Todavía no hay protocolos de detención y sin parámetros claros de actuación, los elementos policíacos, son los que registran el mayor índice de quejas por violación de los derechos humanos, señaló el ombudsman J. Asunción Gutiérrez Padilla, al reconocer que los policías actúan bajo su criterio.

Ello motivó reciente reunión con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Cabildo capitalino, donde se abordó la problemática; los regidores tienen facultades para elaborar los protocolos o puede hacerlos la CEDH y ponerlos a su consideración, para que los elementos sepan cómo actuar.

Sobre la participación de esta dependencia en la Feria Nacional de San Marcos, virtud a que en esa temporada son constantes las detenciones, dijo que como en años anteriores, la Comisión estará presente y ofrecerá sus servicios a través de un módulo; además, se proporciona atención telefónica las 24 hora del día y ante alguna queja o eventualidad, hay visitadores que acuden a su atención.

Refirió que también han hablado con los jueces, ya que califican las multas en función del enojo con que llega el detenido, y no en razón de la falta cometida, lo cual es absurdo.

FEMINICIDIOS. Ayer, entrevistado en la Casa de la Cultura Jurídica, donde el psicólogo Aurelio Coronado Mares dictó una conferencia sobre el protocolo de investigación de feminicidio, Gutiérrez Padilla señaló que el feminicidio es un tema más jurisdiccional, que de derechos humanos, pero el acompañamiento de las familias de las víctimas, es fundamental.

Citó que se han recibidos dos quejas importantes sobre el particular, desafortunadamente con resultados letales: uno, el de Aurora Salas Mora y otro que volverá a revisarse, ahora por el Poder Judicial Federal. “En este segundo caso, contribuimos a que se agilizara la atención”.

En torno a la posibilidad de que un feminicidio sea considerado intencionalmente o por omisión, como suicidio, aceptó que estos casos pueden darse, pero el registro lo lleva la Fiscalía.

Este delito ya está tipificado en el Código Penal del estado, y se castiga con 40 a 60 años de cárcel.

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