Es sumamente difícil encontrar las palabras que ayuden a reconfortar a quien tiene un familiar desaparecido. Sólo quien vive esta pesadilla puede aquilatar ese sufrimiento y el “morir poco a poco”, como lo definió una señora cuya hija tiene tiempo que está ausente.

Las autoridades únicamente aportan informes dispersos y les piden que guarden la calma, que trabajan “intensamente” para dar con el paradero de cada persona, pero los días y semanas se vuelven meses y luego años sin resultado alguno, lo que obliga a los afligidos a indagar por su cuenta en espera de lograr un resultado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) podrá pavonearse que por sus investigaciones ha podido atrapar a ladrones de viviendas, asalta-cuentahabientes, descuenteros y cualquier otra laya del bajo mundo, pero nada es más importante que encontrar a quienes un día no regresaron a su hogar.

De acuerdo al Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, hasta la penúltima semana de mayo se tenían 232 personas desaparecidas con denuncia, de lo que no hay avance alguno en las indagatorias que lleva a cabo esa dependencia.

La dirigente del colectivo, Violeta Sabás Díaz de León, lamentó el nulo apoyo para la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas, que no cuenta con los recursos necesarios y ocupa el lugar que tuvo el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), con el mismo personal y las mismas condiciones: “Nada más fue para cumplir con un compromiso que es ahora la política nacional de búsqueda, pero en los hechos es exactamente lo mismo, no hay un avance sustancial”.

Tal vez hace falta que un cercano a un funcionario de alto nivel pase por esa situación para que se entienda el dolor que se siente, aunque en este caso es casi un hecho que pondrán en acción a todos los investigadores hasta encontrar a la persona, tal como ha ocurrido cuando sufren un robo, que en cuestión de horas recuperan lo saqueado y atrapan al ladrón.

Cuantas veces acuden los familiares a informarse sobre el avance de las pesquisas, la respuesta es la misma: “hacemos el máximo esfuerzo”, sin que exista confianza de que, efectivamente, lo hacen, por lo que si no hay el capital suficiente para hacerlo por cuenta propia no queda otra opción que esperar a que la Fiscalía ofrezca un resultado.

“Son familias que en meses no han tenido ningún avance en sus procesos, entonces es muy complicado para ellas estar yendo casi diario al Ministerio Público y que la respuesta sea ‘estamos investigando’, cuando la realidad es que no hay absolutamente ningún avance”, sostuvo Violeta Sabás.

Ante este panorama, es obligatorio que los diputados del Congreso del Estado (que tanto les encanta opinar de todos los temas) se comprometan a darle un seguimiento a este problema, que presenten un informe semanal del avance que exista y además, que aprueben en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado los recursos que se requieran para que el órgano encargado de personas desaparecidas trabaje a toda marcha.

Este asunto tiene que ponerse por encima de cualquier programa gubernamental y considerarlo como de urgente y cabal resultado. Dejar atrás las declaraciones y los compromisos de saliva, que sólo hacen más desastrosa la espera de quien confía en volver a encontrar con vida a su ser querido.

CONTRA LA PARED

El costo del diesel y el robo a transporte de mercancías son de los mayores problemas que enfrentan los transportistas de carga, lo que hace que sea de las actividades más riesgosas en el país, sin que se tenga una respuesta del Gobierno Federal.

El líder estatal de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Roberto Díaz Ruiz, destacó que el año pasado las pérdidas por robo de mercancía en el país ascendieron a 92 mil millones de pesos, 15% más que el año anterior.

Lo que ha sido hurtado es de lo más variado, ya que van desde medicamentos, abarrotes, semillas y azúcar, hasta artículos electrónicos, y muchas veces se pierden también los camiones, sin embargo lo más lamentable es cuando golpean o llegan a asesinar a los choferes, que en ningún momento ofrecen resistencia ya que la instrucción es que no se enfrenten a los delincuentes.

Se ha detectado que a raíz del combate al robo de combustible se elevó en carreteras el asalto al transporte de mercancía. Durante el primer trimestre de 2019 se reportaron 3,147 robos a transporte y en marzo las empresas transportistas denunciaron 1,049 casos, un promedio de 34 robos diarios.

Díaz Ruiz, ex presidente nacional de la Canacar, señaló que las rutas más peligrosas se localizan en los estados de Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Querétaro, Veracruz, Guanajuato y Puebla.

El problema se presenta desde dos vertientes, por una parte el crimen organizado y por otra, habitantes de diversas poblaciones, que encuentran en este delito una fuente de ingresos más o menos segura.

Es un asunto que afecta por igual a todos los transportistas de carga, ya que en el caso de Aguascalientes, que prácticamente no sufre este tipo de asaltos, las unidades circulan por todo el país, por lo que están expuestas a enfrentar un atraco en cualquier lugar.

Asimismo, el dirigente subrayó que el consumo de combustible representó durante el año pasado hasta el 44% de los gastos totales, lo que se destaca en el documento “Conociendo a la industria del autotransporte de carga”, en el que se subraya que México es el segundo país con el Diesel más caro de América Latina.

Por naturaleza esto impacta fuertemente en los costos logísticos del país y en su momento golpea en el cobro del flete, que a su vez obliga a elevar el precio de las mercancías, por lo que a todos perjudica tener un carburante tan caro, sólo superado por Uruguay, en donde se vende a 1.19 dólares el litro, mientras que en México es a 1.12 dólares.

Se requiere redoblar la vigilancia en las carreteras y hacer menos costoso el precio del diesel, sólo así se podrá conservar esta industria, que es de las más importantes para México por lo que significa el traslado de mercancías de los centros de producción y abasto a las zonas de consumo.

LEGALIZAR BONO

El gobernador Martín Orozco Sandoval tiene en sus manos terminar con la incertidumbre de los profesores jubilados, que cada año tienen que guerrear para que les entreguen los dos bonos –uno en mayo y otro en diciembre-. Aunque ya anunció que en lo que resta de su administración seguirá otorgándose esta prestación, puede promover ante el Congreso del Estado para que se institucionalice. Si los señores diputados y señoras diputadas no se activan –pese a que varios de ellos pertenecen a las filas del magisterio educativo-, que sea el mandatario quien envíe el planteamiento para que deje de ser un acto a criterio del gobernante en turno, sino que el citado apoyo sea por ley o decreto y obligado a estar incluido en el Presupuesto de Egresos del Gobierno Estatal.