El secretario general de Gobierno, Enrique Morán Faz, dejó en claro que el libramiento carretero poniente sí se concluirá; en caso de que los concesionarios actuales no cumplan con las exigencias de ley, se procederá a cancelar la concesión, lo que implica indemnizar a los empresarios y volver a licitar la obra, a través de una nueva convocatoria.

Explicó que como parte del procedimiento, se cuenta con 10 días hábiles para responder a los señalamientos que hagan los concesionarios.

“El problema radica en que los empresarios modificaron los términos de la concesión; hicieron un cambio de socios en la constitución de accionarios, empezaron cuatro y ahora son tres; inicialmente había equidad en las acciones, y ahora uno de ellos cuenta con el 70%”, añadió.

Además, no presentaron la fianza que se exigía, y no se constituyó un fideicomiso que establecía el propio título de concesión.

Una vez que se validen con los peritos las pruebas que aporten, se emitirá la resolución, lo que estimó sucederá a mediados de septiembre y confió en que la obra pueda entregarse antes de que concluya el sexenio federal.

“De llegarse al procedimiento de cancelación, habrá una indemnización justa”, repuso.

FIATS NOTARIALES. Y sobre el status de los nuevos fiats, señaló que ocho están en litigio desde inicios del 2017; dos se ellos subieron hasta la Suprema Corte de Justicia, que determinó se revisaran y están por resolverse aquí, en la Sala Administrativa; los seis restantes, se encuentran en diferentes instancias de juzgados colegiados, todos en proceso y litigio. Ninguno se ha cancelado, aunque probablemente uno ya no recurra y de ser así, quedará sin efecto ese fiat.

Asimismo, dijo que hay como seis o siete licencias, por cuestiones familiares y de otro tipo, y de no continuar con esa responsabilidad, se reasignarán conforme lo marca la ley, ya que las notarías no pueden dejarse en testamento. De las nuevas, dos ya están en funcionamiento, las de de Roberto José Arellano Crespo y Alberto Solís Farías.