Ana Silvia Lozano Galindo
El Heraldo

La justicia laboral continúa en el limbo; la constitución mandata que los poderes judiciales la conozcan y resuelvan, pero el Congreso de la Unión no acaba de determinar en leyes secundarias cómo y a partir de cuándo, señaló el magistrado Juan Manuel Ponce Sánchez.
Como especialista en el tema, comentó que esta agenda permanece estancada y si bien se han señalado algunas ideas aisladas por parte de la actual Secretaría del Trabajo, en el sentido de que se retomará el tema a la brevedad, lo cierto es que no hay avances.
Esto a pesar de que el próximo 25 de febrero se cumplirán dos años de haberse promulgado la reforma constitucional en la materia, que estableció un término de 12 meses para contar con leyes secundarias y entrar en vigor en todo el país el nuevo modelo de justicia laboral.
“Actualmente persiste la idea de que la impartición de justicia en el ámbito del tema laboral sea a través de los poderes judiciales, es decir, no se ha planteado alguna contrarreforma”, explicó.
Recordó que la última iniciativa que llegó al Congreso de la Unión de la anterior legislatura federal, a final de cuentas ya no continuó porque en el Senado se ordenó que todas quedaran como dictámenes archivados, hasta un nuevo dictamen, pero éste a la fecha no se ha presentado aún.
Ponce Sánchez recalcó que el estancamiento del tema no es cualquier cosa, pues se trata nada más y nada menos que de uno de los temas fundamentales para el desarrollo del país y por ello tiene que abordarse lo antes posible; “ojalá los legisladores lo entiendan”, acotó.
Mientras tanto, las juntas de conciliación y arbitraje quedaron de alguna manera sin impulso, pues como lo que dictó la Constitución fue que en febrero del 2018 todo cambiaría, “hasta las achicaron”.
Eso sucedió en los estados y en la Federación, pero mientras no haya leyes secundarias y se establezcan las nuevas reglas del sistema procesal laboral, no habrá otra vía más que las propias juntas para arreglar todas las controversias entre patrones y trabajadores.
Se requiere avance en ese ámbito como también que se dé seguimiento a la materia procesal civil y familiar, tan importantes todas para la impartición de la justicia a la ciudadanía.