Fernando López Gutiérrez

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@ferlog14

Desde sus primeros días, el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto ha desarrollado un discurso enfocado a demostrar que las acciones realizadas tienen fundamento en un diagnóstico claro de los problemas que enfrenta nuestro país y en estrategias puntales para resolverlos. Tanto en el Plan Nacional de Desarrollo 2013–2018, cuanto en la estrategia de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, o en los esquemas establecidos para la implementación de los diversos programas, políticas o reformas promovidos por la presente administración, se observan lineamientos, objetivos e indicadores que buscan respaldar la coherencia de un programa de gobierno susceptible de ser monitoreado, evaluado y mejorado.

No obstante, pocos son los mecanismos existentes para lograr que el desempeño de la administración federal sea supervisado de forma continua, pública y coherente. Hasta la fecha, cada vez que se exponen avances y resultados se informa de las actividades llevadas a cabo o se resaltan las expectativas futuras en el desarrollo de un sector determinado, sin que se explique de forma directa el impacto que la acción gubernamental ha tenido en el cumplimiento de objetivos generales.

A más de dos años de trabajo de la presente administración, una salida común a los cuestionamientos sobre el impacto de las actividades del gobierno en el desarrollo económico y social de nuestra población es la enunciación de los retos y problemas prevalecientes desde las administraciones pasadas. Pocas son las respuestas y muchas las justificaciones, en un marco jurídico que no exige una verdadera rendición de cuentas o una evaluación de desempeño real.

El anuncio de las reformas estructurales ha permitido dar sustento a gran parte de la actividad de la presente administración y retrasar los beneficios prometidos desde la campaña presidencial; sin embargo, el año 2015 se presenta como un momento crucial para exponer mejoras concretas, con base en los propios indicadores y objetivos que se expusieron mediante un discurso cada vez menos creíble. El periodo de ajustes y transformaciones ha concluido y la actual administración deberá mostrar sus frutos o arriesgarse a caer en el descrédito que implica incumplir lo prometido.