En la fiscalía especializada en combate a la corrupción se saben de memoria las respuestas que deben recibir los reporteros cuando preguntan sobre los casos que, presuntamente, están sujetos a investigación, por lo que la información que aportan los medios es similar una y otra vez.

Hasta la fecha sigue mencionándose que en algunas dependencias se llevan a cabo indagatorias para determinar el grado de responsabilidad de tal o cual servidor público, sin que alguno haya sido llevado ante un juez y éste determine si se le puede atribuir un delito.

El fiscal Jorge Humberto Mora Muñoz aseguró a principios de este mes que por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público, se investigan 70 asuntos, algunos de ellos vienen desde 2010, “en el entendido de que sólo 10 corresponden a las administraciones en turno, sea estatal o municipal”.

Lo anterior es algo lógico, puesto que mientras el anterior está concluido, el actual tiene dos años, a la vez que han transcurrido dos trienios municipales y el presente lleva dos años, por consiguiente es normal que sea menor el número de casos de los gobiernos en marcha

Aseguró que las irregularidades detectadas representan alrededor de 300 millones de pesos, que la parte acusadora debe comprobar que fueron sustraídos o mal aplicados, mientras que los imputados, en su defensa, tendrán que demostrar que son inexactos los cargos, por lo que todo se remite a un proceso en marcha, pero que da para seguir hablando de ello.

Mora Muñoz sostiene que de las investigaciones se desprende que se trata de incumplimientos administrativos y otros ameritan el ejercicio de la acción penal, que podrían recibir sanciones de cárcel de seis a ocho años.

Como lo ha hecho en varias ocasiones, aludió los casos del Instituto de Educación (IEA) y del Instituto del Agua (Inagua), que pese al tiempo transcurrido la investigación sigue su curso, aunque el fiscal asevera que “no hay riesgo de que prescriban”, al ser expedientes activos.

Respecto a la condición del ex auditor superior, Arturo Solano (caso que tiene un tufillo político), el persecutor de los deshonestos dijo que la fiscalía apeló la resolución de libertad, por considerar que existen suficientes elementos para ejercer acción penal, aunque la medida dictada por el juez no le permite al acusado salir del estado y su condición jurídica se determinará al término del proceso penal que se le fincó.

Tal parece que la citada fiscalía tiene a la mano una copia de la entrevista anterior, por lo que al no aportar algo nuevo se remite a volver a mencionar los expedientes del IEA y al Inagua, a cuyos ex titulares los tienen amenazados de que “en cualquier momento” serán llevados ante la justicia.

Es como el cuento infantil “ahí viene el lobo”, que de tanto repetirse ya no se toma en cuenta, lo que no significa que en algún momento pudiera concretarse, pero para entonces los atribuidos habrán acumulado las suficientes pruebas que desinfle la “bomba” jurídica que hay en su contra.

El gobierno federal en turno ha hecho acopio de acusaciones que se han presentado en administraciones pasadas en contra de funcionarios públicos, políticos y empresarios, acontecimientos que ha convertido en estandarte de lucha anticorrupción, pero al igual que sucede en Aguascalientes, todo se circunscribe en denuncias ante los medios como para que se crea que hacen su trabajo.

Está claro que las leyes que se han creado para evitar la impunidad sirven para adornar las sesiones legislativas y las convocatorias de las dependencias oficiales, por lo que aquellos que han cometido algún delito les basta confiar que transcurra el tiempo para evadir el castigo y de esta manera se cumple la máxima “tapaos unos a los otros”.

¿PARA QUÉ?

Sí, para qué crear arterias peatonales si luego se convierten en zonas de comercio ambulante, lo cual está plenamente comprobado en las calles Juárez y Allende, por lo que antes de dar un paso de esta naturaleza también debe analizarse lo que perjudicaría al tránsito vehicular.

Parece algo normal llevar un programa de esa naturaleza, porque sería más que suficiente presentar ante Cabildo una propuesta y que éste la apruebe para que se proceda al cierre de calles, pero previamente debe haber una consulta pública, en la que los ciudadanos señalen si están a favor o en contra de la medida y el porqué.

Ahora bien, adelantándose a los acontecimientos y que se llegara a autorizar, es necesario que las autoridades firmen un documento ante notario público, en que se comprometan a no autorizar permisos de esa naturaleza, lo cual servirá de presión social para mantener despejados los sitios.

El asunto de fondo es que el propio Ayuntamiento propicia el ambulantaje, disfrazado con programas de apoyo a la economía popular. Instala o autoriza tianguis en plena plaza de armas y en la primera calle de José María Chávez y en ocasiones se extiende al Jardín de los Palacios, principalmente en época de Navidad, durante el Quincenario de la Asunción y en la Feria de San Marcos, además renta los espacios a empresas para que exhiban y vendan sus productos.

La diferencia está en que éstos tienen pabellones bien armados y con vigilancia policíaca, mientras que los vendedores ambulantes arman sus puestos con lo que pueden por lo que aquello parece una estampa de un lugar periférico.

Se afirma que la intención de llevar a cabo ese programa es que exista más espacios para los peatones, para ello podría cerrarse el paso automovilístico en la tercera cuadra de Juárez, que corresponde al tramo comprendido de Rivero y Gutiérrez al Mercado Terán, lo que de establecerse haría más denso el tránsito en  5 de Mayo y Rivero y Gutiérrez y las zonas adyacentes. Además, provocaría mayor aglomeración vehicular en Morelos, Pedro Parga y Zaragoza, que se convertiría en ruta obligada de desfogue.

Lo que demandan los comerciantes del centro es que, de llegarse a concretar, sean zonas exclusivamente para el paso de las personas, tal como lo define la Real Academia Española: “Peatonal: Dicho de una zona urbana, reservada a los peatones”.

Al presentar estudios sobre nuevas normas de circulación tiene que hacerse acompañar de los pro y contra, porque hacerlo únicamente para “vestir” a la oficina que lo promueve es una actitud cicatera, que puede ser más perjudicial.

Ahora que yéndose más allá de lo que se comenta, la medida podría tener el propósito de ir sacando del centro el transporte urbano, al que le adjudican ser el responsable de los embotellamientos y a lo cual se oponen los comerciantes establecidos y la propia ciudadanía. Los camiones que provienen de 5 de Mayo hacia Rivero y Gutiérrez y luego Juárez, tendrían que seguir por 5 de Mayo, con una mayor aglomeración de estas unidades, propiciando que – ahora sí -, se lleve a cabo el recorte de rutas por la zona centro.

Sin duda una medida polémica por las aristas que toca.

CESÓ EL INEE

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) cerró sus oficinas estatales tras el recorte de recursos aprobado para este año, por un monto de 300 millones de pesos. El organismo publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) modificaciones a su estatuto orgánico entre los que resalta la eliminación de la coordinación estatal de direcciones del INEE en las entidades federativas y concentra la atención en las oficinas ubicadas en la capital del país. Con esta medida ordenada por el gobierno federal quedarán sin trabajo 378 personas a nivel nacional, además dejará de existir la Dirección General de Investigación e Innovación (DGII). Aún falta conocer los efectos que dejará esta acción, principalmente la valoración que se llevó a cabo con el profesorado y si se suplirá dicha práctica.