En la agenda hubo de todo, particularmente de mucha política, de pleitos internos entre las propias bancadas, comadreos y calumnias, defecciones y traiciones, por lo que la ciudadanía no extrañará a los actuales miembros de las cámaras de Senadores y Diputados, que se irán con más pena que gloria.

El 30 de abril fue el último día para que realizaran las adecuaciones al marco legal sobre varios temas, pero lo único que hicieron fue disculparse por no haber podido “aterrizar” las leyes correspondientes, sin haber importado el daño que causan al haber fallado y dejar como herencia el trabajo por el que cobraron bastante bien.

Entre los pendientes que dejan está la creación del Instituto de Conciliación y Registro Laborales y la figura del outsourcing, por lo que mayo llegó sin la reforma en materia de justicia laboral, lo que irremediablemente frena este nuevo modelo.

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Manuel Ponce Sánchez, es un experto en materia laboral y por lo mismo conoce al dedillo esta materia; de los que más pugnaron desde el año pasado para que concluyera integralmente el programa, sin embargo todo estaba en manos de senadores y diputados federales, que prefirieron la “grilla” a cumplir con sus obligaciones.

Las consecuencias no pueden ser otras que ante la falta de avance se de marcha atrás a lo alcanzado, por lo que millones de trabajadores no podrán salir de los tortuosos caminos en que por décadas han estado y lo más lamentable es que la responsabilidad recae en el Poder Legislativo, que sin pundonor alguno anunció la terminación de sus labores, quedando sólo la posibilidad de que convoquen a un período extraordinario para efectuarse antes del 31 de agosto, pero por ahora unos están más urgidos en brincar a la otra cámara y otros ver en donde aterrizan ante el desempleo que se acerca.

La reforma no ha sido cancelada expresamente por el Senado, pero el debate quedó en el limbo, por lo que quienes se oponen a parte de su contenido no pudieron expresar sus puntos de vista, principalmente el porqué la modificación plantea continuar con el mismo modelo de bajos salarios mediante la flexibilización de la figura del outsourcing y mantiene los contratos de protección, que por decenas de años han sido combatidos sin ningún resultado.

Al desacatarse el plazo para la aprobación de las leyes secundarias en materia de justicia laboral, las juntas de Conciliación y Arbitraje (federal y estatal) continuarán operando hasta que se apruebe la legislación en la que se establezca el procedimiento de transición al nuevo modelo.

Sombrío panorama es el que observa Ponce Sánchez, al deducir que “sería más compleja una contrarreforma a la Constitución, que la propia implementación, no obstante, el escenario que vive el país este año de elecciones y de sucesión en los poderes Ejecutivo y Legislativo, no da para más”.

Sostuvo que de aquí al uno de julio difícilmente se avanzará, ya que es la etapa más intensa del proceso electoral y el Congreso de la Unión le da más atención a este tema que a su propio cuaderno de pendientes.

Por lo tanto, abundó el líder del Poder Judicial, mientras no haya leyes secundarias para la reforma constitucional todo seguirá igual, por consiguiente se mantienen trabajando bajo el modelo en vigor, toda vez que “estamos atados de manos” y seguirán así mientras los legisladores federales actuales o quienes los sucedan cumplan con esta obligación.

Es importante recordar que la reforma laboral surgió en medio de una polémica, luego de que los senadores Tereso Medina, dirigente de la CTM en Coahuila, e Isaías González Cueva, secretario general de la CROC, presentaron un proyecto que considera la flexibilización de la figura del outsourcing y establece el camino para la desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje, para que en su lugar se cree un Instituto que concentre las funciones de conciliación y conflictos y realice el registro de sindicatos.

El 27 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a los artículos constitucionales 107 y 123 en materia de justicia laboral, y a partir de esa fecha los legisladores tenían un año para aprobar la ley secundaria que regularía las modificaciones a la Carta Magna y al haberse incumplido todo se frenó y así seguirá por quién sabe cuánto tiempo.

.

IRREBATIBLE

¿Qué respuesta puede haber para alguien que nació, creció y llegó a la adultez sin haber conocido algo diferente a la pobreza?

Es una situación que la vive el 46.7% de los habitantes en el estado de Aguascalientes, misma que sólo emerge en las campañas políticas, por lo que es tiempo de aplicar medidas de solución, de que además del esfuerzo de cada quien, se creen o reformen leyes que aseguren la distribución adecuada del gasto público para que el mayor número de habitantes tenga acceso a nuevos niveles de bienestar.

En la geografía estatal hay municipios en los que sus habitantes registran más carencias, como Asientos con 67.1%, San José de Gracia con 66.6%, Calvillo 61.4%, El Llano 60.6% y Tepezalá con 58.7%, lo que es posible reducir con la creación de la Ley General de Evaluación Gubernamental que proponen la candidata priísta a senadora Lorena Martínez Rodríguez y José Carlos Lozano, candidato a diputado por el Distrito Electoral Federal 02.

Aunque hay quienes no quisieran que se descorriera el velo de la pobreza extrema, por aquello de que no conviene que se sepa fuera de los límites de la entidad, es algo que se encuentra presente, tan es así que Lozano mencionó que en un rango de 1 a 10 se localiza en El Llano con 9.5, Rincón de Romos con 9.2, Asientos 8.0, San José de Gracia 7.3 y Calvillo 7.2.

Lo anterior significa que hay miles de aguascalentenses que apenas prueban una o dos comidas al día y a veces ni una, que es una muesca que se quitará hasta que se elimine ese fenómeno, por lo que la propuesta que hacen ambos abanderados es para lograr la incorporación de esos segmentos a la vida productiva y con acceso pleno a todos los servicios públicos.

Lorena Martínez explica en qué consiste el anteproyecto de Ley General de Evaluación Gubernamental: “Pocas veces se observa en este país que para ejercer un peso de presupuesto público, se gasta otro peso para administrarlo o para vigilar si su uso es correcto o incorrecto. Se busca ser lo más específicos posible en atender los problemas, que las instituciones ofrezcan atención integral, accesible y cercana a los ciudadanos. Esto requeriría modificaciones a la estructura de los programas existentes, a sus reglas de operación, así como la creación de nuevos programas que verdaderamente respondan a las necesidades”.

Más allá de quien lo proponga, lo importante es hacer perceptibles a las personas que están en los distintos rangos de pobreza, para que independientemente de que se hagan reformas constitucionales, las autoridades estatales, municipales y federales tengan presente que hay una gran deuda con ese sector de la población.

PARSIMONIA

En el juego de vencidas que están la Semarnat y los grupos defensores del Bosque de Cobos no se avizora una fecha que determine el futuro de este lugar. En la delegación de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales recalcan que no se tienen el dictamen, ya que siguen en el análisis de lo planteado durante la consulta pública. Al no haber una fecha fatal todo puede suceder, que mañana, pasado, el mes próximo o dentro de un año de a conocer el fallo, lo que para los que conocen los vericuetos de esta dependencia es señal de que ese arroz ya se coció, sólo que buscan el día apropiado para darlo a conocer. Nada halagüeño puede ser el resultado cuando se mantiene bajo siete llaves.

 

¡Participa con tu opinión!