David Reynoso Rivera Río

De conformidad con lo establecido por la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, desde el pasado 19 de julio entraron en vigor las reglas en materia de responsabilidades y sanciones administrativas; mismas que abarcan desde amonestaciones públicas hasta multas, despidos, suspensiones e inhabilitaciones. Si bien resultó un acierto que dentro de algunas sanciones se contemplara también a los particulares para ciertos efectos, es menester hacer del conocimiento general que dichas sanciones ya podrán entrar prácticamente en vigor; sin embargo, la parte penal de dicho sistema, no será aplicada mientras no exista el Fiscal Anticorrupción, por lo que los delitos relacionados con actos de corrupción se castigarán como hasta ahora.

Resulta lamentable que exista un sistema de estas magnitudes y del cual se esperan enormes resultados, ya que como parte de su implementación se ha obligado a las entidades federativas a replicar, crear y adecuar sistemas anticorrupción con base en los parámetros del propio sistema nacional.  Pero resulta de igual manera lamentable que al día de hoy no exista un Fiscal General Anticorrupción en el sentido de que debió de haber sido designado desde hace ya unos meses con el afán de complementar el combate a la corrupción. Si bien dicho fiscal depende orgánicamente de la Fiscalía General de la República, hoy todavía procuraduría General de la República, su nombramiento se encuentra supeditado a la aprobación y designación por parte del Senado de la República.Dentro de sus funciones como fiscalía especializada, esta tiene como propósito mejorar y colaborar en los procedimientos de prevención, investigación y sanción de los actos de corrupción que se encuentran tipificados como delito o que puedan constituir algún otro ilícito de índole penal. Al no existir dicha fiscalía, el Comité Coordinador del SNA que en teoría debería de estar ya operando, cuenta con la vacante del Fiscal Anticorrupción y se configura con los espacios restantes que son ocupados por el titular de la Secretaría de la Función Pública, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Auditoría Superior de la Federación, un miembro del Consejo de la Judicatura Federal, el titular del órgano constitucional autónomo encargado del acceso a la información y Jacqueline Peschard como presidenta del Comité de Participación Ciudadana.

En conclusión, resulta imperante que las principales fuerzas políticas del Senado de la República lleguen al acuerdo que permita dotar de vida al último eslabón pendiente de este sistema que si bien no es ni será la panacea, definitivamente abonará a que el país sea dirigido por servidores públicos capaces, honestos y transparentes; pero en caso de que irresponsables ocupen dichos lugares, estos podrán ser eficazmente castigados.

 

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