Sergio Cuevas Ávila
El Heraldo

Empresas de outsourcing evadieron a nivel nacional cerca de 21 mil millones de pesos en 2018, según datos de la Secretaría de Hacienda al último trimestre del año pasado, situación que afecta no sólo a las arcas federales al no pagar impuestos, sino también al trabajador al quedar desprotegido de sus prestaciones y en su pensión, denunció Gerardo Sánchez Herrera, asesor del Colegio de Economistas de Aguascalientes.
Detalló que a nivel nacional existen cerca de 6 mil empresas que brindan servicio de outsourcing, entre ellos la Banca Comercial que tiene a 258 mil empleados activos, donde el 52% de su plantilla laboral está contratado bajo este esquema, es decir 135 mil trabajadores, afirmando que incluso un banco en particular, tiene al 100% de sus empleados en este régimen.
Afirmó que en Aguascalientes se calcula que hay cerca de 100 empresas que contratan bajo este esquema, destacando principalmente aquellas dedicadas al ramo de la Limpieza de Oficinas y algunas maquiladoras. Comentó que también hay algunas oficinas de Gobierno de los tres niveles que de pronto contratan bajo este esquema, sobre todo cuando se trabaja por proyectos a 3 o 6 meses.
Estableció que dicho esquema en sí, no es malo, sino que se vició, ya que de un uso, se hizo un abuso, donde algunas empresas dan de alta por honorarios a los trabajadores y evaden toda responsabilidad de la Seguridad Social, no les dan Infonavit, no tienen derecho a reparto de utilidades, ni a aguinaldo y los pueden liquidar en cualquier momento, lo cual les perjudica para su pensión porque no cotizan todo el año al IMSS.
Otra cuestión de estas malas prácticas, dijo, es el pago por debajo de la mesa, donde dan de alta al trabajador con el salario mínimo, pero se le da un sobre cada semana o cada 15 días por mayor importe, lo cual afecta al trabajador, al grado de una incapacidad, que se va con el salario mínimo; y para su Afore porque cuando llegue a pensionarse, va a tener una jubilación muy baja. Por todo lo anterior dijo que tanto el SAT como la Secretaría del Trabajo deben hacer su función por el daño tan grave tanto a las arcas públicas como a la carrera laboral de los trabajadores.