Hay empleados del gobierno del estado, de los municipios y el Congreso que rebasan los 60 años de edad y un tiempo de servicios de 25, 30 años o más y no tramitan la jubilación por la drástica reducción que tendrá su ingreso, que llega a ser hasta del 50%.

Es un asunto que se ha comentado en varias ocasiones en este espacio, a la espera de que se modifique la ley para que se les pague lo que en justicia les pertenece, pero lejos de eso la pasada Legislatura la modificó para que se les entregue como pensión lo que devengaban seis años anteriores a la jubilación, bajo el supuesto de que había quien hacía “trampa” con ayuda del jefe inmediato, que le otorgaba un aumento salarial con antelación a la solicitud.

Por lo anterior resulta extraña la actitud asumida por la diputada Mayela Macías Alvarado, quien declaró que los trabajadores de las dependencias estatales y municipales “están condenados a una vejez deplorable”, debido a que, no obstante que ya deberían estar en retiro, no lo hacen “por la pensión de hambre que recibirán”.

Como siempre ocurre, responsabilizó a los gobiernos pasados y en turno, que por ahorrarse unos pesos en el pago de cuotas al ISSSSPEA no manejan el salario integrado, en función  que en servicio logran compensaciones, gratificaciones y bonos, pero para efectos de jubilación no se toman en cuenta, sólo lo que es su salario base, “que es muy pequeño”, asintió, por consiguiente, recibirán de pensión unos cuantos pesos, hecho “que desalienta a retirarse y prefieren continuar trabajando, así sea ‘a rastras’, porque requieren de los ingresos que habitualmente obtienen, máxime los trabajadores de categorías bajas”.

Todo lo descrito es una gran verdad, lo que sale del cartabón es que como diputados no dimensionen que en ellos está la solución, que si en realidad quieren corregir este contexto basta que hagan las modificaciones en la legislación correspondiente para que todas las oficinas que dependen del erario estatal y municipal cumplan con la obligación de registrar a su personal con la totalidad de su ingreso, aún cuando esto signifique que deban pagar más por las cuotas, puesto que a final de cuentas ninguno de los funcionarios lo hace de su peculio sino que sale de los mismos recursos públicos.

Macías Alvarado sostuvo que la Comisión de Servidores Públicos del Congreso del Estado analiza este problema para encontrar “alternativas de solución”, aunque dejó en claro que “se resolverá gradualmente”, lo que significa que no hay prisa, que el asunto puede esperar, no obstante que están a 15 meses de terminar su gestión.

Por su parte el director general del ISSSSPEA, Arturo González Estrada, reconoció que el pago de pensiones “no se ha visto con sentido social”, ya que en la vejez es cuando las personas necesitan de más apoyo y en este caso es todo lo contrario.

Inclusive, aceptó que tratándose de las cuotas que se aportan al Seguro Social y del Impuesto Sobre la Renta (ISR) se hace conforme a las percepciones totales, pero cuando es ante el ISSSSPEA inscriben al trabajador con un salario que representa el 25, 30, 40 o 50% de sus ingresos reales, lo que según comentó, por ley cada dependencia es libre de dar de alta a sus trabajadores con el sueldo que determinen, y el resto lo cubren con otras prestaciones.

De los 19 mil 500 trabajadores en activo, 300 ya tienen derecho a jubilarse y no lo hacen “por la raquítica pensión que recibirán” y al igual que la diputada Mayela Macías, señaló que está en proceso de valoración una propuesta para que “gradualmente vaya aumentando el sueldo base” y las pensiones puedan ser más acordes con la realidad.

Es un juego de palabras y respuestas hasta cierto punto perverso, en función que el Congreso ha sido el mayor enemigo de los empleados estatales y municipales.

Arturo González Estrada, hoy como director del ISSSSPEA promete hacer lo que nunca hizo cuando fue diputado en la LVII Legislatura (1998-2001) y en la LXI (2010-2013).

Al igual que Santo Tomás, hasta no ver se creerá lo que ofrecen y por lo vivido será difícil que se cumpla, aunque todavía queda una pizca de esperanza de que los legisladores actuales tengan un momento de lucidez y hagan lo que corresponde para que sea la obra buena de su bienio..

EN LA MISMA SINTONÍA

Las autoridades policíacas exigen que los ciudadanos asuman su propia seguridad y llegado el caso se conviertan en “soplones” ante un hecho punible, además consideran que Aguascalientes es uno de los cuatro estados “más seguros” del país, por lo que es injusta la percepción social de que existe un incremento del delito.

Para el fiscal general del Estado, René Urrutia de la Vega, en lo que va del año las denuncias han aumentado “en una gran medida”, lo cual no significa que “haya más hechos delictivos en la entidad”, por lo que debe entenderse que “una cosa es la incidencia delictiva y otra la incidencia ‘denunciativa’, y en Aguascalientes se está logrando que la gente denuncie más, pero la cifra de delitos no ha aumentado”.

Frente a ese punto de vista, en mayo pasado el presidente de la Cámara de Comercio, Rubén Ángel Berumen de la Cerda, anunció que el comercio organizado de Aguascalientes apostaría a la contratación de seguros contra robos y la instalación de cámaras de videovigilancia, como estrategia para blindarse de la delincuencia.

Ante el incremento exponencial de asaltos a los negocios, refirió, no les queda de otra que reforzar las acciones de protección, no obstante que esto signifique sacrificar parte de las ganancias que obtienen, ya que al final del día sale más caro resolver los efectos de un “boquetazo” o un “cortinazo”, que cubrir las primas de pólizas contra robo, o contratar los servicios de seguridad privada, como única vía de contener a los ladrones que azotan a la ciudad y al estado en todos los rumbos y sin distinguir giro o tamaño del negocio, hecho que principalmente afecta a tiendas de conveniencia, farmacias, estéticas y tiendas de abarrotes.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública del municipio capitalino, José Héctor Benítez López, estableció el 19 de junio que el programa de “Vecino Vigilante” ha quedado obsoleto, al limitarse a reportar a la policía cuando se registraba algún hecho delictivo, por lo que ahora hay un cambio con los  “Comités de Buen Orden”, los cuales de acuerdo con el nuevo sistema de justicia penal debe haber alguien que señale directamente al presunto delincuente “y hasta ahora no hay ciudadanos que hayan comenzado a colaborar en el cambio de conductas y culturas acordes a la nueva legislación”.

Lo que plantea es que la persona que haya presenciado un hecho acuda a las audiencias que tengan lugar en el juzgado y haga la acusación directa al delincuente, por ello insistió que “el reto es lograr que la sociedad viva en armonía y no sólo buscar la seguridad pública”.

El 18 de agosto el comisario de la Policía Federal Preventiva, Roberto Rodríguez Rivero, manifestó que “el desafío no es nada más de las autoridades, sino de todos los ciudadanos en un trabajo integral enfocado a mejorar las relaciones vecinales”, por lo que recomendó conocer el programa “Vecino Vigilante” e incrementarlo a manera de prueba para medir resultados, teniendo presente que la seguridad “es responsabilidad de todos”, no sólo de los policías.

En síntesis, los sucesos delictivos que tienen lugar son de “apreciación”, ya que Aguascalientes es de los más seguros, y si los habitantes quieren que baje la incidencia tienen que convertirse en “delatores”.