El tercer milenio se ha caracterizado por tratar de rescatar una de las grandes demandas de todos los tiempos: los derechos laborales, que además de ser un acto obligado de quien lo debe proporcionar, es un asunto de elemental justicia social.

Dentro de toda la escala de empleos, hay uno que sobresale entre los demás, por ser el que no tiene acceso a ninguna de las prestaciones que señala la Ley Federal del Trabajo y es el que se desempeña en los partidos políticos. Sí, esos organismos que a través de sus dirigentes y legisladores están prestos para salir en defensa de los trabajadores, pero que son los primeros en retorcer la normatividad jurídica.

Es un tema que  surge periódicamente cuando alguien denuncia el despido de que fue objeto y señala las condiciones en que laboraba. Hasta hace pocos años se les catalogaba como “colaboradores”, por lo que la paga era una “compensación”, lo que ahora se conoce como “salarios asimilados”, que para el caso es lo mismo, ya que son simples subterfugios para eludir la ley, toda vez que tienen un horario de entrada y de salida y están bajo las órdenes de alguien, consecuentemente están en las iguales condiciones que cualquier otro trabajador.

Arropados en esta etiqueta, los partidos le niegan a su personal inscribirlos en el Seguro Social (IMSS), Infonavit y el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), por lo que tampoco tienen antigüedad laboral ni pueden acceder a un crédito para vivienda, situación que también impacta a sus dependientes económicos al no recibir atención médica.

En Aguascalientes hay un número elevado de casos de presiones que han recibido para que renuncien y aún cuando tuvieran varios años de servicio hubo rechazo de pagarles al menos la indemnización, con el argumento que no había un escrito que convalidara la relación obrero-patronal.

Este asunto volvió a cobrar vigencia con la pérdida del registro de los partidos Nueva Alianza y Encuentro Social, tras no haber obtenido ni siquiera un mínimo de 3% de los votos en los recientes comicios nacionales. Es tan blanda la ley que brinda la oportunidad, de que bastaba con que hubieran obtenido ese 3% en una de las tres elecciones que tuvieron lugar (a presidente de la República, senadores y diputados), pero en ninguna lograron alcanzar el limite.

Ante ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) les retiró el registro y dispuso que se lleve a cabo el proceso de liquidación de Nueva Alianza y el PES, lo que, en primer término, significa la retención de los recursos públicos que deberían recibir en lo que resta del año para que forme parte del pago que tiene que hacerse por los compromisos contraídos.

Nueva Alianza asegura que no tiene pendientes fiscales, créditos hipotecarios o bancarios ni adeudos con el IMSS e Infonavit, debido a que mantuvo a su personal bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, sin beneficios laborales que le obligara a afiliarlos a algunos de estos institutos.

Por su parte el PES tiene en el comité nacional una nómina de 148 personas, todas bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, por lo que, dado que no les dio derechos laborales, no tiene pendientes con el IMSS e Infonavit.

Asimismo, los dos partidos eludieron el pago al SAR, por lo que el tiempo que el personal estuvo ahí no existe en su vida laboral y por lo mismo será más difícil que logre una pensión en el IMSS por motivo de antigüedad.

Los diputados del PES y Nueva Alianza exigen respeto a las libertades de los ciudadanos y vapulean a personas, empresas, gobiernos, etc., que actúan en contra de los derechos de los trabajadores, no mencionan que son los primeros en violarlos. Es el clásico candil de la calle que esconde bajo la alfombra su putrefacción mental, para pasar ante los demás como justicieros sociales.

Con la epidemia de reformitas que invade el Congreso de la Unión, debería aprovecharse para que se incluya en las leyes electoral y laboral la obligación de los partidos políticos de otorgar todos los derechos a sus trabajadores, lo que dicho sea de paso es un absurdo que en pleno 2018 se trate de aplicar lo que aprobó el Constituyente en 1917.

AGUA A SU MOLINO

Las demandas de los trabajadores de Nissan son aprovechadas por una agrupación para tratar de arrebatarle la titularidad sindical a la Federación de Trabajadores de Aguascalientes (FTA), que la ha tenido desde 1982, bajo el razonamiento que requieren de alguien que los represente de un modo diferente.

Aprovechar el momento para meter la mano es una práctica común en los organismos para aumentar su membresía, por lo que utilizan toda clase de maquinación en vías de alcanzar su propósito, en donde lo que menos importa son los obreros, ya que para ellos es un número que agrandará sus ingresos, vía las cuotas.

Como se ha mencionado en otras colaboraciones, hablar de Nissan como empleadora es fundamental en la ciudad y el estado, ya que es la empresa líder de la inversión nacional y extranjera que lleva tras de sí a miles de puestos de trabajo de las firmas proveedoras, lo que la convierte en un platillo sindical muy apetitoso.

El despido de un trabajador se pretende utilizar como punta de lanza para desincorporar a la representación obrera de la FTA, que entre las dos plantas armadoras encarnan alrededor de 10 mil personas, aparte de los casi 23 mil que laboran en las empresas suministradoras.

Se desconoce quién mueve los hilos, porque alguien debe estar atrás de ese propósito, sin entender que esto puede derivar en una confrontación entre centrales, lo que de suceder provocaría la pérdida de la paz laboral que tanto se promueve allende las fronteras para atraer inversiones.

Está claro que aun cuando no existe una “declaración de guerra” la filial cetemista no va a rendir plaza, por lo que si hay tardanza en atajar las desavenencias podría derivar en un descontento social que lleve a otros escenarios y aun más lamentables.

Para la FTA la joya de la corona lo representa el sindicato de Nissan, por lo que es su derecho luchar por conservar la representación, además, no está por recordar que hay marcadas diferencias entre la forma de actuar de esta Federación y quien intenta despojarle del liderato.

En la Federación de Trabajadores hay elección de dirigentes en apego a sus estatutos, con un procedimiento abierto y que es vigilado por las autoridades respectivas, mientras que la otra agrupación se hizo al estilo Napito Gómez, esto es, por herencia tras el fallecimiento del titular, de ahí que en toda su historia local sólo ha tenido dos dirigentes.

En el mundo sindical es conocido la manera en que funciona la FTA, de lo que en varias ocasiones se ha denunciado Con Usted, pero no se puede negar que no se sale del marco legal, por lo que en lo que cabe sabe mantener la potestad entre sus correligionarios.

MIRAR HACIA ADENTRO.

En una época de constantes cambios en la colectividad, los líderes del empresariado deben trabajar más en atender las demandas de su gente, sin que por ello descuide los asuntos que atañen a la sociedad en general. Se ha hecho costumbre que se involucren en cuestiones políticas y sociales, como las exigencias de los usuarios del transporte urbano y en cuestiones de movilidad, olvidándose que en primer término está su gremio, donde hay asuntos de la mayor trascendencia, como los fiscales, económicos, crediticios y laborales, entre otros, que requieren de su atención para defender, consolidar o hacer crecer la inversión. Los tiempos actuales exigen enfocar todo el esfuerzo al propio círculo y si de rebote llega la oportunidad de entrar el medio político es porque supo cumplir con su medio medular.