Salvador Rodríguez López

Por todos los medios posibles se ha pretendido erradicar el cobro de las cuotas escolares, inclusive con denuncias en contra de padres de familia y castigos a profesores que presuntamente participaron en el procedimiento, pero ninguna acción ha sido suficiente para lograr este objetivo.
Aún cuando desde 1917 el Artículo 3º Constitucional expresa claramente que toda educación que imparta el Estado es gratuita, cada año se lleva a cabo la recaudación en prácticamente todas las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, que antes y ahora se califica como “voluntaria”, pero que de voluntaria no tiene nada ya que los papás que se nieguen a cooperar saben que sus hijos podrían recibir desaires y ser marginados de diversas labores, por lo que prefieren entregar el dinero.
Para no dejar lugar a dudas que en el próximo ciclo escolar volverá a imponerse la cuota, la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF) pidió no entregar – por el momento – la cantidad requerida, sino hasta el mes de septiembre, luego de que se hayan renovado las mesas directivas de los planteles.
En la misma sintonía, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) “ha enterado a cada uno de los directores de las escuelas que este proceso no procede ahora, en estos meses, por lo que no pueden prestar sus instalaciones para que las mesas directivas 2017-2018 cobren ya las aportaciones voluntarias, lo cual está prohibido para evitar desvíos”, subrayó la AEPF.
La misma agrupación solicitó el apoyo social para que haga público las escuelas que pretendan adelantarse, denuncia que se canalizará a la Contraloría Interna del IEA, que será la que dicte las sanciones que correspondan.
Lo que sí quedó claro fue que la “cuota voluntaria” para el siguiente ciclo lectivo no podrá ser menor a la del año escolar anterior, “que por reglamento deberá quedar igual o un poco mayor”, sostiene la Asociación de Padres de Familia, lo que valida la obligación de entregar la cantidad pese a que ningún mandato estatal está por encima del constitucional.
Para el ciclo 2017-2018 que está a punto de terminar, el gobierno del estado entregó 50 millones de pesos en apoyo a la multimencionada cuota , con la consigna que se regresara a cada padre de familia 200 pesos, pero a la hora de la verdad no todos lo hicieron al argumentar que se necesitaba para mejoras de la escuela.
En el Congreso local se ha pretendido legislar para proscribir el cobro, a manera de reforzar el Artículo 3º, pero por diversas razones varias legislaturas no lo han hecho, aunque eso sí, en cuanto vuelve el tema a la escena pública de inmediato se escuchan voces de diputados y diputadas para condenar esa situación, que son simples lágrimas de cocodrilo que ni a sí mismos engañan.
Para no dejar lugar a dudas, el director general del IEA, Raúl Silva Perezchica, señaló que el Instituto está a favor de las aportaciones voluntarias a las mesas directivas de padres de familia, pero esto será “hasta la segunda semana de septiembre de 2018”, una vez que se tenga los nuevos directivos en estas colectividades. Por si no está claro, recordó que “nadie puede condicionar la inscripción o estancia por concepto de cuotas voluntarias” y quien “tenga la osadía de presionar podría ser destituido de su puesto”.
En resumen, la autoridad afirma que no es obligatoria la citada colecta, pero expresa su aprobación para que se haga siempre y cuando sea “voluntaria” y se aplique hasta septiembre, por consiguiente es una “cooperación a fuerza”, que mucha veces es igual o superior al pago de las placas del automóvil, con la salvedad de que éste pago se hace cada seis años o cuando el gobierno necesita recaudar más, en cambio el escolar es anual.

ENEMIGO EN CASA

Aunque de esa no se salvaban ni trayendo 10 escapularios encima, porque el maligno ya los tenía atrapados, en el Partido Revolucionario Institucional estatal hubo quien ayudó a que fuera más segura la caída, al suministrar información que permitiera darle “calambres” a quienes competían por una diputación local.
Lo anterior se puso de manifiesto el domingo pasado en las redes sociales, al mostrarse imágenes de la fallida detención de un candidato por parte de cuatro agentes policíacos, que vieron frustrado el operativo cuando la gente lo impidió, ya que en ningún momento mostraban una orden de aprehensión y tampoco explicaban qué delito se le imputaba.
Varios testigos corroboraron lo sucedido, al comentar que todos los asistentes eran representantes del partido ante las casillas y fueron citados en la Liga de Comunidades Agrarias (LCA) para la entrega del apoyo económico acordado para sus alimentos, puesto que iban a estar todo el día en el lugar asignado.
El encargado de la entrega fue el mismo candidato a la diputación, que previamente acudió por el dinero a las oficinas del Comité Estatal, sin embargo al momento de descender del vehículo en que se trasladó a la LCA se inmediato fue rodeado por quienes dijeron ser policías federales y luego de preguntarle su nombre quisieron llevárselo, lo que desató un forcejeo con los militantes que finalmente impidieron que realizaran la captura.
Más tarde, el directamente involucrado acudió a la policía ministerial y a las oficinas de la PGR para solicitar información sobre si había alguna denuncia o una orden de encarcelamiento en su contra y la respuesta en ambos casos fue negativa.
Por lo anterior se intuyó que algún personaje que tiene acceso directo a información en el CDE del Revolucionario Institucional fue quien dio el “pitazo”, porque no podía ser casual que los agentes lo estuvieran esperando y supieran que llevaba el recurso económico, destinado a lo mismo que hacen los demás partidos, que es darles a sus representantes de casilla para los alimentos, lo que denota que hubo – y hay – personas encubiertas que vigilan desde adentro los movimientos que tienen lugar.
La derrota que sufrieron los priistas el domingo pasado es inobjetable, al haber sido la decisión soberana de los ciudadanos, pero si a ello se le agrega una dosis de perversidad difícilmente podían aspirar a algo distinto, porque toda esa trama se dio cuando arrancaba la votación.
Por lo ocurrido, el CDE necesita hacer una investigación a fondo para ubicar a quien o quienes filtran información, teniéndose como referencia lo vivido en el edificio de la Liga de Comunidades Agrarias, al ser la única forma de evitar que continúen enquistados los delatores, que inclusive pueden estar dentro de la nómina.

CON EL MISMO RASERO

Al grito de “agarren al ladrón” para que la turba fuera tras él, el denunciante pasaba como un ciudadano ejemplar al demostrar que era un celoso guardián de los bienes y derechos de la sociedad, sin embargo tanto él como muchos otros de su estirpe llevaban una doble vida, porque de lo mismo que acusaban eran parte, sólo que sabían manipular la opinión pública para salir incólumes. Al amparo y protección del poder gubernamental hicieron fortuna que les permitió convertirse en prohombres y hasta censores de sus antiguos cómplices. Pues todo eso se acaba, luego que los diputados de la Comisión de los Servidores Públicos del Congreso del Estado aprobaron reformas a la Constitución local, a la Ley de Responsabilidades Administrativas y al Código Penal del Estado, que entre otras cuestiones establece castigos ejemplares a particulares y servidores públicos que metan mano al erario, sea directa o indirectamente, sanciones que pueden llegar a diez años de inhabilitación a los empleados y dejar fuera de toda licitación a quienes no lo son, e inclusive llevar a la cárcel a unos y otros, con lo que termina una añeja tradición que a los de cuello blanco no se les podía tocar. Como señala la Real Academia Española (RAE), al definir el significado de la palabra rasero: “con rigurosa igualdad, sin la menor diferencia”.