Hay dos asuntos que por una u otra razón el Ayuntamiento de Aguascalientes no ha logrado solucionar, sea porque no ha querido o de plano están fuera de su capacidad. Por cuestiones obvias el del agua potable es el más apremiante, pero no menos importante es el renglón de seguridad pública, donde a la hora de intervenir en algún suceso los policías no se apegan a las normas de los derechos humanos.

En ambas situaciones los ciudadanos empiezan a mostrar hartazgo ante la falta de acciones concretas. Las quejas por la falta de agua en distintos rumbos de la ciudad capital se multiplican sin que exista una respuesta clara, sólo el compromiso de que se va a proceder para que “a la mayor brevedad” se atienda. El pretexto que da la empresa francesa Veolia y su encubridora CCAPAMA , ante el justo reclamo, es que la suspensión del suministro se debe al “vandalismo”, presuntamente por daños a los pozos y el robo de cableado eléctrico, cuando la obligación de la compañía es tener el suficiente material de reposición para atender cualquier imprevisto.

Hay servicios indispensables para el hogar, la oficina y los negocios y uno de ellos es al agua. La falta del vital elemento trastoca la vida de la familia y obliga a destinar dinero para comprar agua de garrafón y así tener al menos para la elaboración de los alimentos, pero cuánto tendría que gastarse para el aseo personal, el retrete y el lavado de ropa, por citar lo básico. Ya ni pensar en asear la casa.

Está claro que con promesas y sonrisas no se solucionan los problemas sociales, sino con acciones contundentes, que además, valga recordarlo, es una obligación de la autoridad en estricto apego a lo que dispone e Artículo 115 de la Constitución General de la República: Los municipios (“…tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: Agua potable y alcantarillado, Alumbrado Público, Limpia, Mercados y Centrales de Abasto, Panteones, Rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública, y los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales, así como su capacidad administrativa y financiera”.

El mandato superior es muy claro, por lo que sólo se requiere voluntad y una dosis muy alta de entrega para cambiar el estado de cosas, que ni en ésta ni en otras administraciones han querido escuchar, seguramente porque en sus hogares nunca faltó, ni falta, el líquido y por ello han estado ajenas al sentir colectivo.

Si fueran unos cuantos casos podría aceptarse que el problema estuviera en los conductos externos o internos, o que por alguna obstrucción o rotura se dejara de recibir el elemento, pero ya es una constante en varias colonias del oriente, sur y poniente, porque en la zona dorada no se resiente.

El otro punto igual de álgido es del servicio de la policía, que pese a los reiterados compromisos de que sus intervenciones se apegarán a la ley, principalmente a los derechos humanos, las denuncias en su contra son recurrentes.

Tan sólo en 2018 alrededor de 500 elementos fueron denunciados por la ciudadanía, esto es, la cuarta parte de la corporación, lo que significa la ausencia de una actitud homogeneizada, por lo que cada quien actúa según su parecer. Esto motivó volver a proponer el “protocolo de uso de fuerza”, algo así como un conjunto de reglas que debía seguir la totalidad de los uniformados, de lo cual se habla cada vez que están mentidos en un atolladero, como el ocurrido el 9 de junio de 2017, que ocupó titulares de medios nacionales cuando estudiantes de la Normal Rural de Maravatío, Michoacán, fueron aprehendidos durante una protesta de apoyo a sus compañeras de Cañada Honda, Aguascalientes. Después de los actos se retiraban a bordo de los autobuses y de donde fueron bajados con lujo de violencia para subirlos a las bateas de las camionetas-patrulla.

Lo que declaró el entonces presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Jesús Eduardo Martín Jáuregui, fue que se violó la ley, al citar que hubo “represión contra los estudiantes y ocurrió sin que los jóvenes hubieran desplegado una conducta agresiva”. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, afirmó que en el caso de los normalistas se podría configurar “desaparición forzada”, porque mandos de la corporación negaron tenerlos detenidos, cuando hay constancias de su detención. Sobre estos hechos, en los que también se ocupó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), se dijo que fue un mecanismo similar en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Lo que hoy se registra es un acto sumamente agresivo en contra de los habitantes de las colonias populares, que con el pretexto del un programa “disuasivo” (así bautizaron los jefes policiacos las a las redadas) detienen a cuanto cristiano se encuentran en su camino acusándolos de cualquier cosa. La población conoce ese operativo como la “barredora” ya que más allá de mejorar la seguridad en la ciudad lo que importa al Ayuntamiento es el ingreso que obtiene por las multas, constituyéndose en una veta inagotable para los ingresos municipales.

Sólo que, evidentemente, la gente se cansa de la poca respuesta y de tanto atropello, por lo que si no le bajan unas rayitas en algún momento pueden llevarse una sorpresa.

ALTRUISMO TOTAL

La generosidad es un valor intangible y que por lo mismo no se puede medir, aunque algunos suponen que son desprendidos porque regalan unas monedas a un necesitado o en la colecta de la misa dan una cantidad superior a los demás, con lo que esperan acumular puntos a la hora que Caronte llegue por ellos.

Para serlo no hay que parecerlo ni dar una demostración de ello, sino actuar con el mayor sigilo para que el beneficiado no tenga que dar las gracias, que quede simplemente en la satisfacción personal, que a final de cuentas es el mejor premio que pueda haber.

En esta entidad hay un ejemplo notorio de que cuando se quiere actuar a favor de los demás no hace falta propalarlo a los cuatro vientos. En el Patronato de Banco de Ojos y Tejidos de Aguascalientes participan médicos voluntarios y diversas instituciones y fundaciones, cuyos nombres se encuentran registrados en los documentos del organismo.

Es un grupo que encabeza el ingeniero Ricardo Magdaleno Rodríguez – nombre obligado a revelarse porque alguien tiene que hacer frente a las obligaciones que establece la ley para su funcionamiento, además de las instituciones y fundaciones que deben informar a las autoridades sobre sus gastos -.

De enero a la primera semana de noviembre del presente año, se han logrado 1,500 cirugías que implica una inversión cercana a los 14 millones de pesos, provenientes de los apoyos que ha recibido.

Sí, 1,500 personas que recuperaron su vida normal después de tener diversos padecimientos que inevitablemente los llevaba a la ceguera y gracias a la participación desinteresada de los médicos obtuvieron una nueva oportunidad de desarrollar sus actividades. Por regla general los pacientes son personas de recursos económicos limitados, por lo que no tendrían posibilidades de sufragar una operación de esas características.

“Si no se contara con este personal, el costo de las cirugías serían del triple al que actualmente se registra”, reconoció el ingeniero Magdaleno, por lo que el reto más grande para el Patronato “es conseguir los recursos para la adquisición de equipos, los suministros, los medicamentos, junto con el respaldo de fundaciones públicas y privadas que han favorecido este trabajo”.

Se han recibido donaciones y apoyos de Fundación Carlos Slim, Asociación Ale-30 (30 trasplantes de córneas), Fundación Cinépolis (30 cirugías de cataratas), Beneficencia Pública, Seguro Popular a través del DIF Estatal y del ISSEA, así como de los DIF municipales.

Ojalá que más personas, instituciones públicas y empresas privadas se unan a esta cruzada para hacer crecer el número de auxiliados, que son bastantes lo que acuden al Patronato del Banco de Ojos y Tejidos en espera de ser incluidos en la lista de los que podrán recuperar totalmente la vista, o que puedan ser operados por estrabismo o por algún otro problema.