A lo largo de varias décadas centenares de familias han sido engañadas por “promotores de vivienda”, que ofrecen lotes a precios accesibles y pagaderos en abonos, con el compromiso –a la palabra– que al terminar de pagar se les entregarán las escrituras.

Tardíamente se dan cuenta que el “dueño” del terreno es uno más de los vivales que se dedican a invadir predios, unos de propiedad particular y otros que corresponden a la reserva territorial de alguno de los tres niveles de gobierno, mientras tanto deben vivir sin ningún servicio y bajo la amenaza de ser desalojados.

Los responsables saben que una vez invadido el lugar y luego de un tiempo sin que expulsen a sus ocupantes, es cuestión de esperar para que “en pocos años” se logre la regularización, como ha ocurrido con varias colonias que surgieron como “perdidas” y más tarde fueron normalizadas.

Hasta la fecha ninguno de los causantes ha pagado con cárcel su vileza al estar bajo la protección de partidos políticos, que incluso los ha hecho dirigentes de los mismos y hasta han llegado a ser diputados y regidores, lo que anima a otros para seguir sus pasos.

En la búsqueda de frenar este problema, el Congreso del Estado tiene en estudio la iniciativa del nuevo Código Urbano, que entre otros puntos incluye castigos severos a quien incentive la invasión de terrenos, conocido popularmente como “paracaidismo” urbano y rural, o que venda terrenos no adecuados para desarrollo de viviendas como puede ser que se encuentre sobre una falla geológica, en las riberas de ríos y arroyos y junto a torres de alta tensión.

Se propone multas equivalentes a 4,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, que en estos momentos sería de 362,700 pesos, independientemente de la clausura de las obras y la aprehensión del o los responsables.

De la misma manera el propósito es terminar con los asentamientos irregulares que tanto daño causan a la vida de los adquirientes ya que, aun cuando se haya hecho la compraventa en términos legales, el fraccionador se hace “ojo de hormiga” para no regularizar el fraccionamiento y tampoco cumple con la obligación de proporcionar los servicios básicos a los colonos, por lo que al no estar regularizado el Ayuntamiento tampoco aporta los citados servicios o lo hace parcialmente.

De lo anterior tiene pleno conocimiento el gobierno municipal de Aguascalientes, ya que de 76 que están en esas condiciones, sólo seis se encuentran en trámite de regularización, por lo que según el secretario de Desarrollo Urbano, Adrián Castillo, a partir de la publicación de la nueva Ley General de Asentamientos Humanos se impondrá prisión a quienes impulsen la infraestructura irregular, aunque en este punto cabe aclarar que quienes han realizado esa acción no le sería aplicable con carácter retroactivo sino otro tipo de legislación, que podría ser el código penal por la falsedad empleada y el uso indebido de los recursos obtenidos.

Un problema muy serio se avizora para quienes habitan en zonas de riesgo, ya que no se les aceptará la regularización, por lo que deberán reubicarse incluyéndose en el programa de vivienda segura, por lo que factible que perderán lo que han invertido a menos que se logre aprehender al que les vendió para forzarlo a que regrese el dinero.

Algo que debe quedar claro es que las autoridades están obligadas a evitar que surjan “cartolandias”, interviniendo de inmediato cuando se detecte alguna situación y de manera paralela brindar la orientación necesaria a los interesados para que adquieran una vivienda de manera lícita, teniéndose en cuenta que hay programas a los que pueden acogerse y que son conforme a su condición económica.

VIDA JUDICIALIZADA

La existencia tranquila que tanto se presumía antaño ha quedado sólo para las narraciones, porque en el Aguascalientes actual más de dos terceras partes de las familias tienen o han llevado a cabo un asunto por la vía judicial.

Lo anterior no significa que exista una lucha habitual sino que hay un mayor conocimiento de cómo defender los derechos y cuáles son los caminos legales para obtener una resolución favorable a los argumentos.

Aun cuando no es nueva la opción de presentar una denuncia ante el agente del ministerio público y la diligencia en los juzgados, lo que sucede es síntoma de los nuevos tiempos, que frente a lo que se considera una injusticia el perjudicado ya no se queda callado sino que exige el resarcimiento del daño que se le causó, lo que también es positivo puesto que no busca hacer justicia por propia mano.

En este sentido, de las 325,000 familias que integran la comunidad aguascalentense, más de 214,000 se encuentran ligadas en tribunales con expedientes de carácter familiar, patrimonial o jurisdiccional, lo que de una u otra forma dejará una huella en sus vidas, precisó el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, durante el informe anual que rindió ante los diputados.

La inclusión en algunos litigios que se tramitan representan 107,718 juicios que llegan a cabo jueces y magistrados, de ellos 45,000 fueron nuevos durante el año pasado y de ese total 35,000 llegaron a su término.

El titular del Poder Judicial sostuvo que tal cantidad de juicios “no es por una coyuntura económica o social, sino que es la constante en la litigiosidad que se vive en Aguascalientes, al menos desde hace 8 años, con una sociedad cambiante”.

El magistrado Ponce Sánchez hizo mención que se obtuvo el primer lugar en el estudio Doing Business México, lo que hace de la entidad el mejor lugar para hacer negocios y es reflejo de la capacidad de respuesta del Poder Judicial, al atender eficientemente las querellas en materia mercantil, que es uno de los cuatro indicadores que se miden en el cumplimiento de contratos, al haberse aplicado medidas durante 2017 en las direcciones de Notificaciones Civiles y de Ejecuciones.

En las circunstancias que se registran, puntualizó el funcionario, existen plenas garantías del derecho al acceso a la justicia, “con cero tolerancia hacia la corrupción, sabedores de que no basta con aplicar la ley para lograr justicia”, por lo que todos los habitantes, sin importar edad, sexo, condición social, económica ni filiación política, tendrá las mismas oportunidades de ser escuchado y atendido en el Poder Judicial, con la plena garantía que las sentencias serán con total imparcialidad.

EL GOZO AL POZO

Un grupo local de aficionados al beisbol tenían el propósito de asistir a uno de los tres juegos de Grandes Ligas que tendrán lugar en el parque de Monterrey, el 4, 5 y 6 de mayo, entre los Padres de San Diego y los Dodgers de Los Ángeles, pero ni tiempo les dieron de comprar los boletos que salieron a la venta el 16 de febrero, ya que el mismo día se agotaron. La posibilidad de adquirirlos en la reventa resulta prohibitiva, al triplicarse su costo. En taquilla el bono de los tres juegos, para la zona VIP, fue de 11,520 pesos y en la reventa está a 25,000 pesos, mientras que el más barato, en la zona verde, de 1,185 pesos pasó a 5,700 pesos. Varios de los fanáticos han acudido cada año a los parques de San Diego y Los Ángeles, por lo que aseguran que les saldría más barato ir directamente a Estados Unidos que hacerlo en la capital de Nuevo León. Puede ser un buen negocio para los revendedores si logran colocar la totalidad de los bonos, porque si tienen el mismo rechazo de los entusiastas de Aguascalientes ya estuvo que de última hora tendrán que bajar el costo o enfrentar fuertes pérdidas.