Uno de los ejercicios colectivos más trascendentales debería de ser la consulta ciudadana, al ser un mecanismo de participación social previsto en la ley, mediante el cual el pueblo pueda apoyar o rechazar un plan que ha considerado la autoridad. Es un procedimiento que debería de ser excepcional para que la sociedad lo considere como de la mayor importancia.

Hacerlo se fortalece el derecho popular de ser parte de las acciones de gobierno, incluso de cambiar o modificar un propósito para ajustarlo a lo que propone la mayoría, lo que se conoce como una las mejores herramientas democráticas.

Este instrumento se ha desvirtuado por el número de convocatorias que hay, unas dentro de la legalidad  – como la consulta infantil – y otras como parte del gobierno electo, mientras que a nivel local algunos alcaldes anuncian que lo harán para saber si la sociedad está de acuerdo en que busquen la reelección.

La ley determina que si la consulta no se hace durante la jornada electoral federal ni es organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE) no es lícita. Es una mandato que se promulgó en 2014, lo que no obsta para que alguien emplace a la ciudadanía para que emita su opinión, cuyo resultado no puede ser vinculatorio al estar fuera del marco legal, lo cual para los estudiosos está lejos de ser un ejercicio democrático, ya que el producto puede ser manipulado de acuerdo a intereses concretos o a lo que de antemano está decidido.

El consejero presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Fernando Landeros Ortiz, señaló que no se ha informado a este organismo de alguna consulta ciudadana que vaya a llevar a cabo algún ayuntamiento o cualquier otra autoridad, por lo que no está por demás recordar que la Ley de Participación Ciudadana regula este tipo de actos, de ahí que en caso de realizarse tendría que ser aprobada por el Congreso del Estado y que a su vez lo comunicará al IEE para su organización.

Se tiene que tener en cuenta que de efectuarse, el ayuntamiento respectivo debe destinar un presupuesto para que el IEE instale casillas, ordene la elaboración de boletas, capacite a funcionarios de casilla, haga el recuento de los votos y opiniones emitidos y de el resultado final.

En tanto, el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Ignacio Ruelas Olvera, juzgó que la reelección en cargos de elección popular y de administración ejecutiva está en la ordenanza, por lo que cualquier consulta para precisar si se busca o no, sale sobrando.

Sostuvo que el anhelo propio por permanecer en un puesto de elección popular “no tiene que ser consultado con nadie”, es una decisión unipersonal, consecuentemente “no tiene que ser ni cuestionado ni discutido con la ciudadanía porque es un derecho de ley, el aspirante a ello tendrá en todo caso que sujetarse a los procedimientos de su partido para volver a ser el candidato al cargo y luego al escrutinio de los votantes, en las urnas”, apuntó.

Respecto al plan del presidente municipal de Pabellón de Arteaga, de preguntar a la población de este lugar si está de acuerdo en que procure la reelección, el ingeniero Ruelas Olvera dejó en claro que es una consulta que “no le beneficia”, ya que es un derecho que tiene y ya será cosa de los pabellonenses si vuelven a votar mayoritariamente por él o por otra opción, que a final de cuentas será la calificación general.

Finalmente, el vocal del INE resaltó que conjuntamente con la consulta ciudadana hay otras vías para la toma de decisiones, “como son los medios de comunicación y las tecnologías de la información y comunicación, son también instrumentos para que lo público se haga en público y para poder participar en las grandes decisiones gubernamentales o de Estado”, por lo que es importante que cada quien, en su medio, sepa aprovechar las distintas vías que existen para expresar sus ideas y hacerse escuchar, además de promover el debate con el que se enriquezca el pensamiento colectivo.

ANTES DE CERRAR

En lo que puede ser el último mensaje como titular de la Secretaría de Educación Pública, Otto Granados Roldán hizo una defensa  vigorosa de la reforma educativa, por lo que sugirió recurrir con expertos para elaborar la política pública en materia educativa, porque “si no es a ellos ¿a quién le vamos a pedir una evaluación’ ¿a la CNTE? Eso sería cómico”.

Sostuvo que en el caso de la materia educativa, “¿A quién le vamos a pedir información? ¿Una evaluación? ¿A la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? No, ¿verdad? Evidentemente sería cómico, deja surrealista, cómico pedirle algo a ellos”.

Durante el Conversatorio: presentación del reporte de la OCDE, una base sólida para la equidad y la calidad en la educación, el ex gobernador de Aguascalientes reprochó que en la discusión sobre la política educativa  que se tiene que seguir en la próxima administración, “uno de los elementos  tóxicos” es que no es una discusión estrictamente educativa o de políticas educativas, porque, en su opinión, si así fuera se buscaría la opinión de expertos o el apoyo de organismos internacionales.

Resaltó que los países hacen bien en tener una mirada externa. “Hay centros buenos de investigación. Hay que recurrir a la gente que sabe y puede aportar información”, en función que la política pública se debe diseñar, elaborar y ejecutar a partir de documentación, reuniones con especialistas, revisión de literatura y estudios de organismos externos, no a partir de “clichés políticos, partidistas y sindicales”.

Frente a una decisión que todo indica no tiene reversa, de eliminar la reforma educativa, el responsable de la SEP criticó que en los últimos meses el criterio para elaborar política pública han sido los clichés. “La manera más inteligente y sensata de diseñar, elaborar y ejecutar política pública, pues es a partir de insumos de esta naturaleza. Es decir, datos duros y no a partir de ocurrencias, de clichés políticos, partidistas, sindicales, como suele ser frecuente y como hemos visto en los últimos meses”.

EN DICIEMBRE

Aunque no hay nada seguro, dirigentes de agrupaciones de taxistas consideran que el tan anhelado aumento a las tarifas se dará durante el mes próximo. Los estudios que tienen los actualizan casi a diario, en función del incremento a la gasolina, para tenerlos listos a la hora en que el gobierno del estado acepte estudiarlos y reconozca que hay un desfase comprobable entre sus ingresos y los gastos. Sostienen que en los últimos seis años se han mantenido con las mismas tarifas, en tanto que el costo del combustible pasó de 12 pesos el litro a más de 20 pesos, a lo que se suma el mayor costo en refacciones y taller mecánico y en muchos casos la exigencia que deben comprar un nuevo vehículo porque el que tienen ya cumplió su vida útil, según estipula la ley. No obstante, el alza por “dejada” tiene sus bemoles, porque, según los choferes, esto dará pie para que los concesionarios les suban la liquidación, por lo que a final de cuentas quienes trabajan el carro tienen muy poco beneficio, de ahí que nuevamente demandan que se regule ese pago, de manera que la explotación del taxi sea provechoso para todos los que intervienen en el servicio, sin olvidar que hay una deuda social con ellos, que aún cuando son más de seis mil jefes de familia no tienen ninguna protección social, hecho que los obliga a recurrir con médicos particulares al igual que sus allegados, que también están fuera de un derecho que tienen los demás trabajadores y sus dependientes.