David Reynoso Rivera Río

Nos encontramos en un contexto bajo el cual los políticos y especialmente los legisladores, tienen la falsa creencia que propicia al mismo tiempo la “diarrea” legislativa y se intuye que promulgando una ley, se solucionan los problemas. Como abogado, definitivamente reconozco la importancia de las diversas leyes; sin embargo, considero que la creación de leyes no logra consolidar la solución, sino únicamente debe de ser el punto de partida para lograr la solución. Lo anterior ya que la implementación de una legislación se debe acompañar de una correcta presupuestación, así como de una adecuada planeación e implantación de políticas públicas para lograr su objetivo.

En varias ocasiones hemos sido testigos de normas que establecen ciertos plazos y requisitos que se incumplen, tal es el caso de la reciente incorporación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje al Poder Judicial, en el que la Legislatura del H. Congreso de la Unión que concluyó sus funciones hace un par de meses fue omisa en expedir la legislación secundaria que por mandato constitucional debió emitir. Por ello, cuando una ley desde su creación carece de una adecuada planeación a futuro, hace más grave el problema que intenta resolver.

Me permito traer a colación lo anterior, ya que recientemente el equipo de transición del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que se implementará una Ley de Amnistía con la intención de terminar con la violencia generalizada en el país. Personalmente tuve la oportunidad de ser alumno de la Dra. Loretta Ortiz, quien es una de las integrantes del proyecto y reconozco su gran capacidad jurídica, así como su enorme sentido de responsabilidad humana.

Según han mencionado, se pretende que la Ley de Amnistía no aplique para individuos que hayan cometido delitos violentos, pero sí a menores de edad cooptados por el crimen organizado y a campesinos obligados a producir drogas bajo intimidación y/o violencia. Le encuentro sentido a la aludida ley siempre y cuando no se aplique a extorsionadores, secuestradores o tratantes de personas, entre muchos otros sujetos que cometen fechorías.

Por otra parte, otros expertos del gabinete de transición han mencionado la posible aplicación de una Justicia Transicional; sin embargo, los encargados de manejar los proyectos aún no han explicado a profundidad los alcances que tendría la aplicación de dicho mecanismo de impartición de justicia. En la teoría y según la doctrina, la Justicia Transicional se aplica en contextos en los que, en el marco de una guerra o de una dictadura, se cometieron violaciones sistemáticas y masivas a los derechos humanos, por lo que se busca sancionar a los responsables; sin embargo, personalmente no conceptualizo que nuestro país se haya situado en condiciones de guerra o bajo figuras dictatoriales en los últimos años, por lo que estos mecanismos podrían prestarse a un uso perverso sobre revanchismos políticos.

Habrá que dar puntual seguimiento a estos dos fascinantes temas que prometen poner a la vanguardia la legislación en nuestro país; pero que, al mismo tiempo, si no se realiza una correcta implementación y valoración, pueden acabar siendo una de las tantas leyes que se han creado sin lograr verdaderamente solucionar un problema.

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