Noé García

Si el dos de octubre de 1968 marcó a toda una generación y siguió influyendo en generaciones subsiguientes (como la mía) el 27 de septiembre del 2014 con la desaparición de 43 estudiantes y la muerte de 9 personas tiene que marcar no solo a esta sino a las generaciones venideras. Dos fechas tan cercanas en el calendarío, pero tan separadas en el tiempo, la semana que culmina se cumplirán 4 años de los hechos en Iguala, Guerrero y la próxima se conmemorarán 50 años de los hechos en Tlatelolco.

Los dos sucesos dirigidos a estudiantes, los dos sucesos el Estado (gobierno en todos sus niveles) tuvieron que ver. ¿Por qué el Estado es culpable?

En el 1968 es clara la intervención del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y la Gendarmería del Distrito Federal, con grupo de choque (los halcones) fueron emboscados estudiantes y civiles, pero además se llevaron por delante a una de las instituciones más importantes y fundamentales en el país, al Ejército. Hoy sabemos que el Ejército en esa plaza de Tlatelolco también fue emboscado, cayó en una trampa, donde ante el caos y la desinformación reaccionó sin tener a bien contra quién peleaba; tuvieron que pasar décadas para que el Gobierno y las instituciones del Estado Mexicano reconocieran dicha masacre y la participación de las autoridades en turno.

En 2014 en Iguala, Guerrero, la representación en México de la Organización de las Naciones Unidas lo considera “uno de los sucesos más terribles de los tiempos recientes”; fue el Estado porque algunas instituciones fueron coludidas (policías estatales y municipales) o por omisión (Ejército), en el caso de la PGR por mentir con la “Verdad histórica” falseando hechos y tergiversando (no sabemos con qué intención) la investigación; expertos e instituciones internacionales afirman que era imposible la incineración de 43 cuerpos en ese lapso de tiempo y con esas condiciones (esa noche llovía en esa zona); fue el Estado ya que el presidente municipal de Iguala dio la orden; el gobernador de Guerrero tenía conocimiento y no hizo nada; la Presidencia de la República fue omisa y su reacción fue tardía al dar 10 días después su posicionamiento. Sí, el crimen organizado fue el ejecutor, la terrorífica saña con que fue planeado y realizado (todas las crónicas coinciden) fue producto de grupos del narcotráfico.

En los dos casos no solo el Estado Mexicano le falló a la sociedad, sino que fue partícipe o cómplice en algún nivel; así como lo es con los centenares o hasta miles de cuerpos que encuentran en las fosas clandestinas que cada día aparecen; o en los tráileres que circulan ya no solo en Jalisco, sino en varios estados de la República.

Hoy hay una propuesta para retirar el nombre de Gustavo Díaz Ordaz a calles, escuelas y demás edificios que lo lleven; en el caso de los 43 se tendría que al menos tener la verdad y los implicados directos e indirectos en la cárcel.

¡Dos fechas que no se olvidan!