Salvador Rodríguez López

La experiencia vivida en su primer año de ejercicio constitucional no fue suficiente para que los miembros del Congreso local tuvieran la lucidez necesaria que permitiera determinar, que antes de aprobar el Presupuesto de Egresos del Estado 2018 era necesario reunirse con los otros poderes y organismos descentralizados para conocer sus requerimientos financieros.
Lo que hicieron fue el ya muy desgastado rito de ratificar lo que les envió la Secretaría de Finanzas y para que se dijera que sí revisaron el documento hicieron algunas correcciones, principalmente de puntuación, con lo que pasó en la sesión plenaria por mayoría de votos.
Desde hace tiempo el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Manuel Ponce Sánchez, ha informado de los pasos que se dan para implementar el nuevo sistema de justicia laboral, que a partir del año próximo queda incluido en el organigrama de los poderes judiciales de la Federación y los estados.
Para cumplir con ese mandato constitucional se requiere el financiamiento necesario, estimado por el magistrado Ponce en 67 millones de pesos, sólo para la etapa de arranque, pero en el gasto público estatal los diputados sólo aprobaron una partida de cuatro millones y el gobierno federal no contempla ningún apoyo.
Con lo autorizado únicamente podrá concretarse algunos proyectos en infraestructura, equipamiento y cursos de capacitación y especialización dirigido al personal que se encargará de estas funciones, que serán más exigentes en virtud que se cancelan los juicios interminables, los cuales llegaron a ser una mina de oro para más de un abogado que con argucias los alargaba y en sentido opuesto la ruina para no pocos negocios.
Aunque el Poder Judicial (PJ) sustituye a la Junta de Conciliación y Arbitraje, en las nuevas condiciones jurisdiccionales se partirá de cero, por lo que debe contar con las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus nuevas obligaciones, para ello está previsto contar con un edificio que significa una inversión de 25 millones de pesos, así como el equipamiento de seis salas de oralidad laboral con un costo unitario de un millón de pesos, mobiliario y equipamiento de la sede y la contratación de personal en todos sus niveles.
En la explicación que ofreció el magistrado Ponce Sánchez destacó que en los siguientes años las necesidades que demandará, tan sólo el área laboral, serán de 40 millones de pesos, a razón de 10 millones por cada uno de los cuatro juzgados especializados.
A favor de una mejor impartición de justicia laboral tendrá todo el apoyo de la estructura del PJ, lo que garantiza mayor funcionalidad, operatividad y eficacia en beneficio de las partes que intervienen en el sistema productivo, con la confianza que recibirán la atención que corresponde en tiempo y forma
El titular del Poder Judicial reiteró que la entrada en vigor de la reforma constitucional será a finales de febrero y las leyes secundarias deberán expedirlas el Congreso de la Unión en las próximas semanas, por lo que se tiene establecido que el arranque formal del nuevo sistema laboral será entre marzo y septiembre de 2018.
Lo que se observa es que la falta de recursos para la cabal observancia de esta disposición podría retrasar parte del plan que esté debidamente estructurado, dejando “para después” las exigencias que no son cosas menor, ya que se trata de asuntos que tienen que ver con la producción y la economía de las empresas y los trabajadores, que irrebatiblemente deben ser atendidos con diligencia.

ACUERDO A REFLEXIÓN

Cuando un funcionario asegura que no habrá aumento de precios o tarifas es preferible tomarlo con reserva, ya que en el momento menos esperado se procede, acompañado de una explicación que por regla general nadie acepta pero que una vez que se ha tomado la decisión no hay marcha atrás.
Por consiguiente, no se debe dar por suprimido el asunto del alza a las tarifas del transporte urbano, de taxis y las “combis”, aún cuando oficialmente se diga que “no se contempla ni se discute ajuste alguno”.
El secretario de Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial (Seguot), Armando Roque Cruz, precisó que “las áreas responsables de regulación y supervisión de este servicio, mantienen una comunicación permanente con los concesionarios”, que son, justamente, los que más presionan para que se autorice. A través de los medios han señalado que este mes o a más tardar en enero habrá nuevos cobros, aduciendo que en las actuales condiciones no pueden sostener el servicio que prestan.
“El tema de un incremento no está en este momento en discusión, por lo que no se contempla una mayor tarifa del servicio al iniciar el próximo año”, sostuvo el funcionario, palabras que recuerdan el tantas veces negado aumento y que luego llegaba, que casi siempre era autorizado un sábado para que entrara en vigor el lunes siguiente, o en el período vacacional de los estudiantes, inclusive en una ocasión fue el 31 de diciembre para ser efectivo el 1 de enero, por lo que al ser una fecha inhábil, al día siguiente tomó por sorpresa a los usuarios, pero palo dado ni Dios lo quita y no quedó otra salida que apechugar.
El propio secretario Roque Cruz le señala a los concesionarios lo que deben hacer: “primero debe haber una petición formal con argumentos y de su análisis se toma una decisión, pero por lo pronto, no hay intenciones de elevar las tarifas”.
Los argumentos que menciona son bastante conocidos por los ciudadanos, al citar camioneros, taxistas y combistas que el pago por combustible, llantas y taller mecánico, entre otros insumos, absorben casi todas sus ganancias, para ello tienen registros de ingresos y egresos que dejan patente sus razones.
En cuanto a las exigencias que deberán cumplir antes de emitir un fallo a su favor las enumeró Armando Roque, que deben llevarse a cabo la modernización “paulatina” de las unidades, la mejoría de la atención a los usuarios y el cumplimiento de los trayectos de principio a fin que establecen las rutas, lo cual, con o sin modernización, es obligatorio que se acate, pero no se hace porque históricamente el área que se encarga de vigilar esos procedimientos ha servido para ocho cosas, por lo que en todo tiempo le han hecho la faena a la autoridad.
Comprometerse a que se ceñirán a los acuerdos es de lo más fácil, tan es así que conocen al dedillo el ritual que deben recitar a la hora de firmar el documento, mismo que termina perdido en algún escrito o de plano en el cesto de la basura.
Por lo tanto, no hay que confiar que “de esta agua no beberé”, ya que el jarrito está sobre la mesa y sólo es cuestión de tiempo para que salgan con el anuncio que por el “bien superior de los aguascalentenses se tomó esta determinación, que sabemos es muy dolorosa pero necesaria para conservar estos servicios”, palabras más, palabras menos, que se han utilizado en cada ocasión. Sólo falta saber si se aplica para las tres modalidades el mismo día o lo hacen gradualmente.
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TEMA TABÚ A ESCENA

Por las declaraciones emitidas por representantes de la “izquierda” local, en las campañas políticas que tendrán lugar el año próximo exigirán que el Congreso del Estado dictamine a favor las iniciativas del aborto, la eutanasia, las uniones entre parejas del mismo sexo y la adopción por parte de las mismas, al considerar que Aguascalientes no puede quedar al margen de la corriente nacional, lo que augura un choque de trenes con los grupos conservadores que sistemáticamente se han opuesto. Será una batalla que pondrá en la vitrina a los legisladores de la “derecha”, que al ser mayoría simple no aceptarían modificaciones a la ley, pero los enfrentará con las organizaciones que apoyan este tipo de decisiones.

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