Por: Octavio Díaz García de León

Twitter: @octaviodiazg

La semana pasada terminé mi artículo con el siguiente comentario: “El gran reto será poner a trabajar el SNA (Sistema Nacional Anticorrupción) y que dé resultados. Esto puede tomar muchos años, pero no es necesario esperar. Con las instituciones y leyes que se tienen hoy en día se puede combatir la corrupción sin esperar a que entre en funcionamiento esta complicada estructura del SNA. Solo hace falta voluntad.”

Esto mismo lo he venido repitiendo en esta columna desde hace años porque para combatir la corrupción no era necesario crear nuevas leyes e instituciones. Sin demeritar que las reformas anticorrupción son importantes y, si llegan a funcionar, se podrá combatir la corrupción mejor, lo más destacable de estas reformas es que muestran el hartazgo de la sociedad. Las ONG, los empresarios y los académicos encontraron eco en más de medio millón de personas para proponer una iniciativa de Ley en contra de la corrupción.

Ya se empieza a vislumbrar que sí se puede hacer algo contra la corrupción sin necesidad de esperar. Noticias alentadoras abonan en este sentido:

  • El Consejero Jurídico de la Presidencia, a través de la PGR, impulsó una controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra de los Congresos de Veracruz y Quintana Roo, así como a sus respectivos gobernadores Javier Duarte y Roberto Borge, por la aprobación de las recientes leyes anticorrupción “a modo” en esos estados, hechas para proteger a funcionarios salientes.
  • El pasado miércoles 27 de julio el periódico Reforma informó que la PGR estaba ya investigando las propiedades del gobernador de Veracruz y de toda su red de vínculos y prestanombres.
  • En Nuevo León, el organismo anticorrupción de esa entidad ya está investigando al ex gobernador Medina y procesando a varios de sus funcionarios.
  • A nivel federal, el ex director de la empresa paraestatal Exportadora de Sal, Jorge López Portillo Basave, nombrado al inicio de esta administración, fue inhabilitado por más de 10 años y multado con 11.25 millones de pesos.

Esto es una señal de que sí hay interés por combatir la corrupción en los hechos y no sólo a través de propuestas legislativas complicadas que tardarán años en dar resultados. Otra señal importante será el qué tan independientes resulten el próximo Secretario de la Función Pública (SFP), el Fiscal Anticorrupción y los titulares de los Órganos Internos de Control (OIC). En el caso de los OIC las nuevas leyes anticorrupción prevén fortalecer su profesionalización, pero deberán sobre todo fortalecer su independencia.  Hay que recordar que la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal del 2 de enero de 2013, desapareció a los OIC, creando Unidades de Auditoría Preventiva cuyos titulares serían nombrados por los titulares de las secretarías y de las paraestatales.  Como esta reforma quedó en suspenso, en la práctica lo que sucedió es que los titulares de las secretarías, de la PGR y de las paraestatales, nombraron a los titulares de sus OIC y la SFP, que sólo expidió sus nombramientos. Esto ha tenido el inconveniente de quitarle independencia y credibilidad a esos órganos, debilitar su capacidad para combatir la corrupción al interior de sus instituciones y disminuir su eficacia fiscalizadora y para sancionar servidores públicos. Con la nueva reforma habrá que ver si se revierte esta situación y se les da independencia.

Existen herramientas para combatir la corrupción, las cuales ya se pueden usar como demuestran los casos mencionados. Las autoridades investigadoras de actos de corrupción cuentan con las siguientes herramientas:

  1. Lavado de dinero. La corrupción requiere realizar movimientos de bienes y fondos que se ocultan. La Secretaría de Hacienda cuenta con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dedicada a detectar manejos ilícitos de fondos.
  2. Red de vínculos. La gran corrupción la realizan grupos de funcionarios y empresarios coludidos. Los organismos de inteligencia civil, el CISEN (SEGOB) y el CENAPI (PGR) tienen capacidad para establecer las redes de vínculos de los investigados y obtener información sobre sus nexos y operaciones. También la SFP cuenta con un área especializada para realizar estas labores.
  3. Auditorías. Aunque no están enfocadas a detectar actos de corrupción, son una buena herramienta para descubrir malos manejos.
  4. Responsabilidades a Servidores Públicos. La Ley de Responsabilidades vigente (la nueva todavía no entra en vigor) prevé sanciones a servidores públicos. Algunas de las conductas que allí se tipifican se pueden caracterizar como actos de corrupción, aunque no tengan ese nombre, y por lo tanto, se puede sancionar la corrupción.
  5. Delitos cometidos por servidores. El Código Penal Federal con las reformas recientes (aunque ya desde antes estaban tipificadas algunas de estas conductas) ya prevé también sancionar como delitos, actos de corrupción.
  6. Declaraciones patrimoniales. La SFP tiene una enorme base de datos de declaraciones patrimoniales de servidores públicos del gobierno federal que puede servir para revisar la evolución patrimonial de aquellos que se sospecha se enriquecieron inexplicablemente.

Estas son algunas de las muchas herramientas que hoy en día existen y están a la disposición de las autoridades investigadoras para perseguir actos de corrupción. Como lo ha demostrado el gobierno federal y el gobierno de Nuevo León, no es necesario esperar para combatir la corrupción. Se podía combatir la corrupción desde hace años y se puede hoy. Es urgente poner manos a la obra.

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