Hasta el pasado mes de agosto, Aguascalientes se posicionó en el mapa nacional como la entidad con la menor incidencia de delitos del fuero federal, con un total de 231 incidentes delictivos en diversas modalidades, seguido de Colima con 240 y Campeche con 265.

Así lo dio a conocer el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través del documento “Reporte de Incidencia Delictiva del Fuero Federal por Entidad Federativa”, cuyas cifras al corte del 31 de agosto, revelan que, en el ámbito del delito de alto impacto, el narcomenudeo es lo que más nos lastima como estado.

Las cifras difundidas por el organismo del Gobierno Federal muestran que de enero a agosto, la autoridad competente abrió un total de 67 carpetas de investigación por hechos relacionados con delitos contra la salud.

De éstas, 57 casos fueron por posesión y consumo de sustancias ilegales, en tanto que se detectaron y acreditaron 9 de producción y solamente uno de transporte; en orden de importancia le siguen los delitos patrimoniales que, de acuerdo a la información oficial, sumaron 71 casos.

Cabe destacar que, de acuerdo al Artículo 367 del Código Penal Federal, los delitos patrimoniales son los casos de robo de bienes muebles y /o materiales vinculados con delitos del fuero federal.

Entre ellos se incluye el uso o aprovechamiento de la energía eléctrica, magnética, electromagnética, de cualquier fluido o de cualquier medio de transmisión, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente puede disponer de ellos.

Asimismo, el reporte del SESNSP indica que en el periodo se abrieron cinco carpetas de investigación del fuero federal por igual número de delitos cometidos por servidores públicos.

En tanto que por delitos cometidos “contra el ambiente y la gestión ambiental”, se documentaron siete denuncias, así como 5 “contra la integridad corporal”, y cuatro por los perpetrados “contra vías de comunicación y correspondencia”.

En el apartado de “Otros Delitos del Fuero Federal” se registraron 53 más, no especificados, y 17 de “falsedad”; mientras que los apartados de delitos electorales y derechos de autor se mantienen en ceros.

Finalmente, el documento puntualiza que la incidencia delictiva se refiere a la ocurrencia de presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas, reportadas por la Procuraduría General de la República, instancia responsable de la veracidad y actualización de los datos.