Actualmente no existen mecanismos de revisión sobre el cumplimiento de los planes de desarrollo en forma acumulativa o al cierre del ciclo, lo que implica que, de facto, los distintos órdenes de Gobierno pueden cumplir o no cumplir con sus objetivos propuestos.
Con ello se fomenta la negligencia de las autoridades estatales y municipales, pues no hay garantías ni consecuencias cuando los planes se queden a medias por desidia.
Además, ahora la revisión se lleva a cabo por el Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación, cuando debería ser externa para darle más independencia.
Ante ello, la legisladora local Citlalli Rodríguez propuso ayer, en sesión plenaria del Congreso, una iniciativa para revisar los planes y programas de Gobierno, un instrumento que coadyuve en la rendición de cuentas para la ciudadanía.
“Los planes y programas están creados para darle rumbo a los dineros públicos, evitar la improvisación y el despilfarro precisamente por la falta de previsión, para que ningún gobernante ya encaminado en sus trabajos, modifique su estructura o sus objetivos y metas. Por ello, es fundamental medir el cumplimiento de metas y objetivos, y verificar desde lo institucional, aquello que se prometió por los candidatos y partidos a través de las plataformas y las campañas político-electorales.
La legisladora se pronunció a favor de las siguientes reglas de evaluación: que sea ejecutada por el Órgano Superior de Fiscalización; que se lleve a cabo una vez que el periodo para el que fue emitido el documento de planeación haya fenecido; y que se emita un dictamen por el OSF, donde señale si se cumplió o no con los objetivos y metas propuestos en los respectivos planes y programas.
En este dictamen, el ente de fiscalización externa podrá emitir recomendaciones no vinculatorias, para no invadir la esfera competencial del Ejecutivo.
Refirió que por ahora, la auditoría y fiscalización que se lleva a cabo a los distintos sujetos gubernamentales, es con base en un año calendario o ejercicio fiscal, pero no sobre una administración completa, ya sea de sexenio (en caso del gobernador) o de trienio (los alcaldes), por lo que la sociedad no puede saber si se cumplieron o no los objetivos propuestos.
“Se revisaría cada plan una vez que el periodo para el que fue emitido haya fenecido, siguiendo las directrices de auditoría al desempeño; además, se emitiría un dictamen donde se señale si se cumplió o no con los objetivos y metas propuestos; lo más trascendental es que nuestros votantes sepan si, después de tres o seis años, sus gobernantes sirvieron para algo”, repuso.
Recordó que la Carta Magna establece en su artículo 26 Párrafo A, la planeación democrática, y la Constitución local por su parte, regula en el artículo 7-A lo referente al establecimiento de los derroteros de toda la acción gubernamental con el fin de generar el bien común.
La planeación es un mecanismo de dirección que no necesariamente tiene que tener resultados exactos, pues implica que durante la marcha se hagan los ajustes atendiendo a las condiciones propias del entorno. Sin embargo, los resultados sí deben estar cercanos a lo programado, pues de otra forma la planeación no sería sino una simulación.