Salvador Rodríguez López

La flexibilidad con que se manejan los estatutos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) permite la permanencia de los dirigentes por tiempo indefinido, basta que el Consejo Nacional (CN) autorice el aplazamiento en la elección del CEN o de un comité seccional para que quienes están en los cargos sigan ahí.
Como si lo anterior no fuera suficiente, de haber retiro provisional o ausencia definitiva del dirigente titular, se nombra un “delegado especial”, que no tiene temporalidad en el cargo y tampoco la obligación de convocar a elecciones sino hasta que lo decidan a nivel central.
En estas condiciones, el potosino José Luis Briones Briseño fue designado el 13 de abril del presente año como encargado de la Sección Uno, en lugar del secretario general Mario Armando Valdez Herrera, quien solicitó licencia “indefinida” al ser nombrado candidato a diputado local por el distrito XIV por el Partido Nueva Alianza. Briones ya se encontraba en Aguascalientes desde el 18 de octubre de 2017 como representante del CEN por lo que su nombramiento sólo cambió de nominación.
Como miembro del CEN, al lado de Juan Díaz de la Torre, que hasta hace unas semanas fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Briones Briseño siguió la línea de defender la reforma educativa aplicada durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, pero ahora que entró en funciones el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, corrigió el rumbo, al citar que en función de los acuerdos del CN, se brinda el apoyo del magisterio a la nueva administración y al “fortalecimiento de la educación pública de calidad con equidad para todos” y para que no quede duda subrayó que “el SNTE rechaza la sola transformación administrativa, punitiva y cosmética que se realizó en años pasados”, además de que profesores y profesoras están comprometidos a colaborar con la administración entrante “en la enorme y trascendente tarea para construir el acuerdo nacional sobre la educación”.
El “delegado especial” dio a conocer que por decisión del CEN, su período al frente de la Sección Uno de Aguascalientes “se amplía”, sin que se tenga una fecha de conclusión, por consiguiente aquellos y aquellas que aspiraban a liderar la organización o ser parte del comité ejecutivo tendrán que esperar por quien sabe cuanto tiempo.
También mencionó que la ex dirigente Elba Esther Gordillo “no puede regresar ni estatutariamente ni jurídicamente” a la dirigencia nacional del SNTE, no obstante que como secretario general del Sindicato en San Luis Potosí fue en la época de esplendor de la mexiquense, cuando ambos militaban en el PRI, que luego cambiaron a Nueva Alianza al crear Gordillo Morales este partido.
La permanencia de José Luis Briones es parte de las acciones que lleva a cabo el nuevo secretario general del CEN, Alfonso Cepeda Salas, que sustituyó a Juan Díaz de la Torre luego de que solicitó licencia definitiva, al afirmar que permanecerá en la dirigencia nacional hasta febrero de 2024 ya que los cargos sindicales son irrenunciables, por lo que descartó hacerlo antes, como lo exige la organización Maestros por México (MxM), grupo al que se relaciona con la señora Gordillo.
A nivel nacional y local el SNTE es de las organizaciones más atractivas para el mundillo político y dentro del sindicalismo es de las más fuertes, considerada la más importante en América Latina, por lo que es normal que exista una disputa tan intensa por hacerse del mando, sin embargo la imagen se deteriora cuando no hay apego a las prácticas democráticas que han sido su principal atributo.

EN APRIETOS
Los transportistas de carga se encuentran en una encrucijada, ante las acometidas de la delincuencia organizada y las débiles medidas de las autoridades para acabar con este flagelo, señaló el presidente en Aguascalientes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Roberto Díaz Ruiz.
Dijo que en innumerables ocasiones han expresado su preocupación por lo que ocurre a lo largo y ancho del país sin que sus voces sean escuchadas, lo que este año ha llegado a una cifra récord de 9 mil 800 unidades, entre enero y octubre, por lo que exigen que se apliquen medidas más fuertes para dar solución a la inseguridad y que el robo a transporte de carga terrestre y ferroviario se convierta en delito grave.
Sólo así, con sanciones más severas, se podrá desalentar la comisión de estos delitos que afectan a las empresas y que ha provocado que antes más de 20 compañías de seguros ofrecían la cobertura de riesgos para el autotransporte, hoy apenas llegan a tres y esto ocasiona un enorme gasto en operación.
Como resultado de la inseguridad aumentaron los costos de operación directos, tanto por los incrementos de los seguros como de las pérdidas; hay tramos carreteros en que es materialmente imposible circular de noche, por lo que se tiene que hacer el recorrido de día, lo que disminuye la competitividad en materia logística.
Los propietarios de las unidades tienen que estar conscientes de que hay zonas muy peligrosas, lo que obliga a tomar dobles medidas de seguridad para evitar riesgos, principalmente cuidar la integridad de los conductores, después la mercancía y los activos
El ex líder nacional de la Canacar sostuvo que entre 2012 y 2018 hay un crecimiento de 169% en este tipo de delitos, y del año pasado al actual se tiene un incremento de 90% de asaltos, con todo lo que significa para el sector.
Por lo anterior es urgente que el Congreso de la Unión tome cartas en el asunto y legisle como delito grave el asalto al transporte de carga y que sea en cualquiera de sus modalidades, tanto el robo de mercancía como de los vehículos y crezca la penalidad si se atenta contra la integridad del chofer, de igual manera que se considere el mismo nivel tratándose de los trenes, que en los últimos años han sido blanco del crimen organizado, llegándose al grado de descarrilarlos.
En septiembre pasado entraron en funciones las cámaras de Diputados y Senadores, por lo que sus integrantes están a tiempo de evitar el colapso económico de dos de los servicios de carga más importantes con que cuenta el país y de los que dependen miles de familias, además de lo que representa para la población en general la distribución de los productos.
Aunque Díaz Ruiz nunca ha hablado de reducir rutas, es una posibilidad que está latente de continuar las agresiones, porque a nadie le conviene seguir arriesgando su dinero en una actividad de suyo peligrosa.

PARA REFLEXIONAR
La analista del sector energético de Moody’s, Nymia Almedia, declaró ante El Universal que el actual gobierno cuenta con un colchón crediticio, que el gobierno de Enrique Peña Nieto dejó al cierre del sexenio, sin embargo podría terminarse en 2019. “La administración de Andrés Manuel López Obrador arranca con un punto de partida bastante sólido desde el lado fiscal. Es el legado de Peña Nieto. Las cuentas fiscales se encuentran en una posición robusta, las cifras de deuda fiscal está en una posición bastante cómoda”. Este punto de vista refuerza lo expresado por EPN, que dejaba unas finanzas públicas sólidas y con una deuda manejable. Moody’s Investors Service aseguró que no está en peligro ni en juego el grado de inversión de Mexico, puesto que el nuevo gobierno se beneficia del legado de fortaleza fiscal de la anterior administración, al dejar una especie de “colchón crediticio”en el corto plazo, por lo que el futuro dependerá de cómo se manejen las políticas públicas y macro fiscal del país.