Fernando López Gutiérrez

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@ferlog14

Los procesos de selección y registro de los diversos candidatos para las elecciones del 2015 han intensificado las actividades al interior de los diversos partidos políticos y captado ampliamente la atención de la opinión pública. El contexto actual y las particularidades de los próximos comicios —cuyo origen se encuentra en el contenido de la reforma político-electoral aprobada el año pasado— hacen que la presente etapa tenga una importancia fundamental en las decisiones que se ejercen con miras a las votaciones del 7 de junio (y del 19 de julio para la elección de diputados federales y ayuntamientos en el estado de Chiapas).

Quienes participan en la determinación de los perfiles para contender por el cargo de presidentes municipales, diputados locales y diputados federales, así como los aspirantes a ocupar dichos puestos, están conscientes de que, por primera vez en el México posrevolucionario, existe la posibilidad de reelegirse para los que asuman dicha responsabilidad. Las candidaturas que se están concretando implican la oportunidad para quienes lleguen a ser diputados al Congreso de la Unión y a los congresos locales de mantenerse en el puesto hasta por cuatro periodos consecutivos; para aquellos que sean electos como alcaldes, de postularse para un periodo adicional (con excepción de aquellos casos en los que el periodo de gobierno sea mayor a los tres años).

Un aspecto más a tomar en cuenta es que los partidos deben cumplir con la postulación de 50 por ciento de candidaturas para mujeres a las legislaturas locales y federal, con la finalidad de garantizar la paridad entre los géneros. Debido a la tendencia histórica de postulaciones de candidatos hombres, dicha condición constituye un factor estratégico a considerar y un motivo de intensa negociación política en el proceso de selección.

Aunque la apertura para el registro de candidaturas independientes tendría un impacto limitado en las decisiones de los partidos, en los casos particulares de militantes o ciudadanos en general, con elevada capacidad económica o un respaldo popular importante, podría ser un factor determinante en la selección de los candidatos a contender para los cargos de elección.

Otra característica central del presente proceso es la participación de los dos nuevos partidos políticos y la cuota establecida para el mantenimiento del registro de cada uno de ellos y de los ya existentes (la cual se incrementó al pasar del dos al tres por ciento, como mínimo, del porcentaje total de la población). Estos elementos habrán de jugar un papel fundamental para la realización de alianzas en distritos específicos y se vincularán con las decisiones de las candidaturas.

Todos los factores mencionados, así como otros relacionados con la forma en que participan las autoridades y que también se incluyen en la reforma política, intervienen en el desarrollo de la etapa que hoy observamos. Desde sus visiones particulares, rutinas y mecanismos institucionales, los diferentes partidos viven un proceso en el que, considerando las características específicas de cada estado o región, buscan escoger a quienes puedan ofrecerles mejores resultados.

Partiendo de la idea de que la consideración de mayor cantidad de variables para la postulación de candidatos incrementa la revisión de alternativas y la competencia política, podemos afirmar que la incertidumbre que se vive en el proceso de preselección de candidatos es una buena noticia. Sin embargo, el mejor instrumento para incentivar que las decisiones de los partidos sean correctas en cuanto a la determinación de sus candidatos, es la revisión que de ellas realice la ciudadanía. Entre mayor sea nuestro interés en el proceso electoral y más amplia la información que tengamos como electores, mejores serán las alternativas que nuestro sistema democrático presente para el desarrollo de nuestro país.