Abuso y violencia contra los menores están incrementando y tienen que ver con la vida cotidiana de las familias en Aguascalientes, por lo que es ahí donde hay que poner freno, comentó el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega.
Indicó que la serie de eventos desafortunados que últimamente han involucrado a menores de edad, incluso de manera fatal como el asesinato de una niña de cuatro años a manos de su padre, obligan a reforzar acciones institucionales para la protección de los menores.
“Sin embargo, es al seno de las familias donde el cuidado y la protección tienen que asegurarse, pues es donde están surgiendo abandono, maltrato, abuso, violencia e incluso la muerte en su contra”, agregó.
En conferencia de prensa, recordó que como institución procuradora de justicia ante delitos cometidos, su función en esta cadena es hacer ver a la red de instancias públicas de carácter social que se enfocan a la asistencia de las familias y los menores, que esta situación se está agudizando.
A partir de ello, se tendrán que reforzar programas o generar más acciones que puedan ser de tipo preventivo para evitar este tipo de situaciones, donde los obligados a proteger y proveer a los menores, no lo están haciendo.
En ese contexto, Figueroa Ortega dio a conocer que tras la audiencia inicial del padre homicida de la menor de cuatro años, en el municipio de Jesús María, se le vinculó a proceso penal con prisión preventiva oficiosa por el delito de feminicidio con tres calificativos.
De tal manera que se estima una pena de más de cincuenta años por el delito, si bien puede incluso aumentar dado que no está descartado que se les puedan hacer cargos por venta de narcóticos y violencia contra su pareja, quien aún no está deslindada de responsabilidad, por omisión, ya que la pequeña presentó huellas de maltrato de hace varios meses.
El fiscal general del Estado reiteró la preocupación social que genera el daño a los menores, más aún cuando se está propinando dentro de las propias familias, derivado por conflictos de pareja o sospechas infundadas que no pueden resolverse en civilidad y en el marco de la ley.

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