Insultos, amagos y ataques o robos a sus vehículos sufren profesores que laboran en colonias complicadas, principalmente de pandillas que tienen agraviado al vecindario y, aun cuando se ha logrado la aprehensión de algunos de ellos, salen en libertad en cuestión de horas o días.

Por lo anterior piden una reforma a la ley para que el castigo sea real, ya que en las actuales condiciones los tiene indefensos y más expuestos a sufrir los embates de quienes tienen la calle como su hogar y su única función es causar daño a quienes se dedican a trabajar.

Lo anterior fue señalado por unos docentes luego de que a uno de ellos le rompieron el medallón del coche y al otro lo rayaron, lo que obligó a cubrir la reparación y a quedarse con el enojo, ya que incluso cuando vislumbran quiénes son los culpables es poco lo que se puede hacer, porque carecen de los elementos probatorios que pediría un juez.

Han tratado de que se reduzca esa actividad negativa, mediante el acercamiento con ellos y con las familias, pero nada se logra ya que los padres se desentienden de los jóvenes y adolescentes, lo que genera un círculo vicioso, al reflejar el abandono familiar en agresiones a la comunidad, por lo que ésta busca que la policía los detenga y, cuando por fin llega a ocurrir, pronto quedan en libertad y regresan con mayor agresividad, principalmente contra aquellos que los denunciaron.

Mencionaron que por necesidad trabajan en escuelas que se ubican en sitios considerados difíciles, y aunque hacen saber a sus superiores de la situación éstos poco pueden hacer, salvo solicitar mayor vigilancia policíaca, que se hace únicamente por una o dos semanas, por lo que en cuanto dejan de presentarse vuelve todo a la “normalidad”.

Se han dado casos que no obstante que los automóviles se encuentran dentro del espacio de la escuela, brincan la barda para rayar la pintura o romper los cristales y las aletas, lo que hacen con tal rapidez que cuando salen tras de ellos es porque ya se dieron a la fuga. Por lo regular no dejan algo de valor en los vehículos, de ahí que únicamente sufren los daños, pero al destrozar una parte de la unidad, sea los asientos, la carrocería o que rompan el espejo retrovisor, es un costo que deben cubrir con su salario.

Lo descrito corrobora el señalamiento que hizo en abril pasado el dirigente de Cimientos del Magisterio, Francisco Flores, de que entre los profesores se han creado grupos para alertarse sobre hechos de inseguridad, asimismo hay zonas en donde no quieren trabajar por la falta de certeza en su camino hacia la escuela y viceversa, situación que se vive principalmente en la parte oriente y sur de la ciudad capital, pero también en otros municipios ocurre algo similar.

Francisco Flores estableció que de nada sirve que el jefe de la policía municipal diga que tiene identificadas más de 100 bandas si éstas operan impunemente, por lo que demandó un cambio de estrategias “para que esos grupos delincuenciales paguen por lo que han hecho”.

El problema de fondo es que el pandillerismo atrae a niños y jovencitos de primaria y secundaria, que pronto “aprenden” sus actitudes, principios que pueden llevarlos a ser parte de clanes criminales con todo lo que esto significa para ellos, para sus familias y la sociedad en general, por lo que se tiene que actuar ahora, en que aún hay tiempo.

ALERTA SOBRE PENSIONES

El envejecimiento de la población empuja al país a una crisis económica sin precedentes, por lo que es necesario que las y los candidatos al Senado de la República y a la Cámara de diputados den a conocer qué planes tienen al respecto.

El problema gravita en cómo afrontar un asunto que cada vez gasta más del ingreso público y que puede llevar a situaciones tan graves como las que vive actualmente Francia y similares a las que se han registrado en otros países de Europa y Sudamérica.

En un estudio de la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores (AMAC), se destacan varios puntos para atender esta situación:

– Modificar la ley que permita otorgar una pensión de jubilación universal, donde se integren los esfuerzos que se han realizado por separado en varias entidades que otorgan recursos a adultos mayores; dejar esfuerzos por separado y llevar a un ejercicio único donde las pensiones estén financiadas por impuestos; hacer planes de beneficio definido; pensión complementaria, y más impulso al ahorro voluntario.

Las razones para que los aspirantes a ser parte del Congreso de la Unión sean los encargados de delinear un plan sobre las pensiones, es porque los electos serán los encargados de crear o reformar las legislaciones correspondientes, por lo tanto desde ahora tienen que interiorizarse sobre este tema.

El cambio en el marco legal es ineludible debido a la acelerada senectud de la población mexicana y la presión que registra el gasto en pensiones para las finanzas públicas del país, por lo que es indispensable poner el tema sobre la mesa y sobre todo, que se discuta ampliamente, con datos y soluciones que permitan visualizar el México del futuro, con experiencias de los países que han logrado superar este problema, y cuyo resultado tenga que ser desde dos vertientes: la económica y la social.

Por su parte, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP, organismo de la sociedad civil), establece que la seguridad social en México ha sido generalmente entendida como un paquete de cuatro seguros: de Salud, de Riesgos del Trabajo, de Retiro, Cesantía de Edad Avanzada y Vejez, y de Invalidez y Vida.

Añade que anualmente el gobierno federal, mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), destina a las distintas entidades erogaciones para el pago de pensiones, que en conjunto estas erogaciones representan el 10.6% del PEF. El crecimiento del gasto público asignado a pensiones es una presión en las finanzas públicas, por lo que de 2007 a la fecha, el total del gasto ha sido mayor que el crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto).

La asignación destinada al programa de pensión de adultos mayores de 65 años y lo que se gasta en las instituciones dedicadas a la protección social en México, contribuye a incrementar las presiones fiscales, derivadas de pensiones, por lo que para lograr una protección de la seguridad social, de manera universal y con equidad, “será necesario evaluar la sostenibilidad de cada uno de los sistemas, con base en los beneficios que cada contrato colectivo proporciona a sus trabajadores”, recomienda el CIEP.

RENIEGA DE SU ENCARGO

La Coparmex exige refundar la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM o Conasami), al considerar que representa “uno de los mayores lastres por su opacidad y falta de procesos para lograr una política salarial con visión de corto, mediano y largo plazo”, por lo que el presidente de esa organización, Gustavo de Hoyos, demandó que “sea reorganizada, o bien refundada”. La petición se derivó de la negativa de discutir la propuesta que hizo dicha Confederación de otorgar un aumento al ingreso mínimo de los trabajadores. Se le olvida al dirigente que la CNSM se integra de un presidente, que es designado por el Presidente de la República y de un Consejo de Representantes, “con  un número igual, no menor de cinco, ni mayor de quince, de representantes propietarios y suplentes de los trabajadores sindicalizados y de los patrones, designados cada cuatro años” (artículo 555 de la Ley Federal del Trabajo), por lo tanto, si hay una queja empresarial en contra de su funcionamiento debe dirigirse a los consejeros patronales que forman parte de la citada Comisión, que tienen voz y voto en todas las decisiones.

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