llegó a un convenio “por el bien” de los usuarios, con el compromiso de que habrá una mejora en el servicio, lo que naturalmente nunca ha sucedido.
El paro “técnico”, como lo nombraron en ATUSA, que llevó a cabo el pasado 10 de octubre, ratificó el anticipo de El Heraldo en Línea Privada: “Los camioneros saben que el gobierno no tiene capacidad para atender a cerca de 300 mil personas que utilizan todos los días el camión”, por lo que esta vez echaron mano de patrullas, unidades de bomberos y vehículos utilitarios de varias dependencias para atender la emergencia, respuesta que no llegó ni siquiera a una aspirina para un problema mayor, puesto que sólo unas cuantas personas tuvieron la posibilidad de acercarse a su destino.
En el comunicado oficial que se emitió el mismo miércoles, se destaca que “este gobierno no cederá ante los chantajes de los concesionarios que nuevamente piden que se firme un cheque en blanco con la promesa de que mejorarán el servicio si existe incremento a la tarifa”.
A continuación enumera una serie de tareas inmediatas, entre ellas “acciones legales, imposición de multas, suspensión y revocación de concesiones; invitación a nuevos grupos de empresas de transporte, y sistema de información al usuario a través de la plataforma Moovit.com”
No obstante, en el mismo espacio de Línea Privada, se estableció que era “cuestión de dos o tres jornadas para obtener lo que se proponen” y así dar por concluido este juego de “fuercitas”, donde “los dueños de las unidades asumen una serie de compromisos y que hasta firman, pero la mejoría se queda en el papel”.
La suspensión de labores ha sido en varias administraciones, y en todas las ocasiones la amenaza gubernamental ha sido que habrá anulación de concesiones para quien se niegue a dar atención al público, lo que se ha comprobado que del amago no pasa, porque la autoridad entiende que antes de revocar los 697 permisos debe tener un plan B, y sencillamente no lo hay, de ahí que no le queda de otra que aguantar callado, como dijera aquel secretario de gobierno que tuvo que enfrentar una insurrección similar durante el sexenio 1992-1998.
Es un problema que tiene varias aristas y todas ellas de necesaria atención, por una parte ATUSA enfrenta el incremento al precio del combustible, a las refacciones, taller mecánico y obligaciones contractuales con el personal, y por otra los usuarios están al límite de su capacidad económica como para soportar el aumento a la tarifa, además el gobierno del estado tiene la obligación de vigilar que un servicio de esta naturaleza sea eficiente, seguro y con carros en buenas condiciones.
Queda la gran pregunta ¿El gobierno será capaz de ponerle el cascabel al gato, o como sus antecesores terminará por comerse la mazorquita?

ES PARA CONFUNDIR
De ninguna manera falta información sobre la nueva normatividad que exige a los conductores de automotores no dar vuelta a la derecha continua en luz roja del semáforo, lo que sucede es que así esta previsto, que haya desconcierto para que cometan la falta y tengan que pagar la multa. Francisco Javier Pacheco Martínez, dirigente de una agrupación de taxistas, dijo que esta situación ha provocado que sus compañeros conduzcan “enojados o malhumorados”, porque no saben si pueden seguir su camino o deben esperar a que cambie a luz verde. Esta desinformación provocada por la autoridad tiene un fin recaudatorio, muy similar a lo que hace unos años hacía un agente de tránsito asignado al crucero de 5 de Mayo y Allende, que se escondía entre los vehículos estacionados para esperar a que alguien llegara a dejar su unidad en línea amarilla, lo que era común por Allende y Victoria, situación que le permitía cumplir en poco tiempo la cuota diaria.