Pese a la advertencia del catedrático de la UAA,  José Manuel López Libreros, que se requiere de un procedimiento administrativo previo al decomiso de vehículos con placas antiguas, el secretario de Finanzas del Gobierno del estado, Jaime González, ratificó que se enviará al “corralón” a las unidades que están en esa condición, para ello se apoyará en las autoridades viales y de seguridad pública.

El funcionario fundamenta la decisión en los principios de legalidad y justicia para los propietarios que de manera oportuna cumplieron con el trámite y que la normatividad en uso señala que los vehículos sólo pueden circular con placas vigentes.

Además  de la incautación de la unidad y que lo dejen a pie, el perjudicado tendrá que liquidar un recargo por cada mes de atraso, el pago de la grúa y  la pensión y como remate deberá realizar el trámite de las nuevas placas. Alrededor de 140 mil vehículos están en esta situación, por lo que finanzas estatales esperan recabar 90 millones de pesos, con lo que al final del procedimiento la totalidad de los 522 mil vehículos que están registrados porten las láminas actualizadas.

El profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes consideró que dejar fuera de circulación vehículos particulares que tengan placas de sexenios anteriores exige un procedimiento administrativo previo de la autoridad, asimismo la Constitución General de la República protege a todas las personas para que no sean molestadas en sus bienes ni en sus posesiones, lo que aún cuando este precepto no es ilimitado, sí le exige a la autoridad tener que aplicar medidas concretas para restringirlo.

Por ello, lo justo “sería emprender un procedimiento administrativo en el cual el particular pueda ser oído y vencido como preámbulo a la imposición de una sanción equivalente a desposeerlo de un automóvil en atención a que las placas que porta el vehículo están vencidas”.

En la entrevista para este Diario, López Libreros sostuvo que infaliblemente es motivo de discusión la legalidad de cualquier detención que no sea en función del mandamiento de un juez, y es que por otro lado, debemos entender que estas acciones obedezcan a planes y programas de seguridad pública, que debe ser el fin y garantía del Estado, respecto al conjunto de la población.

Si bien, añadió, el escenario muestra la necesidad de depurar y controlar el registro de vehículos, también obliga a la autoridad a que someta al particular a un régimen administrativo, dándole garantía de audiencia, sin olvidar que quienes están en esa condición “están incumpliendo leyes, y la ley tiene que ser respetada”, por lo que una vez que sea oído y vencido y no cumple con lo que dispone la legislación entonces sí procedería privarlo del bien.

La cuestión radica en que no sólo son detenidos los vehículos sino también las motocicletas, a cuyos ocupantes es les atribuye diversas faltas, como tener placas vencidas o carecer de ellas, no llevar casco protector, circular a exceso de velocidad o de manera temeraria, situación que la mayoría de las veces involucran a jóvenes que son despojados de la unidad y para recuperarla tienen que pasar casi la misma tramitación de los automotores.

Los únicos que salen ganando de todo esto son los empresarios de las grúas, ya que por cada “arrastre” cobran 500 pesos que debe pagar el propietario del vehículo, además el gobierno municipal lleva su tajada por el tiempo que el coche esté en la pensión.

APLICAR OBLIGACIONES

Una costumbre muy arraigada en candidatos y candidatas a cargos de elección popular es que, una vez que terminan las campañas se olvidan de los adeudos o de entregar comprobantes de gastos a la autoridad electoral, por lo que vienen las sanciones económicas a los partidos, que no son pesos ni tostones, mientras tanto el o la responsable se hace que la Virgen le habla.

Tal vez una manera de terminar con este problema sería exigir la entrega de una fianza al momento que se registre la candidatura, misma que será devuelta si todo salió bien, porque está visto que dejarlo a la palabra trae consecuencias funestas para el partido, y con mayor razón cuando el aspirante resulta derrotado porque casi en automático se desatiende de lo vivido.

Es una contrariedad que actualmente enfrenta Morena, al imponerle el Instituto Nacional Electoral (INE) una multa por un millón 114 mil pesos, por no haber reportado el pago de honorarios al cantante Pablo Montero en la producción de un video que grabó junto con el candidato a presidente municipal de Aguascalientes, Arturo Ávila.

Como se recordará, en plena campaña electoral aparecieron cantando a dúo, acompañados de un mariachi y ataviados con traje charro; en un momento determinado Montero dirige un mensaje que compromete a Ávila a hacer del municipio capitalino uno de los mejores. Se dijo entonces que Montero lo hizo sin cobrar un solo centavo por la amistad que tenía con el candidato.

El INE llevó a cabo las investigaciones y de ahí se desprendió que si hubo cobro por el servicio aportado, al igual que de la producción del video, de lo cual no se informó a la autoridad fiscalizadora de campañas, que en el cálculo que hizo concluyó que impondría una sanción, de lo que ya tiene conocimiento el partido.

Frente a este escenario, los morenistas pasan la charola con la esperanza de que quienes votaron por sus siglas aporten algún dinero, pero esperan que Arturo Ávila aporte la mayor cantidad posible – si no es que todo el recurso -, puesto que fue su responsabilidad lo que ocurrió, además que a lo largo del período presumió que era un empresario exitoso.

Una vez más se cumple la máxima que lo que mal empieza mal termina. En medio de una maraña de intereses internos y externos, que incluso enfrentó a la directiva local con la nacional, Ávila fue impuesto como candidato y su campaña empezó cuando sus adversarios tenían buen trecho recorrido, por lo que aún cuando se decía que contaba con la bendición de “muy arriba” no logró remontar la ventaja. Finalmente ganó la abanderada panista de manera inobjetable y aunque tardó en digerir lo registrado finalmente Ávila reconoció la derrota.

Lo que requiere Morena es aplicar normas similares a las que tiene el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que en el artículo 217, inciso quinto, de sus Estatutos, establece que las candidatas y los candidatos “entregarán al partido en los plazos que determine la ley en la materia los comprobantes que cumplan con los requisitos fiscales, así como la documentación anexa que exija la normatividad en materia de fiscalización y que compruebe el origen y el destino de los ingresos y egresos de su campaña. En caso de no hacerlo, el Comité Ejecutivo Nacional podrá actuar conforme a lo dispuesto por el artículo 218 de estos Estatutos o bien, suspender la ministración de recursos a su campaña; lo anterior sin perjuicio de que sean sujetos de responsabilidad estatutaria o acreedores a las sanciones que establezcan las sanciones legales aplicables”, normas que también deben acatar precandidatos y precandidatas, a quienes inclusive se les puede cancelar su registro.

OLVIDAN FACTOR HUMANO

Se podrá presumir el nuevo transporte urbano, porque gracias a él los usuarios reciben atención de “primer mundo”, sin embargo los padrinos de los autobuses chinos relegaron algo fundamental: las condiciones en que se encuentran los choferes durante los lapsos que están en las terminales provisionales. El líder de los operadores, Roberto Mora Márquez, denunció que en los espacios que ocupan las unidades para esperar salida  no hay sanitarios, sólo colocaron unos baños móviles en lo que fue la tienda Ley, por lo que es urgente que ya se construyan los puntos de conexión adecuados, en donde convenientemente puedan esperar salir a cumplir su itinerario.