Un total de 19 mil 247 delitos se perpetraron en Aguascalientes durante el primer semestre de este año; la cifra es mayor en 4 mil 828 ilícitos, respecto del mismo periodo del año pasado, cuando el acumulado hasta junio se ubicó en 14 mil 419 hechos delictivos.

De ello da cuenta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), a través del reporte de “Incidencia Delictiva del Fuero Común”, cuyas cifras actualizadas al 30 de junio y publicadas la víspera, muestran para Aguascalientes un primer semestre más violento en 2018 que en 2017.

En el delito de robo a casa-habitación, el comparativo arroja que mientras en el periodo enero-junio de 2017 hubo 1,439 asaltos, este año en el mismo lapso ya suman 1,661 los domicilios robados, es decir 222 más.

La cifra de robo de vehículos creció de 1,649 en 2017, a 1,763 este año; la de asaltos a transeúntes en vía pública se elevó de 722 casos el año pasado a 1,257 en 2018; mientras que el número de negocios saqueados en el lapso referido pasó de 839 a 1,243.

En cuanto a lesiones dolosas, el SESNSP reporta para el primer semestre de 2017 un acumulado de 1,438 casos y para 2018 la suma de 2 mil 044.

El robo de motocicletas también se incrementó para los periodos en comparación, al pasar de 339 a 398; en tanto que el de autopartes creció de 758 a 875.

Respecto del delito de robo de ganado, el número de casos para dicho periodo pasó de 89 a 147; además, las extorsiones reportadas fueron 44 en 2017 y este año ya van 70, mientras que el relativo al delito de narcomenudeo creció de 352 a 657.

El reporte de “Incidencia Delictiva del Fuero Común” para Aguascalientes hasta el pasado mes de junio arroja también que la cifra de casos de aborto registró 2 hechos para el primer semestre de 2017 y 4 para el año en curso.

Asimismo, destaca que, en materia de secuestros, la entidad redujo su incidencia para el periodo en comento al pasar de 6 casos en 2017 a 2 en este año.

Finalmente, el reporte del SESNSP puntualiza que la incidencia delictiva señalada se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación, reportadas por las procuradurías generales de justicia y fiscalías generales de las 32 entidades federativas, que son las responsables de la veracidad y actualización de los datos.

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