No hay razón para que se siga aplicando el Impuesto Sobre la Nómina (ISN), si no se cumplió con el objetivo original de apoyo a proyectos productivos y fortalecimiento a las empresas, destacó Humberto Martínez Guerra.

Ponderó la iniciativa de la diputada Citlalli Rodríguez González de eliminar ese gravamen, que perdió la esencia de su creación, a la vez que cuestionó que la bancada panista haya rechazado la propuesta, dándole la escalda al sector productivo.

El consejero empresarial refirió que de origen se creó un comité integrado por ciudadanos y funcionarios de Gobierno, que debían avalar los proyectos a impulsar con esos recursos, pero luego con el paso de los años se perdió el objetivo y el recurso se destinó para todo, menos para lo que debía ser.

Ahora, el Gobierno no está dispuesto a dejar ese ingreso, cuando pudiera compensarlo con sueldos menos onerosos para la élite burocrática y eliminando gastos superfluos; “ya es tiempo de que el sector oficial se apriete el cinturón y no únicamente el resto de los sectores”.

También es lamentable, dijo, que líderes empresariales nada hagan por el sector, no se atreven a salir en su defensa; el Consejo Coordinador Empresarial se hace de la vista gorda y prefiere guardar silencio sepulcral, con tal de quedar bien con el Gobierno.

Retomando el tema del Congreso, habló de la desfachatez de quien vela por sus intereses y quiere reelegirse; adelantó que sin duda, en campaña, prometerán a la IP estímulos fiscales, pero ya nadie les cree; su actuación se verá reflejada en las urnas, advirtió.

La IP tiene derecho a saber en qué se gasta la recaudación del ISN, y los responsables deben emitir un informe pormenorizado, pues de lo contrario, debe eliminarse ese impuesto.

La administración pública está obligada a manejarse con austeridad, porque del dinero que maneja es del pueblo, vía pago de impuestos y debe mantenerse informada a la ciudadanía sobre en qué se gasta su dinero.

Finalmente, Martínez Guerra destacó que los gobiernos de cualquier nivel, están obligados a realizar una revisión interna y reducir presupuestos de programas sin impacto social.

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