Se debe crear una legislación única en materia de delitos y sus sanciones, aplicables en todo el país, y se debe acabar con una política criminal sin dirección que favorece por un lado, la impunidad de conductas, y por otro, al castigo injustificado del ser humano.

Hoy, en sesión del Congreso, el diputado Juan Guillermo Alaniz de León presentará iniciativa de reforma al Artículo 73 de la Carta Magna, para ese fin.

Expuso que el estado actual del problema se traduce en que los entes políticos producen normas incongruentes, con combinación de modelos criminológicos y de política criminal inadecuados, para dar la impresión de eficaz solución de la criminalidad, pero en ocasiones vulneran los derechos de las personas, generan impunidad y mal funcionamiento del sistema.

Refirió que hace falta unificación de criterios en lo que se refiere a elementos del delito, lo que provoca nula certeza jurídica a los involucrados, pues se mezclan causalismo, finalismo y funcionalismo; “se confunden elementos del delito y culpabilidad con cuerpo del delito y probable responsabilidad; y dependiendo del conocimiento y capacidad de la autoridad, será la resolución para el imputado, la víctima y la sociedad”.

Asimismo, dijo que se siguen imponiendo sanciones con base en la peligrosidad y características personales del imputado; “hay exagerada inflación delictiva, con la creación de tipos penales de peligro, no claros ni precisos, en los cuales no hay resultados de afectación, o los bienes jurídicos son amplios, nebulosos y vagos”.

Igualmente, se niegan beneficios de libertad preparatoria, preliberación, conmutación de penas de prisión, y libertades bajo caución, en delitos graves, y a delincuentes “peligrosos” y “reincidentes”; además, continúan las detenciones ilegales o arbitrarias, porque las personas son “sospechosas”.

Finalmente, dijo que se flexibiliza el procedimiento penal, por lo que se requieren menores elementos para iniciar un procedimiento y obtener una sentencia condenatoria. También se emplea la prisión preventiva en exceso; aumento de policías y el empleo de militares en tareas que no son de su competencia.