Dueñas de estancias infantiles presentan un amparo colectivo ante la Justicia Federal, por el cual piden que no se les recorte el presupuesto asignado y que quede cuando menos igual que el año pasado. Afirman que el nulo recurso ha provocado ya el cierre de cinco establecimientos en Aguascalientes y otras más están al borde del colapso.
Un grupo de 30 representantes de diversas estancias infantiles de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes, acudieron la mañana de este viernes a las instalaciones del Poder Judicial Federal acompañados de José Luis Pro del Partido Movimiento Ciudadano, para presentar un amparo que contiene 150 firmas, mediante el cual buscan reclamar a 33 autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo para que no les rebajen el presupuesto, aludiendo al interés superior de la niñez.
Al respecto, Brenda López Rodríguez comentó que el año pasado el presupuesto asignado a nivel nacional fue de más de 4 mil millones de pesos y en 2019 se rebajó a más de 2 mil millones, es decir, hubo una reducción del 52%. Asimismo, señaló que éste es apenas el inicio, toda vez que están por venir más amparos. “El senador Samuel García de Nuevo León está encabezando los amparos colectivos en todo el país y vamos a proceder legalmente. Agradecemos el apoyo del Senado, pero no es suficiente, la ayuda que se requiere de emergencia es la del Estado porque son cadenas económicas que ya se están perdiendo”.
Afirmó que en Aguascalientes hay 203 estancias infantiles que dependen de la Secretaría de Bienestar, las cuales atienden a 6 mil 300 niños y en la actualidad operan sin ninguna aportación gubernamental desde enero pasado, lo que ha provocado ya el cierre de cinco de ellas, se les han ido la mitad de los niños y han tenido que recortar al 50% su plantilla docente. “Están por cerrar otras estancias ya. Estamos enfermas y van cinco compañeras que mueren a nivel nacional. Aquí en Aguascalientes las dueñas están al borde del colapso, a una de ellas ya le dio hasta un preinfarto. Estamos viviendo una incertidumbre, a pesar de que tenemos derechos adquiridos de 12 años de trabajo”.
Por lo anterior, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador analizar la situación y se dijeron dispuestas a revisiones y auditorías. “Estamos dando la cara porque no somos corruptas ni ladronas, que le busquen. No estamos en contra de la limpia y del combate a la corrupción, sino de la forma en cómo están haciendo las cosas”