Por Octavio Díaz García de León

Twitter: @octaviodiazg

En las novelas de detectives, una de las recomendaciones para resolver el misterio que plantea su trama suele ser “busca a la mujer” (Cherchez la femme) implicando que detrás de cualquier problema o misterio, la causa suele ser una dama. En los misterios que rodean a la corrupción, un buen lugar por dónde empezar es “seguir al dinero” (aunque no es mala idea buscar también a la dama).

Por su naturaleza, el dinero de la corrupción no desfila a la vista de todo mundo, pero deja huella. Aunque los actos de corrupción se intentan disimular y se les suele representar como una acción “en lo oscurito”, “por debajo de la mesa”, con un billete escondido en la mano al saludar o un favor discreto para ayudar al amigo a cambio de un dinero, de alguna manera la corrupción se deja entrever y por ello los investigadores de actos de corrupción, requieren tener la habilidad para detectar esas señales que indican que los ingresos del personaje no concuerdan con sus gastos para investigarlos a fondo.

Desde luego no se puede ocultar totalmente el dinero producto de la corrupción. ¿Para qué robar dinero si no se puede usar para comprar todo tipo de cosas o para darse vida de rey en viajes de lujo o para tirar el dinero en los mejores casinos del mundo? ¿Qué caso tendría dedicar el ingenio y arriesgar (no mucho, por cierto) el pellejo sólo para guardar el dinero bajo el colchón?

En este sentido, las leyes de transparencia son un auxiliar para que la sociedad pueda conocer si los funcionarios públicos viven de manera congruente con sus ingresos. Por ello son importantes las iniciativas que piden publicitar los ingresos y los bienes que tienen los funcionarios públicos. Claro, esto no sirve si no hay una sociedad observante de estos comportamientos irregulares de los funcionarios que denuncie los comportamientos sospechosos, de alguien que verifique que lo que declaran los funcionarios sea cierto y de la existencia de autoridades competentes dispuestas a investigar a fondo.

Desafortunadamente, son pocas las denuncias ciudadanas respecto a fortunas que surgen aparentemente de la nada, o bien éstas no tienen consecuencias porque no se investigan apropiadamente. Afortunadamente, los periodistas sí usan las leyes de transparencia y son quienes con más fuerza han denunciado actos de corrupción. Falta una respuesta más contundente de las autoridades ante estas denuncias.

Si bien el papel de los ciudadanos es importante, serán los investigadores especializados en temas de corrupción quienes deberán ser capaces de descubrir las rutas del dinero mal habido y procesar a los presuntos culpables. Para ello, sus investigaciones deberán desarrollarse en torno a aspectos tales como:

Movimientos de dinero. La Secretaría de Hacienda (SHCP) a través del Sistema de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera, tiene todas las herramientas para detectar movimientos sospechosos de dinero. Si bien la SHCP no es parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, sería conveniente que proporcione todas las facilidades para tener acceso a la información financiera de funcionarios que se sospeche realizan actos de corrupción.

Adquisición de bienes. Para identificar movimientos ilícitos en materia de adquisición de inmuebles hace falta tener acceso a los registros públicos de la propiedad para identificar las propiedades no sólo de los funcionarios, sino de su red de vínculos. Armar una red de vínculos requerirá realizar labores de inteligencia, pero el conocer estas redes es una herramienta indispensable para seguir la pista del dinero. También se deberán aplicar técnicas para la detección de operaciones de lavado de dinero. Los corruptos en realidad no se distinguen de los delincuentes de otro tipo: realizan sus fechorías para obtener recursos que luego intentan legitimar mediante el lavado.

Por lo que respecta a la adquisición de otro tipo de bienes tales como automóviles, yates o aviones, habrá que recurrir a los registros gubernamentales respectivos para ver si son propiedad de los funcionarios o de su red de vínculos. En el caso de joyas, obras de arte y metales preciosos, se deberían establecer mecanismos para reportar operaciones de compra/venta que por su cuantía se pudieran clasificar como operaciones relevantes, tal y como se hace con los movimientos bancarios. Podrían ser, por ejemplo, aquellas operaciones con montos superiores a los 100 mil pesos.

Inversión en empresas. Se deberán investigar las actividades empresariales de los funcionarios y sus redes de vínculos consultando los registros públicos de comercio, sus actividades mediante sus declaraciones fiscales y ver si tienen actividades legítimas a través de las cámaras industriales y de comercio.

Una de las grandes motivaciones de las personas que se corrompen es el obtener dinero y bienes para su uso personal. Para detectar casos de corrupción, se requiere seguir la pista del dinero y sus transformaciones en bienes de todo tipo. Por ello, sería conveniente que la Secretaría Ejecutiva del SNA, así como las nuevas autoridades investigadoras que existirán en algunas de las instancias del SNA, cuenten con investigadores especializados en lavado de dinero y sean capaces de identificar actos de enriquecimiento ilícito en el patrimonio de los funcionarios corruptos y sus redes. Este será uno más de los retos que enfrente el Sistema Nacional Anticorrupción.

Nota: Las opiniones vertidas en esta columna son exclusivamente a título personal y no representan puntos de vista de ninguna institución.

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