Gustavo García Olguin 
Agencia Reforma

Cd. de México, México.- El Tribunal Electoral federal limitó las facultades del INE para fiscalizar y castigar a los partidos y candidatos que repartan tarjetas en los comicios de 2018, advirtieron consejeros electorales.
Los consejeros Pamela San Martín y Benito Nacif, integrantes de la Comisión de Fiscalización, expusieron que, con el argumento de que el INE invadió facultades reservadas al Legislativo, la Sala Superior impidió que el árbitro electoral prohibiera, a priori, el reparto de tarjetas en su Reglamento de Fiscalización.
En septiembre, el Consejo General del INE había reformado dicho reglamento para incluir en el artículo 143 Quater que el reparto de tarjetas, plásticos y trípticos que ofertaran un bien futuro a condición del triunfo de determinado candidato se consideraría un elemento de coacción al voto, delito previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe).
El PRI y el PVEM impugnaron dicha reforma con el alegato de que las tarjetas son una “forma de propaganda” legal, pues, sostuvieron, difunden programas que pueden ser instrumentados como política pública.
El pasado miércoles, al resolver las impugnaciones, los Magistrados electorales resolvieron por unanimidad que el INE se extralimitó al prohibir dichos materiales, y le ordenó considerarlos “propaganda electoral” y sumarlos a los gastos de campaña de los candidatos en la etapa de fiscalización.
“Se considera que la responsable debía limitarse a lo que el legislador ordinario prohibió en el aludido artículo 209, párrafo 5, de la LGIPE, sin incorporar a dicha prohibición la propaganda en formato de tarjetas, volantes, dípticos, trípticos, plásticos o cualquier otro documento, por no haber sido contemplado por el legislador ordinario a quien le compete desarrollar este tipo de normas prohibitivas”, cita la sentencia.
“Esta Sala Superior considera, en el caso particular, que el gasto realizado de cualquier material en el que se oferte o entregue algún beneficio que implique la entrega de un bien o servicio, independientemente de la prohibición de su difusión, encuadra en el concepto de propaganda referido (propaganda electoral) y, en tal virtud, los recursos empleados en la difusión de la misma deberán sumarse a los gastos de campaña de los candidatos que resulten beneficiados con dicha propaganda”.
La consejera San Martín advirtió que el tribunal abre la puerta al reparto masivo de tarjetas e, incluso, permite el acopio y mal uso de datos personales de los ciudadanos, como hizo el PRI en las pasadas elecciones de Coahuila, en las que repartió miles de tarjetas “rosas” y recabó información de los electores como si se tratara de un padrón de potenciales “beneficiarios”.
“El tribunal está eliminando la certeza de que las tarjetas están dentro de las prohibiciones (de la ley) y en ese sentido abre la puerta a la entrega de las tarjetas, tal como lo validó en Coahuila y en el Estado de México. Se está limitando el alcance de una prohibición.
“El tribunal no está permitiendo que el Instituto genere reglas de antemano para marcar con absoluta certeza qué está permitido y qué está prohibido en el proceso electoral, lo que no permite tomar medidas preventivas”, abundó.
Por su parte, el consejero Nacif indicó que la resolución judicial define que, a partir de ahora, corresponderá estrictamente a los tribunales estatales y federal determinar, caso por caso, si un partido o candidato incurrió en una violación a la Ley Electoral al repartir tarjetas.
Detalló que al INE únicamente le quedará la facultad de revisar si dicho gasto fue reportado en la etapa de fiscalización para establecer si hubo un rebase de tope de gastos de campaña, pero ya no podrá imponer multas a los partidos por el uso indebido de recursos a través de tarjetas.
“Aquí lo que está diciendo (el tribunal), simplemente, es: ‘considéralo como un gasto de campaña, acumúlalo para topes, y lo demás ya no es cosa tuya'”, expuso.
“Creo que el tribunal va a tener que intervenir y lo hará como lo hacen los tribunales: caso por caso. En los dos únicos casos en los que ha intervenido, hasta ahora (Coahuila y Edomex), ha dejado precedentes que yo llamaría inquietantes”.
El consejero alertó que la sentencia limita la labor de fiscalización que adquirió el INE a raíz de la reforma electoral de 2014.
“Nosotros quisimos, desde el Reglamento de Fiscalización, establecer una señal de que nosotros íbamos a tomar cartas en el asunto, y el tribunal nos ha dicho que nosotros no podemos intervenir con nuestra autoridad en materia de fiscalización.
“(Ahora) el gasto asociado a esas violaciones no implica una infracción en materia de fiscalización; en cierta forma, simplifica la fiscalización, porque ya no es materia de fiscalización, excepto si no te reportaron el gasto”, detalló.

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