Los choferes de taxis no están convencidos de que un aumento a la tarifa será provechoso, no al menos para ellos, ya que de autorizarse los dueños les incrementarán la liquidación, por lo que a final de cuentas el supuesto beneficio únicamente lo verán pasar de soslayo.

En sucesivas entrevistas con trabajadores del volante, coincidieron en dos aspectos: que cada vez que hay un incremento en el cobro a los usuarios de inmediato les suben la liquidación, por lo que derivado de ello piden que se establezca por ley el pago que deben hacer, ya que cada patrón impone la cuota que quiere.

Asimismo, aseguran que hay quienes tienen varias concesiones a nombre de terceras personas y cuando alguien los critica argumentan que no son de su propiedad sino que las administran, sin embargo, su nivel de vida señala lo contrario, por lo que debería haber una investigación para determinar qué procede en caso de comprobarse que hay acaparamiento.

Son ellos, los dueños de las unidades, los que más presionan para que se eleve la tarifa, ya que son los únicos que están constituidos en agrupaciones, porque tratándose de los operadores participan sólo para el pago de cuota del seguro contra accidentes, ya que en materia de liquidación no tienen voz.

Están conscientes de que el precio del combustible, las refacciones y otros insumos han aumentado, por lo que hay razón en la demanda que presentan, toda vez que a ellos también les perjudica al tener la obligación de entregar la unidad con el tanque lleno, lavado y muchas veces pagar las composturas, no obstante, debe haber una repartición justa con el incremento a la tarifa, de tal manera que todos salgan beneficiados y no sólo los patrones.

Han seguido de cerca la reiteración que hay ante el Gobierno del Estado para que suba entre 30% y 50% el banderazo, sin embargo, de lograrse puede resultar contraproducente ya que se reduciría el número de viajes y esto a final de cuentas perjudicaría más al chofer, que debe entregar la liquidación sin importar si al final de la jornada no ganó más que para eso.

También están en desacuerdo sobre que las autoridades se cierren a la solicitud, puesto que antes de negarse deben analizar qué procede e informar el pro y contra de la medida, para que todas las partes estén al tanto.

Los choferes forman un gremio superior a los 6 mil, que pese a su número no tienen acceso a la seguridad social ni a ningún tipo de prestaciones; si descansan un día no tienen ingreso, tampoco gozan de vacaciones ni de aguinaldo, que es lo mínimo que deberían recibir como trabajadores. En caso de enfermedad o sufrir lesiones en un accidente quedan desamparados ellos y su familia y toda su vida laboral no existe para ningún tipo de institución oficial, por lo que sea por edad o por vejez no recibirán pensión alguna.

Es una situación que inquieta a los que tienen de 40 años en adelante, al estar conscientes del futuro que les espera de seguir en esta actividad, que en plenitud les da para irla pasando, pero no cuando lleguen al invierno de su vida.

Al respecto, desde hace varios años se ha tratado de reglamentar las condiciones de trabajo de este sector, pero quienes lo promueven se encuentran con cuestiones legales que impiden su incorporación al Seguro Social, además de que cada vez que se menciona esa posibilidad surgen comentarios de los concesionarios de que el negocio no da para asegurarlos, por lo que si quieren hacerlo que paguen la cuota respectiva los mismos operadores.

Sería cuestión de que especialistas en materia laboral consideren qué se puede hacer, teniendo en cuenta la injusticia que se comete con un grupo tan numeroso de empleados, similar al que tiene una de las plantas armadoras de automóviles y superior al de varias fábricas de autopartes, además que en pleno tercer milenio no debe haber en Aguascalientes trabajadores de primera y de segunda.

AFRENTA EL DEBATE

Aunque no fue una novedad, lo que vino a decir José Jaime Sainz Santamaría, director del Centro de Investigación y Docencia (CIDE) Región Centro, de lo vergonzoso que resulta la polémica política, sí es importante tenerlo presente como medida de presión para que la argumentación suba de nivel.

El Congreso del Estado, por antonomasia, es el lugar donde más se registra este tipo de situaciones, que ante la falta de conocimientos sobre el tema o para rebatir las razones del adversario, se recurre al insulto, a la humillación o el desprecio. El año pasado hubo una diputada que no se cansó de “denunciar” que la entonces candidata a la gubernatura había sido impuesta por el titular del Ejecutivo Federal, pese a que en ningún momento presentó pruebas de sus dichos, pero en premio a su actitud hoy espera una senaduría.

Bajo ese tenor es normal que otros y otras sigan el mismo camino, convirtiendo las sesiones en auténticos herraderos sin importar lo devaluado que dejen la representación que ostentan, pero desde hace muchos años ha sido así. Se utiliza la tribuna para verter toda clase de dicterios, creyendo que esto les da el nivel de conferenciantes, cuando lo único que demuestran es que llegaron tarde a la distribución de talento.

Existe total coincidencia con lo manifestado por Sainz Santamaría: “Desgraciadamente no encontramos en el debate político actual ni siquiera la elaboración de elementos informativos, de ideas o argumentos para la confrontación. Hoy, la propaganda política en lugar de ser la construcción de plataformas, ideas, propuestas y soluciones, se ha reducido a un lema, un slogan publicitario y la sociedad merece más y debe exigirlo”.

La presencia del titular del CIDE fue para encabezar con el vocal ejecutivo estatal del Instituto Nacional Electoral, Ignacio Ruelas Olvera, el Concurso de Debate Juvenil Político 2017, lo que sin duda es un buen esfuerzo para que los nuevos tribunos se interesen en seguir las reglas de la coexistencia política, en la que encontrarán desacuerdos con sus ideas pero que deben combatir con mejores ideas, bien argumentadas y ante todo, que deben tener presente que para vencer hay que convencer, que los razonamientos son una prueba de inteligencia, conocimientos y análisis; nunca es superior el que más grita, ofende y desprecia.

El principal ejemplo de que la capacidad mental es el mejor camino lo ofrece el propio ingeniero Ignacio Ruelas, que además de ser un analista de primer orden, en su tiempo como líder el Congreso dio cátedra de cómo hay que conducirse en el encargo, por lo que supo salir airoso de las discusiones que tenían lugar sin recurrir a la vileza, no obstante que varios de sus contraparte lo hacían.

Aunque el camino es no fácil, es importante guiar a la nueva generación política para que modele la conducta que deben asumir en cualquier escenario político-electoral.

TIEMPO PERDIDO

El mando de la policía municipal de Aguascalientes pretende aprehender a los asaltantes en el transporte urbano con interrogar a los pasajeros y choferes si “alguien los está molestando”. Policías uniformados, de manera aleatoria suben a las unidades para llevar a cabo su labor, sin que hasta la fechas se conozca cuántas han sido las capturas. Para ahorrarse el uso de recursos humanos podría recurrir al sindicato de operadores y escuchar de ellos cuáles son las rutas y colonias más peligrosas y cuál es el modus operandi de los ladrones y de aquellos que cobran derecho de piso para no apedrear el autobús. Ante las agresiones que sufren hay lugares en que no ingresan en cuanto oscurece, lo cual va en perjuicio de los usuarios, pero los operadores no quieren correr ningún riesgo y es a lo que debería abocarse la autoridad.