La planeación urbana deberá homologarse a nivel federal, estatal y municipal. Del mismo modo, las autoridades del ramo deben coordinarse para garantizar un crecimiento ordenado y tienen que alinearse en el mismo sentido, por lo que ya no podrán manejarse a su arbitrio.
La iniciativa para expedir un nuevo Código Urbano, que se encuentra bajo el análisis de los diputados, contempla eliminar de esta normatividad todo lo referente al transporte público, abocándose a lo referente al desarrollo urbano, resolviendo y previniendo asentamientos humanos irregulares.
En él se establece también el derecho de accesibilidad universal a la ciudad, que obliga a las autoridades a planear una ciudad accesible en beneficio de todos sus habitantes, a través de la adecuada aplicación de los diversos instrumentos regulatorios.
El Código tiene como objeto fijar normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general, para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente.
Se señalan los criterios para promover la coordinación y congruencia en los tres órdenes de Gobierno para la planeación, crecimiento, mejoramiento, consolidación y conservación de los asentamientos humanos y centros de población; hay mayores restricciones en uso de suelo.
Todos los planes y programas estatales y municipales se apegarán a los instrumentos nacionales que determinen el rumbo urbanístico a seguir en el territorio; un solo rumbo urbanístico, con una visión a largo plazo.
Cualquier acción urbanística aprobada fuera de los distintos usos de suelo y limitaciones que establecen los programas será nula, ya que la misma iniciativa señala que las disposiciones que mandata son de orden público y de interés social.
Se prevén especificaciones para garantizar en favor del estado o municipios, donaciones y cesiones de las vías públicas locales, equipamientos y espacios públicos para el desarrollo y funcionamiento de los centros de población, así como asegurar la prestación de los servicios públicos.